Continúan las repercusiones por la inclusión de Walter Ojeda Ávila, el candidato a juez que adulteró su curriculum vitae, en una lista de camaristas penales interinos confeccionada por el Consejo Asesor de la Magistratura el 27 de noviembre y remitida al Poder Ejecutivo. Alberto Colombres Garmendia, ex legislador del PRO, dijo que la postulación del abogado resultaba inaceptable y la consideró una “afrenta” a las instituciones. “Si conservara una mínima pauta de dignidad, Ojeda Ávila debería autoexcluirse del proceso de selección de jueces interinos en trámite”, expresó el dirigente macrista en un comunicado de prensa remitido a LA GACETA.

Colombres Garmendia recordó que él había detectado la primera irregularidad en la biografía del candidato en ocasión de revisar su pliego para la cobertura precaria de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción en noviembre de 2018. En su carácter de ex integrante de la comisión de Peticiones y Acuerdos, Colombres Garmendia advirtió que Ojeda Ávila había consignado en su CV que tenía un diploma por no reprobar materias en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán cuando en el certificado analítico emitido por esa institución constaba que había recibido 19 aplazos durante la carrera. Luego de que el ex legislador rechazara el nombramiento, el candidato escogido por Juan Manzur dijo que había cometido un error y que, en realidad, la cátedra de Derecho Internacional Público lo había distinguido “por no reprobar pruebas”, pero dos docentes de esa cátedra lo desmintieron.

Nuevas inconsistencias pusieron en tela de juicio la veracidad de la biografía oficial hasta que autoridades de las universidades de Mar del Plata y de Barcelona rechazaron que Ojeda Ávila tuviese la maestría que había informado. En ese punto de la controversia, el postulante desistió y la Legislatura dio de baja la propuesta para cubrir transitoriamente la Cámara de Apelaciones.

“Resulta innegable el nivel de incompatibilidad moral que Ojeda Ávila mantiene con el ejercicio de la judicatura ante el penoso hecho de haber falseado datos. ¿Qué tipo de garantía puede exponer una persona con estos comportamientos al momento de impartir justicia? Por eso, de ninguna manera puede ser elegido por el gobernador de la provincia para ocupar un lugar en la Justicia local y, obviamente, mucho menos puede lograr el amparo y la complicidad de un eventual aval legislativo a su pliego”, subrayó Colombres Garmendia.

Ojeda Ávila no recibió castigo alguno por la adulteración de su biografía pese a que el Consejo Asesor de la Magistratura lo excluyó de los concursos en los que competía en ese momento y abrió un sumario administrativo, y a que el peronista disidente Oscar López articuló una denuncia penal que ingresó en la Fiscalía de Mariana Rivadeneira. Tampoco fue sancionado por el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital. La ausencia de reacciones institucionales quedó a la vista cuando el Consejo lo incorporó en el nuevo listado de subrogantes que elevó a Manzur con la advertencia de que Ojeda Ávila estaba sujeto aún a la pesquisa interna encargada al consejero Diego Vals.

El lunes y tras la publicación de la novedad, el legislador radical José María Canelada exhortó al jefe de Estado a abstenerse de nombrar al postulante objetado. “El derrotero de Ojeda Ávila se inscribe en una de las páginas más vergonzantes de la vida institucional de Tucumán desde la creación del Consejo Asesor de la Magistratura”, opinó.