Miguel Ángel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) durante el alperovichismo, comenzó a declarar ante la Sala VI de la Cámara Penal por imputaciones sobre presuntos hechos de corrupción.

El debate oral y público arrancó pasadas las 8, en la sede de los tribunales penales de avenida Sarmiento al 400. Allí, ante las juezas Stella Maris Arce, Alicia Freidenberg y María Elsa Molina, Brito dijo "tener la conciencia tranquila".

"Mi conciencia está tranquila; al Estado yo le he cuidado. He sido generoso con mi entrega y he llevado beneficios a la gente", relató el ingeniero.



Luego, añadió: "bajo mi conducción hicimos 562 obras por administración por esta Ley que ahora se cuestiona. Quiero saber si hubo alguien que haya hecho esta cantidad de obras con esta vocación de servicio por la comunidad".

En su declaración de más de una hora, el ex titular de la DAU también se refirió a la senadora Silvia Elías de Pérez. "Todo lo que hizo fue una campaña de desprestigio".

Según el requerimiento de elevación a juicio formulado en mayo de 2014 por el fiscal de Instrucción, Arnaldo Suasnábar, y ratificado por la entonces jueza de Instrucción Mirta Lenis de Vera, Brito cometió el supuesto delito de fraude a la Administración Pública, en concurso ideal con negociaciones incompatibles con su cargo.

"El Estado le paga un sueldo al fiscal Suasnábar para que me investigue, pero en este caso no lo hizo. Envió una elevación a juicio apresurada", declaró.

Por último, dijo: "Manzur aumentó a $ 850.000 el tope de la Ley 7960. El estado sigue funcionando, y la DAU también. Hicieron creer que Brito era la DAU solo era el director. Aunque parezca obvio me costó hacerle entender al Tribunal de Cuenta. Según el fiscal yo hacía los proyectos de obras, invitaba provedores, hacia adjudicaciones y después era tesorero que entregaba el cheque. O Susanábar no sabe de nada de la administración pública o no tenía ganas de trabajar"

Según la investigación penal, el ex director de la DAU cometió presuntas irregularidades en la contratación de empresas y en la ejecución de obras públicas durante su gestión, entre 2008 y 2012.

El ingeniero es el primer funcionario de la administración alperovichista en ser sometido a juicio por supuestas anomalías en el cargo.

Esta causa genera expectativas en el ambiente político ya que las obras ejecutadas por la DAU, de impacto territorial, solían ser requeridas por dirigentes del oficialismo de la gestión anterior.