El vicegobernador, Osvaldo Jaldo resumió la sesión de ayer con una breve metáfora. “La Legislatura jugó fuerte”, dijo ante la prensa, a las puertas del recinto.

Se refería no sólo a la aprobación -unánime, en todos los casos- de los proyectos que establecían aportes millonarios para el área de Salud, entre otras medidas de emergencia para afrontar la pandemia de covid-19. A la vez, el presidente de la Cámara aludía a los asuntos que conllevan un impacto directo en las entidades bancarias de Tucumán; en especial, el Banco Macro, agente financiero oficial de la Provincia. Es la primera vez desde el surgimiento del binomio, en 2015, que el oriundo de Trancas toma un sendero distinto al del gobernador, Juan Manzur. Mientras el jefe del Poder Ejecutivo viene de recibir una ayuda fundamental de parte del Banco Macro para afrontar el pago de los salarios de marzo -unos $ 4.000 millones girados en descubierto, que serían devueltos con recaudación propia y aportes nacionales, según el ministro de Economía Eduardo Garvich-, Jaldo observó desde el estrado cómo el oficialismo y la oposición se unían para aprobar una batería de proyectos que para nada están en línea con el diálogo evidenciado entre la Casa de Gobierno y la banca oficial.

Por un lado, se dispuso una prórroga de dos meses en el cobro automático que efectúa el Macro a los empleados públicos (excepto cargos jerárquicos, como legisladores, jueces y funcionarios desde el rango de director) que tomaron créditos personales ante esa firma. No implica un “perdón” en las deudas, que serán prorrateadas con el remanente de las cuotas a saldar a partir de junio. Pero el referente manzurista Gerónimo Vargas Aignasse, vicepresidente 1° de la Cámara, advirtió que la medida podría resultar inconstitucional, dada la intromisión en el acuerdo privado entre dos partes. Jaldo, tras la votación -con el apoyo de Vargas Aignasse incluido- indicó que incluso la Nación está tomando decisiones extraordinarias en el marco de la pandemia, como la suspensión de los desalojos. “Lo que se acaba de votar es totalmente constitucional, y lo llevaremos hasta la instancia que lo tengamos que llevar”, bramó.

Denuncian que los legisladores usaron máscaras que eran para el personal de salud

En paralelo, la Cámara sancionó una resolución en repudio por las largas filas registradas en la jornada del viernes, cuando miles de personas (entre ellas, jubilados) se agolparon para cobrar sus haberes. No sólo se pidió la intervención de Comercio Interior y del Defensor del Pueblo, sino también del Ministerio Fiscal, lo que implica la posible apertura de un expediente en el ámbito penal. Es decir, se jugó fuerte.

Hubo otro mensaje al Ejecutivo, en este caso, “solapado”. El giro de los “ahorros” de la Legislatura de 2019, un total de $ 293 millones, sólo podrá ser administrado por la ministra de Salud, Rossana Chahla. No tendrá incumbencia Manzur ni su equipo económico. Además, se creó una comisión legislativa que controlará la aplicación de esos fondos, estrictamente previstos para afrontar la pandemia. El legislador Daniel Deiana, tras destacar la “iniciativa del vicegobernador”, enumeró que ese dinero permitirá duplicar la cantidad de respiradores (llegando a 600 en toda la provincia) o 200.000 test para diagnósticos de covid-19 o 50 hospitales móviles equipados o 500.000 mamelucos para profesionales de la sanidad, entre otros posibles destinos. En la Cámara provincial manejaban la información de que el área de Salud, semanas atrás, habría visto demorada la provisión de insumos por una presunta mora en el pago a proveedores. Se hablaba de unos $ 150 millones. “Con esto se podrán comprar todos los equipamientos necesarios para reforzar la atención de pacientes con posible contagio de coronavirus”, remarcó Jaldo.