Las empresas, en todas sus dimensiones, atraviesan un duro momento debido a los efectos de la extensión de la cuarentena social y obligatoria por la pandemia de covid-19. Este mes resultará nulo en materia de ingresos, ya que la mayoría de los negocios no pueden operar con relativa normalidad. De hecho, las cámaras empresariales locales vienen pidiendo una suerte de salvataje para un universo estimado en 70.000 comercios medianos y pequeños que no pueden cubrir sus costos fijos.

El principal detonante es la falta de producción y ventas por cierre de las unidades productivas o comerciales. Y la falta de ventas genera problemas financieros y económicos. Concretamente, las pequeñas y medianas empresas (PyME) tienen hoy déficits de caja y pérdidas económicas. En la urgencia lo primero es cuantificar el posible déficit de caja de una PyME, para a partir de ahí poder comprender los efectos consecuentes sobre proveedores de bienes y servicios (pueden ser otras PyME), sueldos de trabajadores e impuestos y contribuciones, dice un reciente informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). La situación es más compleja frente a la necesidad que tiene el Estado de recaudar para financiar las mayores erogaciones, producto de la pandemia, y la poca coordinación entre Nación, provincias y municipios para definir un paquete fiscal que alivie la situación del sector privado.

“Si la extensión de la cuarentena implica que esta PyME comercial continúe cerrada hasta fin de mes, el faltante de caja de marzo y abril implica el no pago del 24% de los egresos de marzo y del 100% de los egresos de abril. Aumenta mucho la necesidad de asistencia”, alerta el director de ese instituto, el economista Nadin Argañaraz. Sucede que el vademecum tributario argentino contabiliza 163 tributos entre Nación, provincias y municipios. Además de la fuerte carga impositiva que, por lo declarado por las autoridades, no será reducida, los empresarios se encontraron con otra traba en medio de esta situación: las dificultades para acceder al financiamiento que, en la mayoría de los casos, se toman para abonar salarios y cubrir otros costos fijos, no para inversión. Si bien el Estado ha promovido préstamos con una tasa del 24%, hay casos en que esa tasa se encarece entre cinco y siete puntos más por la carga tributaria que conlleva la operación bancaria.

La dura realidad pone en riesgo unos 350.000 empleos en todo el país, de acuerdo con los últimos datos difundidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El cierre total de los Shopping Centers con motivo de la pandemia, pone en serio riesgo de subsistencia a más de un millar de empresas, en general pequeñas y medianas, que tienen sus locales de venta en los mismos y que carecen de ingresos por el cierre de la actividad. Por tal razón, la Cámara Argentina que agrupa a los Centros Comerciales, señala la necesidad que el Gobierno nacional asista a los inquilinos con una línea crediticia destinada al pago de las expensas que deben afrontar.

La economía es una realidad que no debe ser descuidada y que requiere ciertos consensos para encarar lo que se vendrá tras la pandemia del coronavirus. Y uno de los puntos que requieren un análisis más acelerado es la carga impositiva, más allá de los planes de facilidades de pago. Ese es un clamor del sector privado, como un mecanismo para subsistir en un escenario de crisis profunda.