Si antes usábamos el ómnibus para desplazarnos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ese uso hoy ha cambiado, porque nuestras rutinas se han diversificado. Y si hurgamos un poco más, veremos, por ejemplo, que el uso que le dan las mujeres al servicio de colectivo no es el mismo que el que le da el varón: ellas concretan tramos más diversificados, a tono con sus demandas diarias, que tienen más vericuetos. Con un agregado: si el riesgo de hurto en el viaje en colectivo es unisex, las mujeres suman un plus, el de esquivar el acoso potencial por parte de un tercero. Parte de ese cuadro es lo que reflejó el seminario “Movilidad, desafíos para la equidad”, que sesionó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, y que fue un inusual punto de encuentro entre aquellos actores para quienes el transporte es un recurso económico (empresarios de Aetat) y aquellos que lo asumen, o deberían hacerlo (académicos, funcionarios municipales, políticos) como un servicio público. Y hay quienes redoblan la apuesta, e invitan a pensar la movilidad, la posibilidad de desplazarse, como un derecho humano, y desde una perspectiva de género. Eso es, por ejemplo, lo que sostienen los integrantes del equipo de voluntariado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que encuestaron a mujeres que viajan en ómnibus y/o taxi en San Miguel de Tucumán para indagar si sufrieron algún tipo de acoso, y cómo reaccionaron ante la agresión.

“Una particularidad es que la necesidad de trasladarse de las mujeres se caracteriza por recorridos cortos y diversos, a diferencia de que la movilidad de los varones es, por lo general, lineal. En muchos de esos trayectos, a diario, las mujeres, niñas y adolescentes se enfrentan a violencia de género en los medios de transporte público y en los espacios públicos relacionados con el sistema de transporte”, afirma la doctora Larisa Moris, profesora de Sociología Jurídica, docente de la cátedra libre de Género y Diversidad de la Facultad de Derecho y coordinadora del equipo en el que participan docentes, aspirantes a la docencia e investigación científica y 23 estudiantes de abogacía. Explica Laris, a propósito de la encuesta realizada sobre 600 usuarias del transporte público en la ciudad de Tucumán: “queríamos ver qué grado de visibilización tienen el acoso y el abuso sexual en los transportes públicos de nuestra ciudad (colectivos y taxis)”.

Hecha la advertencia de que a esa encuesta “todavía le falta un cierre”, la docente afirma que los resultados procesados ya marcan una tendencia de la cuestión. Entre las conclusiones, emerge que la mitad de las mujeres que sufrieron o presenciaron algún tipo de acoso no denuncian el hecho, en parte porque descreen que esa denuncia sirva. “También tuvimos reuniones con directivos y empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). Y hasta el 1 de octubre- el día de la reunión- , vimos que no había un criterio uniforme en las empresas de transporte sobre cómo debía actuar el chofer ante un acto de violencia contra la mujer dentro de la unidad”, afirma Laris. Entre sus acciones, el equipo sugiere, ante un caso de violencia en un colectivo, acercarse al chofer y pedir que este accione el botón antipánico para contactar con el 911. También tienen en agenda una reunión con referentes de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, para que el Estado asuma respuestas públicas ante el acoso en el transporte público. (En Buenos Aires ya se puede enviar desde el celular un mensaje). “Las más afectadas por el acoso y la agresión sexual en el transporte público son las estudiantes y las trabajadoras que usan el transporte público porque no tienen otras opciones eficientes para desplazarse por la ciudad. Son ellas las que están más expuestas”, añade Larisa. La encuesta le da la razón: ante ese escenario, más de la mitad ha decidido no viajar de noche en ómnibus. Y más de dos de cada 10 mujeres llevan consigo “un instrumento de defensa personal”.