Todo comenzó con un juicio laboral y una orden de embargo dictada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La sede de la Unión Cívica Radical, ubicada en Catamarca 851, estuvo a punto de ser rematado por una deuda de más de $ 2 millones. EL interventor del partido. Francisco “Lucho” Argañaraz, asumió en marzo de este año, recibió esa pesada herencia. Para frenar el remate, el concejal dijo que tuvo empezar a “tirar la manga” a los propios dirigentes radicales para que hicieran su aporte y así poder juntar el dinero.
A través de las redes sociales, Argañaraz anunció con nombre y apellido quienes hicieron su aporte en efectivo. En noviembre se pagó la primera cuota de $ 1,4 millón. Ahora vence la segunda cuota de $ 600.000. “Fue un esfuerzo de mucha gente. Fue un laburo artesanal salir a buscar plata. No es fácil, pero por suerte hemos salvado la casa. Ya no corre peligro de remate y estamos haciendo los pagos respetando el acuerdo con la Justicia”, afirmó Argañaraz.
El edil de la capital anunció que para mayo de 2020 quedarían unos $ 800.000 y con eso se cancelará el total de la deuda. "Con lo que pagamos hasta ahora ya frenamos el remate de la sede", insistió.
Respecto de la herencia recibida, el edil de la capital dijo que prefiere no juzgar, sino que busca resolver el tema. “Son cosas que pasaron, que yo no voy a juzgar. Lo que tengo que hacer es pagar. Es lo que me toca. Buscar culpables ahora no tiene sentido. No es momento de preocuparse, sino de ocuparse”, resaltó.
Además remarcó que el tiempo se ocupará de poner las cosas en su lugar. “El tiempo juzgará; todos los radicales sabemos qué es lo que pasó en el partido. No hay un culpable, es un conjunto de cosas”, dijo.
El interventor radical explicó que hoy llegaron a la sede partidaria los intendentes Roberto Sánchez (Concepción) y Mariano Campero (Yerba Buena). En un mensaje público, además, Argañaraz detalló las identidades de los aportes. En esa lista también figuran:
Senadora Silvia Elías de Pérez
Diputado José Cano
Diputada Lidia Ascárate
Intendente Sebastián Salazar
Legislador José María Canelada
Legislador José Ricardo Ascárate
Legislador Raul Albarracín
Intendente Mariano Campero (Yerba Buena)
Intendente Roberto Sánchez (Concepción)
Concejal (Concepción) Gabriel Jiménez
Concejal (SMT) Lucho Argañaraz
Concejal (SMT) Agustín Romano Norri
Director (SMT) Dardo Ernesto Villa
Subdirectora (SMT) Sofía Herrera
Asesor (SMT) José Luis Avignone
Marcos Garbich
Víctor Filippini
Osvaldo Barreñada
Héctor Pollo Gelsi
Luis Sacca
Juan Casañas
Francisco Prado
Leandro Argañaraz
Pablo Amador
Belén Cejas
Víctor Hugo Nasul
Rafael Medina
“Ojalá que la lista se agrande –escribió Argañaraz-, ya que tenemos muchos dirigentes que han tenido el honor de defender la República, la Democracia y las Instituciones en distintos cargos electivos, gracias a nuestro centenario partido, que ahora requiere el apoyo de todos”, agregó.
En tribunales
La demanda en tribunales comenzó en 2012. El afiliado Roberto Antonio Ledesma, que se desempeñaba como empleado administrativo en la sede de la UCR desde febrero de 1999, se consideró despedido en noviembre de 2012. Según la sentencia definitiva dictada en 2017 por Marcela Beatriz Tejada (preopinante) y Adrián Díaz Critelli, vocales de la Cámara del Trabajo, el conflicto comenzó en agosto de 2012, luego de que se hiciera cargo la entonces “nueva Junta de Gobierno, presidida por José Cano y con Jorge Atilio Mendía como tesorero”. El demandante, representado por la abogada Claudia Mazza Marcos, alegó en el proceso que venía reclamando la regularización de su situación laboral, ya que estaba “en negro”. Cuando insistió con ese pedido, agregó, “se le disminuyó su haber en un 50%” -percibía $ 4.000-, manteniendo “idénticas cargas y tareas”. Luego, indicó, “Mendía le requirió en forma verbal la entrega de las llaves del local partidario”. Tras el envío de telegramas, y sin obtener las respuestas esperadas, Ledesma -quien demostró haber trabajado en la sede de lunes a viernes, en los turnos mañana y tarde- se dio por echado.