La suba del precio del boleto de colectivos, urbanos o interurbanos, traen a debate cómo se fija la tarifa y si la fórmula tiene en cuenta o no el inevitable choque de intereses y de necesidades que eso conlleva: la de los empresarios, de tener una actividad sustentable, y la de los usuarios, que piden un valor acorde a lo que pueden pagar.

Quizás un signo de que sí se tiene en cuenta esa colisión de necesidades es el de los subsidios que los gobiernos destinan a la actividad del servicio público de pasajeros, concesionada a privados. Pero justamente los últimos años fue ese el punto de quiebre: por un lado, los gobiernos (municipal, provincial y nacional) argumentan que deben destinar menos fondos para este servicio, ante el déficit que les genera en sus cuentas, y por otro, la sociedad, que exige un mejor servicio y con un precio de boleto que se condiga con su realidad de ingresos.

En Tucumán, en la semana que expira, un día después de que entrara en vigencia la suba del 25% para los pasajes metropolitanos, interurbanos y rurales, dispuesta por la gestión del Gobernador Juan Manzur, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sesionó para equiparar el incremento en el boleto de las 14 líneas urbanas. Así, el boleto subirá desde el lunes de $ 24 a $ 30. Como se trató del tercer aumento del año, ya que en enero la tarifa urbana estaba en $ 15,50, el incremento anual es del 93,5%. El ajuste de tarifa fijado por el Poder Ejecutivo formó parte de la intervención de la Provincia en el conflicto del transporte público: la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) acordaron que los 150 despedidos en octubre conserven sus trabajos. Como los empresarios argumentaron que los despidos se produjeron por el congelamiento de subsidios para compensar las tarifas, el cese a los subsidios al gasoil, la inflación y la devaluación, la Provincia acordó aumentar el cuadro tarifario y otorgar un adelanto de subsidios por $ 173 millones, para garantizar que no haya paros de colectivos en diciembre. El Concejo se plegó a ese incremento tarifario.

Sin embargo, con el transporte público hay cuestiones que no quedan del todo claras para los usuarios, como la cantidad real de recursos que se da vía subsidios, el recorte real de ellos (la Nación y la Provincia poseen versiones encontradas sobre los más de $ 2.000 millones que supuestamente se recortaron, pero que desde la Casa Rosada afirman que se entregaron en otras partidas para que sea el Ejecutivo provincial quien los otorgue). Tampoco se preocupó, ni Nación ni Provincia ni Municipio, en hacer públicos debidamente cuáles son los gastos e ingresos de los empresarios. Deberían ser datos de acceso a los ciudadanos, teniendo en cuenta que es un servicio público concesionado y que siempre genera dudas respecto de quién miente respecto de lo rentable o no de la actividad.

Son demasiados interrogantes y falta de información, que ponen ruido a un conflicto que parece no tener fin en Tucumán. En definitiva, la confrontación de intereses en todo lo relacionado al transporte público de pasajeros llama a la reflexión sobre la necesidad de que todo lo relacionado a ello sea lo más transparente posible. Quizás sea una forma de ordenarlo y brindarle herramientas a los usuarios para conocer cabalmente qué y por qué pagan el valor actual del boleto por este imprescindible servicio.