La incertidumbre respecto del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados no se disipa. En el Boletín Oficial de la Nación del viernes se publicó el decreto de necesidad y urgencia por el cual el presidente, Mauricio Macri, le acaba de conferir categoría de “agencia” a ese mecanismo. Sin embargo, lejos de que la medida pusiera fin al debate en torno de este sistema, media docena de magistrados ya le han adelantado su rechazo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta situación no sólo genera angustia en las personas que ingresaron a plan de protección federal, sino que además transmite un mensaje profundamente negativo hacia a la sociedad.

En nuestro, país el sistema de protección de testigos se encuentra regulado por el mencionado programa, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia. El sistema se encuentra dirigido a testigos e imputados (colaboradores de la Justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal. Hasta octubre, según Infobae.com, había 223 argentinos dentro de este esquema: 25 testigos en causas por delitos de lesa humanidad, 22 en causas de trata de personas, 50 en causas de narcotráfico, 40 en “otras causas” y los 86 restantes causas por “delitos complejos”, entre los cuales se encuentran los casos de corrupción en perjuicio del Estado. Precisamente, los testigos más connotados han sido Alejandro Vandenbroele, en el caso de “Ciccone Calcográfica”, causa por la que está preso el ex vicepresidente Amado Boudou. También está la esposa del empresario, Laura Muñoz: con su testimonio se abrió la causa. Aparece también Oscar Centeno, el chofer autor de los “Cuadernos”, y el tucumano José López, primer funcionario kirchnerista “arrepentido”, precisamente en esta causa. Y quienes pasaron por el programa y luego renunciaron son Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, quien se retiró para ir a vivir con su familia en Río Gallegos, donde tiene custodia, y Leonardo Fariña, cuyo testimonio fue determinante en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez, hoy preso. Este último se retiró este mes del programa, luego de la polémica por el destino que tendría el sistema.

Tras el triunfo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri se apresuró en enviar el Programa de Protección de Testigos a la Justicia, pero la Corte de la Nación advirtió que no lo admitiría por falta de presupuesto y de personal. Otro tanto argumentó la Procuración de la Nación, cabeza del Ministerio Público Fiscal.

Ahora, mediante el DNU 795/2019, el Gobierno crea la “Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados”, la coloca en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero le da autonomía funcional, y la dota de un consejo consultivo que será presidido por la Cámara Federal de Casación Penal. Ayer mismo, sin embargo, los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma, Ana María Figueroa, Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos y Javier Carbajo expresaron la “incompatibilidad” constitucional de la medida y pidieron la intervención de la Corte, según Ámbito.com. En la falta de entendimiento hay argumentos contra un lado y el otro. Desde la administración de justicia se advierte que el macrismo no debió haber puesto el programa en la órbita del Ejecutivo Nacional; o que en todo caso debió haberlo derivado con mucha antelación al Judicial, dado que este poder no cuenta ni con los recursos ni con la infraestructura para hacerse cargo ahora. Desde la Casa Rosada advierten que antes del DNU, cuando se habló de transferir el programa a la Corte o al Ministerio Fiscal, se habló de crear 50 cargos para conjurar la falta de personal.

Lo único cierto es que los ciudadanos que se animaron a denunciar delitos como los descritos se encuentran en una situación de zozobra indebida. Esa incertidumbre funciona como una pedagogía que desalienta la colaboración con la Justicia en la búsqueda de una sociedad más justa y menos impune. Lo que se lee de esta larga historia de idas y vueltas es que, lo mejor, es el “no te metas” porque las autoridades, en definitiva, no tienen todo el interés­ que debieran por proteger a quienes se animan a denunciar. El Estado, con sus acciones o sus omisiones, no puede dar lugar a esa lectura.