“No es un proceder que se replique en otras zonas”, dijo el jefe de Policía, Manuel Bernachi, cuando repudió el accionar de los agentes de la comisaría de Monteagudo, que mataron al trabajador rural Luis Espinoza y luego embolsaron y trataron de hacer desaparecer el cuerpo, arrojándolo a un barranco casi inaccesible en el camino a Las Estancias.

El ministro de Seguridad, Claudio Maley, deberá responder hoy ante los legisladores por ese “proceder” que ha dejado ver resabios del terror que late en nuestra sociedad desde la dictadura y que se ha repetido con demasiada frecuencia en las fuerzas de la democracia. Es tan terrible este “proceder”, que Cinthia Campos, abogada de la familia Espinosa, ha planteado que se podría tratar de un caso de lesa humanidad.

Las historias de abusos policiales se reflejan a lo largo de la historia y del país. Un caso ejemplar es el de Fernando Carrera, protagonista y víctima de “La masacre de Pompeya”, llevado a una condena de 30 años por policías corruptos y jueces ineptos, y liberado tras siete años de cárcel gracias a que la película “El Rati Horror Show” (de Enrique Piñeyro) hizo que la Corte Suprema reviera la causa. En Tucumán el caso más emblemático de la impunidad ha sido el de Paulina Lebbos. Si algo dejó en claro el doloroso derrotero de 14 años de Alberto Lebbos en busca de Justicia, ha sido lo que reveló el juicio de hace un año y medio: hubo una trama de encubrimiento corporativo que se ha extendido a través de las jerarquías y a través del tiempo. Por eso durante el juicio cayeron bajo sospecha de encubrimiento funcionarios policiales del actual gobierno, obligados a renunciar.

No tan aisladas

La respuesta de los funcionarios, ante los escándalos frecuentes -recordemos la terrible historia del niño Facundo Ferreyra- es que se trata de situaciones aisladas “que no se replican en otras zonas”. Pero la autonomía policial para proceder y la falta de controles da lugar a prácticas cotidianas que no son atendidas y que a veces llevan a tragedias.

La de Monteagudo es una. Todo indica que fue un procedimiento “por izquierda” destinado aparentemente a recaudar en una carrera cuadrera clandestina. “A veces aparece la policía para sacar plata. Hay que darles para no tener problemas. Siempre fue así”, dice Dardo Díaz, vecino de Villa Chicligasta. Otras cosas que muestran el proceder por izquierda: actuar sin ropas que los identifiquen, en autos particulares, no querer recibir la denuncia (un clásico policial) y demorar después 24 horas en avisar a la fiscalía (otro clásico).

Otro caso: ya han pasado casi dos meses de la tragedia de Maira Alejandra Sarmiento, la joven a quien no le quisieron recibir la denuncia por amenazas de muerte de su ex pareja en las comisarías de El Colmenar y de Villa Mariano Moreno. La denuncia después demoró tres días en sede policial y dos en sede judicial hasta llegar al fiscal y la joven fue asesinada. Consultada anteayer su cuñada, Cecilia Vaca, si la citaron de la policía o de la fiscalía para que relate quiénes fueron los policías que no quisieron recibirles la denuncia, contestó: “no me citaron”.

Prácticas toleradas

Hay multitud de prácticas y costumbres policiales y judiciales toleradas en su uso cotidiano. Malos tratos, abusos, burocracia, negación de derechos a los ciudadanos -generalmente los pobres-, que son víctimas de esa desatención generalizada.

Los cuerpos políticos y académicos no parecen haber comprendido esto. Por eso el mecanismo nacional de prevención de tortura de 2014 y aprobado en Tucumán en 2016, aún no se aplica. Por eso la ley Micaela, que obliga a todo empleado público a recibir capacitación en violencia de género, ha tenido resistencia en nuestra sociedad, acostumbrada a mirar de costado las malas prácticas estatales.

Se está fallando en que miramos los dramas y la violencia desde el relato policial/judicial. Nos cuentan a diario todo lo que hacen (tantos detenidos, tantas medidas de protección) y viven en el autoelogio pero no nos dicen lo que pasa en la dramática realidad ni analizan las trabas que hay para modificar las cosas.

El relato les sirve para sostenerse pero también fomenta la impunidad de continuar con las mismas prácticas de una institución en la que se confía a ciegas y oculta su tendencia al desborde, que en este caso ha resultado dolorosa y escandalosamente trágico.