No reconocer las responsabilidades propias en el manejo de la cosa pública o achacarle al otro todas las culpas por las deficiencias de los servicios que debe prestar el Estado, ya sea desde los oficialismos y oposiciones de turno, nacionales o provinciales, parece que seguirá siendo la constante de la clase dirigente; acciones que irán en desmedro de la sociedad, porque antes de pensar en las ventajas generales para la comunidad priorizan la imagen propia, la sectorial, la que divide o agrieta. No se puede construir un país sobre la base de estar mirando el pasado con la exclusiva finalidad de buscar culpas ajenas, siempre en el adversario político, o la de eludir las responsabilidades pasadas para desprenderse de los errores que les tocan.

Esa constante encadena sucesivas idas y vueltas, réplicas y contrarréplicas, que ahondan más las diferencias y que impiden asumir que todos tienen una cuotaparte de responsabilidad en el engrandecimiento de la Argentina, y de Tucumán. No hay frenos a este tipo de actitudes que se observan y que se repiten a diario, cual si quisiesen convertir a la sociedad en una tribuna que divida sus alientos y termine confrontándose, tal como el ejemplo que brinda la clase política desde las alturas del poder, sea el que sea el cargo público que desempeñen. La chicana es la salida fácil para atacar al otro, es la opción preferida; se puede celebrar la ironía, pero tiene efecto momentáneo, son las políticas públicas las que tienen efecto permanente y es sobre este aspecto que deberían cabalgar todos los representantes del pueblo.

Para eso los eligieron, para que debatan sobre las necesidades de la comunidad y obren en consecuencia, juntos; no para profundizar sus diferencias sectoriales. El presidente electo, Alberto Fernández, en su campaña electoral, dijo a manera de promesa que viene a tratar de cerrar la grieta que divide a los argentinos. Para eso, primordialmente, hacen falta ejemplos desde el poder; los que precisamente no están apareciendo. Por el contrario, cualquier planteo o iniciativa es analizada, u objetada, desde los intereses políticos de grupo, ya sean desde los oficialismos o desde las oposiciones.

Baste detener la mirada sobre las políticas de seguridad, por ejemplo, por el lado de la crisis carcelaria por el exceso de la población de detenidos y la carencia de la infraestructura necesaria para atender esa demanda. El problema adquiere ribetes dramáticos, es necesaria una urgente atención y puesta en marcha de un plan de acción conjunto, de opositores y de oficialistas, para atender esta deficiencia del Estado. Sin embargo, los que tienen responsabilidades políticas en la administración del Estado, se entretienen -y pierden tiempo- echándose culpas por no haber actuado y por mostrar que el otro es más responsable de la crisis actual. Si se sigue mirando el pasado con la mezquindad partidaria y sin entender que la tarea en el Estado y en aras del bienestar general es una responsabilidad compartida, no sólo se frenará cualquier intento de planificación estatal, sino que se estancará a la sociedad misma.

Si se interpreta primordialmente que han sido elegidos para ponerse de acuerdo para sacar al país adelante, a partir de consensos básicos -uno desde el oficialismo y otros desde la oposición-, posiblemente el futuro del país sea distinto. Si bien unos tienen la responsabilidad de conducir el Estado y otros la misión de controlar al poder, eso no obstaculiza que tengan, y deban, ponerse de acuerdo para superar la crisis.