Juan Carlos Benedicto, el escribano investigado por atrincherarse en su colegio profesional, recuperó la libertad para traspasar las fronteras nacionales por disposición de la jueza de Instrucción en lo Penal N°5 de esta ciudad, Carolina Ballesteros. Esa magistrada levantó la prohibición de salida del país que había dictado por pedido del fiscal de Instrucción en lo Penal N°2, Claudio Bonari, luego de que el camarista Enrique Pedicone acogiese un hábeas corpus. La medida coactiva había impedido a Benedicto abordar un vuelo hacia España: cuando estaba haciendo el trámite de migraciones en el aeropuerto de Ezeiza, las fuerzas de seguridad lo arrestaron y lo constriñeron a regresar a la Tucumán. Según Pedicone, el fiscal se extralimitó puesto que no estaba firme el llamado al notario para que declarara como imputado por la supuesta usurpación del Colegio de Escribanos.
Ballesteros dejó sin efecto la restricción que había dictado en agosto en el mismo acto en el que tuvo a Carlos Varela Soria como nuevo abogado defensor del acusado. La jueza ordenó que su decisión sea notificada a la Dirección de Seguridad Aeroportuaria; a Gendarmería Nacional; a la Policía Federal Argentina y a la Dirección Nacional de Migraciones.
El origen del proceso abierto en 2015 se remonta a la decisión de Benedicto de tomar su entidad intermedia para exigir su rehabilitación como titular del Registro N°4 que había perdido como consecuencia de su juzgamiento en una causa por delitos de lesa humanidad donde, a la postre, resultó absuelto. “Parece un exceso que, con motivo de una posible usurpación que implica una pena en expectativa de 6 meses a 3 años, el fiscal no haya ejercido con eficiencia las atribuciones que la ley le confiere para que el profesional denunciado sea encontrado y conducido a su Ministerio Público”, había cuestionado Pedicone, quien separó a Bonari del caso por “falta de objetividad”. El camarista de Apelaciones había añadido que el escribano poseía arraigo, trabajo estable y parientes en la provincia. Y había afirmado que Bonari pudo haber requerido otras medidas menos gravosas que la privación de la libertad cuando Benedicto iba a “concretar un viaje de turismo al exterior”.
Dos años después de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán lo absolviese en el proceso “Arsenales II-Jefatura II”, Benedicto pernoctó en su Colegio con el argumento de que las autoridades le denegaban arbitrariamente la restitución de la matrícula. La “toma” se prolongó durante dos días. El 9 de octubre de 2015 un oficial de Justicia y un guardia de Infantería comunicaron a Benedicto que, si no se marchaba del Colegio, iban a tener que arrestarlo. El escribano terminó por ceder. Al salir a la calle, anticipó que denunciaría al presidente del Colegio, Marco Aurelio Padilla, pero que, en lo inmediato, se iría a pescar.