Un empleado del penal de Villa Urquiza fue descubierto cuando intentaba ingresar a la cárcel 2.000 pastillas para, supuestamente, comercializarlas entre los internos. El hallazgo podría confirmar las recientes versiones de reclusos que sostienen que el personal penitenciario se dedicaba al tráfico de cocaína, marihuana y psicofármacos. Uno de ellos, luego de denunciar la situación, fue brutalmente asesinado en un confuso episodio, en el que terminaron procesados cuatro funcionarios.

El miércoles al mediodía se produjo un gran revuelo en el penal. Un empleado del Taller de Panadería fue sorprendido cuando llevaba ocultos envoltorios, con los 2.000 psicofármacos. Según le contaron varios presos a LA GACETA, en la penitenciaría, se venden dosis de dos pastillas por entre $ 150 y $ 200, por lo que con la cantidad secuestrada se podría haber obtenido una ganancia de entre $ 150.000 y $ 200.000.

Un empleado de Villa Urquiza intentó ingresar con 2.000 pastillas al penal

La Justicia Federal, que investiga el caso, sospecha que el empleado podría haber trasladado la sustancia para algún grupo que maneja el tráfico de droga en la cárcel. Los detalles se mantienen en la mayor de las reservas para no entorpecer la investigación. Otra de las aristas de esta causa es determinar dónde consiguió el trabajador semejante cantidad de psicofármacos, puesto que no son medicamentos de venta libre.

“Recientemente se han reforzados los controles para evitar el ingreso de drogas al penal. El trabajo incluye las zonas perimetrales y la requisa a visitantes y del personal que ingresa al penal. Los resultados están a la vista”, explicó el director general de Instituto Penales, Félix Concha.

Carlos Driollet, secretario de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia, opinó que lo más importante es que el empleado fue descubierto por sus propios compañeros. “Eso muestra que los controles están funcionando. Pero tenemos que mejorar. Ya estamos coordinando cursos de capacitación para que las requisas sean más exitosas”, adelantó.

“El ingreso de drogas es un tema que nos está ocupando. Se han realizado investigaciones internas que fueron notificadas a la Justicia Federal”, señaló el funcionario.

En ese fuero, según confirmaron fuentes judiciales, están activas más de una decena de causas vinculadas al tráfico de drogas en la cárcel. A pesar del hermetismo, trascendió que en varias de ellas figuran como sospechosos miembros del personal de Institutos Penales.

Los antecedentes

En 2016, el fiscal Pablo Camuña, sobre la base de todas las actuaciones y denuncias que había recibido cuando estaba de turno, elevó un informe a la repartición donde solicitaba que tomaran medidas en determinados horarios y lugares para evitar el voleo de droga hacia el penal.

El sistema consistía en que desconocidos se aproximaban a determinados sectores del muro de la cárcel y arrojaban paquetes con drogas para que luego sean recogidos por las personas que esperaban la carga. La medida dio buenos resultados porque disminuyeron los casos con esta modalidad, pero surgieron otros mecanismos.

En julio de 2017, a un guardiacárcel le secuestraron unos 700 gramos de marihuana que intentó ingresar al penal. Dos meses después, el recluso Francisco Medina denunció en la Justicia que estaba amenazado de muerte por personal del servicio penitenciario porque no quería vender la droga que ellos le entregaban. El caso se mantuvo en secreto y el recluso, por cuestiones de seguridad, fue trasladado a la Seccional 7ª junto con otro recluso que había confirmado sus dichos.

El 19 de noviembre de ese año, sin ninguna autorización, los denunciantes fueron trasladados al penal nuevamente. Tres días después, Medina fue asesinado por Alejandro “Pichi” Mendoza en el patio del penal. Por este hecho, la fiscala Adriana Giannoni imputó a Guillermo Sneider (entonces director de Instituto Penales) y a los funcionarios José Cisterna, Walter Patto y Claudio González, al sospechar que podrían haber estado vinculados al crimen.

Roberto Guyot, juez de Ejecución y Sentencia, también es investigado porque no habría tomado las medidas necesarias para proteger a Medina. Paralelamente, el fiscal Camuña recibió una copia del expediente porque habían surgido indicios sobre la venta de drogas en el lugar.

Por último, en marzo, los reclusos G.G. y A.L. denunciaron estar siendo torturados porque se habían negado a comercializar las sustancias que les habrían entregado los guardiacárceles. Camuña confirmó la versión con estudios médicos y el juez federal Daniel Bejas ordenó que sean protegidos, mientras avance la investigación. “Desde ese día viven un infierno. Todo el tiempo lo están castigando y ‘verdugueando’ por lo que dijeron. Ahora, que se descubrió todo esto, las autoridades saben que no mentían. Espero que hagan algo”, concluyó la madre de uno de los reclusos.