Los nombres de referentes del oficialismo tucumano comenzaron a resonar en el juicio oral contra Miguel Ángel Brito, el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) acusado por presuntos hechos de corrupción.

El ingeniero empezó a prestar declaración ayer ante el tribunal, y además de disparar en contra de sus ex jefes de la Casa de Gobierno, mencionó a legisladores, concejales y funcionarios peronistas que tramitaron la ejecución de obras públicas durante su gestión en la DAU, entre 2007 y 2012.

“No tengo dudas de que el (ex) gobernador (José) Alperovich pudo haber tenido un plano de complicidad con este tema. Con el tiempo uno ve las cosas, y creo que él sí tuvo en cuenta este tema, y tuvo una complicidad con la senadora (radical Silvia Elías de Pérez) para defenestrarme”, aseguró Brito, que está imputado de los presuntos delitos de fraude a la Administración Pública y de negocios incompatibles con el cargo que ocupaba.

Luego, explicó en qué consistía el supuesto pacto político que ventiló desde el banquillo. “Por un lado, ella hacía su carrera política denunciando falsedades, y el (ex) gobernador se permitía poner otra gente de su confianza en la DAU, además de evitar que yo llegue a asumir en la Legislatura. A mí me había elegido el pueblo, pero (Alperovich) no me permitió asumir (en 2012) por las cuestiones que venía denunciando (Elías de) Pérez”, expresó Brito. Y luego agregó: “fui ‘entregado’ para que la oposición haga política conmigo”.

“Espero hace seis años...”

Ayer fue la segunda audiencia de debate de la causa “DAU”. Según la investigación penal, abierta tras la denuncia de los radicales Elías de Pérez y Ariel García (legislador), el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo hizo un uso “abusivo” de la ley 7.960, que lo habilitaba a efectuar contrataciones y compras sin licitación por hasta $150.000 para realizar obras públicas consideradas “urgentes” y “prioritarias”. Gracias a este sistema, Brito habría beneficiado a empresas “fantasma” y a constructoras de personas de su entorno, según el requerimiento de elevación a juicio impulsado en 2014 por el fiscal de Instrucción Arnoldo Suasnábar y confirmado por la ex jueza de Instrucción, Mirta Lenis de Vera.

El abogado de la defensa, Arnaldo Ahumada, cuestionó ese instrumento porque, a su criterio, no describe una imputación concreta. La sumatoria de las obras objetadas arroja unos $6 millones (US$ 1,2 millón al cambio de 2012).

“Hace seis años que estoy esperando esta oportunidad”, declaró Brito ante las vocales de la Sala VI de la Cámara Penal, Alicia Freidenberg, Stella Maris Arce y María Elsa Molina. Al responder las preguntas identificatorias de rigor, detalló que tiene 60 años; que es ingeniero en construcción, recibido de la UTN; que reside con su familia en Yerba Buena; y que se desempeña en la planta permanente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán -hoy con categoría 24, la más alta- desde 1983.

“A mí se me ha negado el debido proceso. El fiscal Suasnábar agarró el Código Penal y me lo tiró por la cabeza. Pero tengo la conciencia tranquila. Yo sí he cuidado del Estado, he sido generoso en mi entrega y he llevado muchos beneficios a la gente”, aseveró. Y mencionó que durante su gestión llevó a cabo más de 500 obras “por administración” (es decir, con el personal de la DAU), además de decenas de obras “por contrato” -o sea, con empresas- por más de $300 millones; entre ellas, el Hospital del Este. “Todo lo que hice fue aprobado por el Tribunal de Cuentas”, destacó Brito.

Renuncia y escándalo

Brito recordó los orígenes del escándalo en la DAU. “Esto se inicia con la renuncia a mi cargo de director, el 2 de agosto de 2012, a raíz de una acordada del Tribunal de Cuentas en la que se decía que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo iba a comprar reflectores para la fachada de la Casa de Gobierno con sobreprecios. Entonces, el (ex) gobernador Alperovich me pidió la renuncia”, relató el acusado. Agregó que entregó su dimisión “gustoso”. “Yo sabía que era todo una falacia, una mentira grande. No sé quiénes habrán sido los autores de este ataque, pero sin dudas tenían un gran peso. El trámite para la compra de esos reflectores no tuvo ninguna intervención de mi parte”, sostuvo.

