El Ente de Infraestructura Comunitaria (EIC), una repartición que funcionó como “caballito de batalla” durante el alperovichismo a la hora de afrontar obras públicas barriales, recibió un espaldarazo político y financiero del gobernador, Juan Manzur.

A través de un proyecto de ley, el jefe del Poder Ejecutivo (PE) solicitó a la Legislatura que se triplique el margen máximo para las compras y contratos directos que realiza el Ente de Infraestructura. De ser aprobado el pedido de Manzur, la repartición a cargo de Jorge Alurralde pasará de un tope de $150.000 para obras sin licitación, a $450.000.

“La medida que se propicia tiene fundamentos en que los costos de los materiales de construcción y de los servicios e insumos han experimentado un incremento significativo desde (la última vez que fueron actualizados)”, argumentó el mandatario en la iniciativa, que fue recibida el miércoles pasado por Mesa de Entradas de la Legislatura. Agregó que esas circunstancias tornan “imprescindible” el establecimiento de los nuevos valores. “(Esos montos permitirán) adecuar una de las herramientas que dispone el Ente para brindar soluciones a diversas carencias en materia de infraestructura y servicios comunitarios, (las cuales) demandan ejecutar obras con la máxima celeridad posible”, expresó Manzur en el proyecto de ley, que lleva también la firma de su ministro de Economía, Eduardo Garvich.

Alurralde le explicó a LA GACETA que la oficina a su cargo viene realizando tareas en los vecindarios de la capital. “En este momento, por pedido del gobernador, estamos terminando con unas obras de erradicación de letrinas de ‘El Sifón’. Nos quedan unos cinco baños por hacer”, destacó el titular del EIC.

Advirtió que, de establecerse los nuevos valores para contratos directos, la repartición podrá ejecutar más proyectos en los barrios, como ampliaciones de cordón cuneta y cloaca. “Tenemos pedidos de los vecinos, ya estamos haciendo las cotizaciones”, señaló Alurralde.

Explicó que los procedimientos licitatorios, desde el llamado a oferentes hasta la adjudicación, insume bastante más tiempo que la contratación por vía directa. Aclaró que para hacer estas operaciones, la ley exige al Ente de Infraestructura la celebración de un cotejo de precios con tres empresas del rubro requerido, y de allí se escoge la propuesta más conveniente para el Estado. “La compra directa reduce considerablemente los plazos”, añadió.

El Ente de Infraestructura fue creado por decreto de necesidad y urgencia, en 2007, por el entonces gobernador José Alperovich. El objetivo del ahora senador nacional era fortalecer la presencia territorial de la Casa de Gobierno en la Capital.

En los últimos años, el EIC había perdido peso operativo, dado que contaba con poco margen para la ejecución de obras barriales, en comparación con otras reparticiones. Si la Legislatura otorga el nuevo tope solicitado por Manzur, el Poder Ejecutivo recuperará una herramienta estratégica para “mostrar” gestión en los barrios.

El gobernador, en este caso, escogió la vía constitucional del proyecto de ley. El 26 de marzo, al establecer un nuevo tope para la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Manzur se había inclinado por otra alternativa legal: un decreto de necesidad y urgencia. En este caso, el mandatario fijó una suba de $ 300.000 a $ 850.000 para las compras directas de la DAU. La Carta Magna indica que si la Legislatura no trata un decreto de necesidad y urgencia dentro de los 20 días hábiles de su recepción, el texto toma fuerza de ley de manera automática. Con respecto al nuevo pedido para el Ente de Infraestructura, los legisladores no tienen plazos para debatirlo.