Mientras el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se trazan las condiciones para el préstamo, el organismo había presentado un informe en diciembre de 2017 con sugerencias para que el país pueda reducir los costos. La propuesta, de 83 páginas, sirve como hoja de ruta de lo que podría suceder en el ámbito laboral.
En la iniciativa, el organismo encabezado por Christine Lagarde consideró necesario que la gestión de Mauricio Macri avance en cambios en lo relativo a las indemnizaciones ("son elevadas", argumentó) y que limite la extensión de cobertura de los convenios colectivos ("son un problema") únicamente para el personal sindicalizado. También insistió en disminuir las contribuciones patronales, reprodujo el diario "La Nación".
El FMI también puntualizó la necesidad de simplificar los procedimientos de los despidos colectivos y disminuir el nivel de las indemnizaciones. Consideró oportuno reducir el empleo público para bajar el déficit fiscal y hasta sugirió ampliar la cobertura del Impuesto a las Ganancias.
En aquel momento, cuando el dólar rondaba los $ 18,50, el FMI juzgaba que la moneda argentina estaba sobrevaluada entre un 10 y un 25 por ciento.
El Gobierno, en su proyecto de reforma laboral que envió al Congreso el 27 de abril pasado, incluyó dos puntos que irían en línea con las sugerencias del Fondo: disminuir el costo de las indemnizaciones y fomentar las pasantías como otra opción de mano de obra.
Propuso excluir del cálculo indemnizatorio "el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador". En cuanto al sistema de prácticas formativas, que suplantaría a las pasantías, la iniciativa oficial impulsa una "asignación estímulo no remunerativa en lugar del salario, aunque establece que todos los beneficiarios estén bajo convenio colectivo.
Respecto al salario mínimo, al que identificó como una referencia para el sector informal, el Fondo indicó que sería conveniente indexarlo a la inflación para fomentar el ingreso al trabajo formal. De prosperar esta medida, desaparecería el Consejo del Salario, que fija el aumento anual del sueldo básico y en el que participan el Estado, los gremios y los empresarios.
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