El Gobierno nacional publicó ayer por la tarde la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Boletín Oficial, sancionada el sábado por el Congreso, por lo que comenzaron a regir sus cambios en materia financiera, previsional, tarifaria, energética, sanitaria e impositiva, entre otras modificaciones en el marco de la Emergencia Pública.

La reglamentación incluye un único “veto parcial” del presidente, Alberto Fernández, relativo a las regalías que deben pagar los productores de hidrocarburos, que ahora tributarán sobre el monto de producción, una vez descontadas las retenciones a la exportación. Puntualmente, la modificación se hizo sobre el artículo 52 de la ley y elimina el párrafo que establecía que “en ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras”.

En un primer momento, la Cámara de Diputados había establecido que la producción de hidrocarburos pagarían sobre su facturación total, sin descontar el derecho de exportación, lo que volvía muy gravosa la carga impositiva sobre un sector que el Gobierno pretende expandir.

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La reglamentación de la ley fue realizada a través del decreto 58/2019, que lleva la firma tanto de Fernández como del resto de los ministros que integran su gabinete.

El Senado convirtió en ley, en la madrugada del sábado, el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, iniciativa oficial aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención.

El viernes, también a la madrugada, había sido aprobada por la Cámara de Diputados por 134 votos a favor y 110 en contra.

La ley contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Entre otros aspectos plantea una reestructuración del cuadro tarifario de la energía, tanto para hogares como para empresas, utilizando “criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva”.

Asimismo, establece planes de regularización de deudas para las pequeñas y medianas empresas, suspende la aplicación de la movilidad jubilatoria por 180 días -tiempo en el que se discutirá una nueva fórmula y se aplican aumentos por decreto- y aplica un 30% de impuesto a la compra de dólares para atesoramiento al uso de tarjetas de crédito y débito en moneda extranjera.

Por último, establece nuevas alícuotas al impuesto de Bienes Personales, así como a la venta de automóviles y elimina la imposición de cargas a las ganancias obtenidas con instrumentos financieros en pesos (bonos o plazos fijos).

Misión del FMI

Fernández confirmó ayer que en los próximos días vendrá a Buenos Aires una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para iniciar formalmente las negociaciones con el Gobierno por la deuda argentina. En diálogo con los periodistas acreditados de Casa Rosada, el Presidente dijo que su “preocupación es tratar de ordenar esto” y manifestó que “con Martín (Guzmán, el ministro de Economía) decimos que hay que tranquilizar la economía, a la Argentina, y estar todos un poco más tranquilos para empezar el año”. Durante una entrevista con el canal América, el mandatario había expresado que “lo hemos dicho hasta el cansancio, y lo voy a cumplir, que no van a pagar la deuda los sectores más desposeídos”, y que con la sanción de la ley de emergencia, denominada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva “los mercados reaccionaron bien” porque “vieron racionalidad, que hay un programa de crecimiento para pagar la deuda”. “Creo que es necesario ordenar eso, porque si no tenemos  jubilados de primera y jubilados de segunda”, consideró, y anticipó que “los jubilados van a tener su aumento en marzo, como estaba previsto, y veremos cómo lo vamos a hacer porque la situación es muy compleja”.