Llegás a tu casa de noche después de haber pasado el día trabajando y te acostás, mientras tu familia toma mate en otra sala. Minutos después llega la Policía. Sin explicar por qué, entran golpeando a tu esposa, a tus hijos, a tu cuñado. De pronto estás en el piso con la rodilla de un policía arriba tuyo. A tu hijo de seis años lo sacan de abajo de la cama y le dicen que mantenga las manos en alto mientras le apuntan con una itaca, una escopeta que dispara balas de goma.

Esto fue lo que le pasó hace poco más de un mes a Miguel, en Los Vázquez (zona del Mercofrut), según su propio testimonio y el de otros de los presentes. Luego estuvo más de 24 horas detenido junto con sus cuñados. El abogado Carlos Garmendia explica que la Policía justificó ese accionar escribiendo en un acta que los tres habían proferido gritos alterando la tranquilidad en la vía pública, violando la Ley de Contravenciones de Tucumán.

“La Policía miente: falsifica situaciones. Y eso es lo que ha pasado aquí”, sostiene Garmendia. Miguel, quien prefirió no revelar más detalles para proteger su identidad, contó que nunca le explicaron por qué fueron a su casa. “No podías preguntarles nada porque te pegaban, te agarraban con ese palo. Te duele que te peguen en las costillas. Yo quería preguntarles por qué ellos entran a mi casa así”, relata entre la impotencia y la resignación.

La Ley de Contravenciones de Tucumán se implementó en 1980, durante la dictadura militar. Tuvo algunas modificaciones, pero lo esencial se mantiene y se sigue aplicando pese a que la Corte Suprema de la Nación -y la de la Provincia- declararon que es inconstitucional.

El caso en el que el Tribunal nacional declaró la inconstitucionalidad de la norma se conoce como “Núñez”. En la sentencia, de 2010, se sostuvo que se violan las garantías judiciales de los acusados, ya que no se requiere que tengan un abogado defensor.

Además, es el propio jefe de Policía el que puede dictar la sentencia sin ningún tipo de control judicial. Hasta tanto la resolución sea dictada no puede apelarse ante un juez. La Corte local adhirió al contenido del fallo nacional y señaló que se violan los derechos del acusado cuando se lo mantiene incomunicado durante 48 horas (lapso en el que el jefe de la Policía debe dictar una resolución).

Cómo se aplica esta ley

Actualmente hay diversos proyectos para modificar la Ley de Contravenciones. El propio presidente de la Corte tucumana, Daniel Posse, le contó a LA GACETA que el Poder Judicial analiza implementar una Secretaría de Contravenciones que asista a los juzgados en el control de las actuaciones policiales (se informa por aparte). Pero no sólo afecta el derecho al debido proceso de quienes cometieron faltas menores. Según abogados y organizaciones de derechos humanos, la forma en que se la aplica sería lo más grave.

“Lo que hoy permite la ley es un uso totalmente discrecional y arbitrario por parte del agente policial para detener a cualquier persona”, explica Matías Lorenzo Pisarello, coordinador de Seguridad de Andhes, una organización de derechos humanos. Explicó que, de las faltas leves que sanciona la norma, la Policía suele utilizar una figura concreta contemplada en el inciso cuatro del artículo 19 de la ley de Contravenciones N° 5.140: proferir gritos que alteren el orden.

“Un informe que nosotros tenemos elaborado sobre la base de información brindada por la Corte Suprema de la provincia indica que de 1.632 personas detenidas por contravenciones en el primer semestre del año 2017, 1.628 (el 99,8%) han sido detenidas por un solo artículo”, explicó.

Otro relevamiento de datos que realizó Andhes en la primera mitad de 2012 arrojó resultados similares. En ese caso, de 2.400 contravenciones sancionadas, el 90,5% fue realizada invocando ese inciso.

Lorenzo Pisarello asegura que, con frecuencia, los policías usan la ley de contravenciones para detener a jóvenes vulnerables a los que les cobran dinero por liberarlos. “(Hay) personas que son detenidas en el marco de una Ley de Contravenciones, por una conducta que en realidad no han cometido, y que terminan siempre con hechos de violencia y de tortura”, agrega.

En el caso de Miguel, Garmendia presentó un hábeas corpus en favor de los tres detenidos. Eso contribuyó a que fueran liberados en la Unidad Regional Este en Lastenia, poco más de 24 horas después de haber sido detenidos y tras haber sido llevados a diversos establecimientos, según el letrado.

Además, Garmendia contó que lleva adelante una denuncia contra los policías que intervinieron en el operativo, que serían de la comisaría de San Andrés. La acusación es por la presunta comisión de diversos delitos tales como privación ilegítima de la libertad y falsificación de instrumento público. El letrado informó que su presentación recayó en la Fiscalía de Instrucción II, a cargo de Claudio Bonari.

Detenido y sin trabajo

“Yo he sentido impotencia porque ellos tenían que respetar mi casa. Sea lo que sea, pobre… Me lo tenían que respetar ellos… Ellos se aprovechan porque uno es pobre”, dice Miguel con la voz entrecortada. El hombre contó que en la comisaría le pegaban mientras le decían “gato, no vas a robar más”. Pero insiste en que no hizo nada.

Es más, se recuperó de su adicción y lleva años sin consumir, como lo confirmaron psicólogos sociales que trabajan en la zona. Y ahora quedó sin trabajo por no presentarse el día que estuvo detenido.

“Él (el hombre que lo contrataba para cargar escombros) me ha dado una mano muy grande, pero tiene razón. Él necesitaba que vayan a trabajarle entonces ha buscado otro muchacho que es de acá del barrio también y que está en la misma”, cuenta justificando a quienes tienen dificultades similares a las suyas. Ahora se dedica a recolectar latas y otros materiales para venderlos. “Tengo que sobrevivir. Si no… ¿qué va a hacer? Se van a morir de hambre los chicos”, cuenta.