Señaló después que “quizás” se equivocó al haber dimitido. “Di pie para que una legisladora que estaba de campaña para cualquier cargo que se le ofreciera, intendenta, concejal o senadora, iniciara una campaña de desprestigio, en compañía de los medios”, expresó, en alusión a Elías de Pérez.

Al momento del interrogatorio, el fiscal de Cámara, Carlos Saltor, hizo énfasis en el sistema de excepción que habilitaba a la DAU a tramitar obras sin licitación.

Brito dio sus argumentos técnicos (ver nota aparte), y afirmó que en muchas ocasiones los expedientes tenían inicio a partir de los pedidos de referentes oficialistas. “El ingeniero (Alfredo) Quinteros hizo política en el barrio (en 2011), lo han votado (para legislador) y ha ganado; Alperovich también hizo campaña y ha ganado. El único que ha perdido soy yo”, renegó.

En su declaración, Brito recordó que se desempeñó en cargos públicos -concejal, legislador y funcionario- durante la gobernación del fallecido represor Antonio Domingo Bussi (1995-1999) y del actual senador Alperovich (2003-2015). En ese sentido, afirmó que si le “tocara” ser director de la DAU otra vez, “no volvería a ser igual”. “Primero y principal, no trabajaría otra vez con Alperovich. Pero además me cuidaría más en otros aspectos; si fuera necesario, me metería en la vida íntima de los proveedores”, ironizó.

Tras seis horas de audiencia, el tribunal resolvió que Brito siga dando su versión hoy, a partir de las 8. Si bien el próximo tramo de su declaración referiría sobre todo a cuestiones técnicas, sólo el acusado sabe si de su boca surgirán nuevos nombres de dirigentes oficialistas.

“La perito contable no era idónea para la función que le habían encargado”

El ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Miguel Brito, aseveró que la perito contable interviniente en la causa penal “DAU”, María Elena Lampa, “no era idónea para la función que le habían encargado”. “Ella cuestionó proyectos de obra siendo que es contadora. No tiene ninguna incumbencia su profesión con la auditoría de obras públicas”, dijo el ingeniero. Y agregó: “la contadora Lampa gravó mi situación con su falta de trabajo y de dedicación”. Remarcó que en la instancia administrativa, donde está imputado en un juicio de responsabilidad que tramita el Tribunal de Cuentas, logró reducir la cantidad de obras observadas. En principio, eran 86 sobre unos 500 proyectos, y la acusación es por unas 35 obras objetadas, dijo.

“El Estado le paga un sueldo al fiscal para investigue, pero no lo hizo”

El acusado también cargó contra el fiscal de Instrucción de la causa, Arnoldo Suasnábar. “Si el Estado le paga un sueldo para que investigue, no lo hizo. Apresurado, envió la elevación a juicio sin dar lugar a nuestros planteos y presentaciones”, objetó Miguel Ángel Brito. Señaló que la imputación por favorecer a empresas constructoras “fantasma” es “totalmente falsa y arbitraria”. “Eso hay que desmitificarlo. Esas empresas estaban inscriptas (ante organismos públicos), ¿dónde se vio que (una firma ‘fantasma’ esté inscripta?”, planteó el imputado. Además, acusó al magistrado de haber “transcripto” la denuncia de Elías de Pérez para imputarlo. “Parecía que estaba trabajando políticamente para ella”, afirmó el imputado.

“Como dice el dicho: ‘miente, miente, que algo queda’”

“La denunciadora (Silvia Elías de) Pérez ha ocasionado esto; ha generado una bola gigante, y como dice el dicho: ‘miente, miente, que algo queda’”, aseveró Miguel Ángel Brito durante su declaración. La senadora nacional está citada como testigo en la causa, al igual que el legislador Ariel García, también de la UCR. Ambos firmaron la denuncia que originó la investigación penal en contra del ex titular de la DAU.