Pidieron la indagatoria como imputado del diputado Cisneros, de una abogada y de un empleado de la Caja Popular en una derivación del caso “Vélez”

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz pidió al juez Guillermo Díaz Martínez, subrogante del Juzgado Federal n 2, la declaración indagatoria del diputado nacional Carlos Cisneros, de la abogada Patricia Neme y del empleado de la Caja Popular de Ahorros Federico Petraglia, en el marco de una investigación que se abrió en la justicia federal a partir de lo que se conoció públicamente como la “causa Vélez”, vinculada a un presunto caso de trata de personas que surgió durante la investigación por abuso sexual contra futbolistas del club Vélez Sarsfield. En un dictamen de más de cincuenta páginas, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó además medidas de coerción y una serie de diligencias probatorias para avanzar en la pesquisa.

El requerimiento de instrucción fue presentado ante el Juzgado Federal de Tucumán y plantea que los tres imputados deben ser convocados a prestar declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. Según el fiscal, los elementos reunidos hasta el momento permiten sospechar que tuvieron participación en maniobras que podrían configurar delitos vinculados con la trata de personas, en el contexto de hechos derivados de la investigación judicial que se inició en la provincia tras una denuncia por abuso sexual presentada por una joven.

Las actuaciones federales comenzaron luego de que el Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital de Tucumán remitiera copias certificadas de un expediente tramitado en la justicia provincial. En esa causa intervenía el juez Augusto Paz Almonacid, quien consideró que los hechos investigados podían tener derivaciones federales relacionadas con la posible comisión del delito previsto en la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas.

La causa original

El expediente original había sido iniciado a partir de la denuncia presentada por Lourdes Parache, quien relató que el 2 de marzo de 2024, tras un partido disputado en el estadio de Atlético Tucumán, fue contactada por el arquero de Vélez Sarsfield, Sebastián Sosa, a través de la red social Instagram. Según el testimonio incorporado en la causa, el futbolista le pidió su número de teléfono y posteriormente le propuso encontrarse para tomar algo esa misma noche.

De acuerdo con la investigación provincial, ese encuentro derivó en un episodio denunciado como abuso sexual agravado en el que fueron señalados varios futbolistas del club Vélez. En el expediente aparecen mencionados Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla. El 30 de diciembre, en dos audiencias que duraron en total de más de 16 horas, la querella -a cargo de Neme, Patricio Char y Franco Venditti-, solicitó la exclusión probatoria de los análisis de los celulares peritados. El planteo fue rechazado por el juez Paz Almonacid, por pedido de la fiscalía y de las defensas. En esos debates, los defensores, Florencia Abdala y Camilo Atim (Florentín Bobadilla), José María Molina, Ernesto García Biagosch e Ileana Battaglia (Cufré y Osorio), y Ernesto Baaclini (Sosa), solicitaron que los acusados sean sobreseídos, ya que consideraron que en esas pericias se demostró que no se trató de un abuso sexual, sino de una relación consentida. El representante del Ministerio Público aceptó el pedido, pero solo en relación con Sosa. Los querellantes rechazaron esa postura, aunque no lograron evitar que el tema fuera tratado en audiencia. El juez Paz Almonacid consideró que no se advirtieron irregularidades en la realización de las pericias. También sostuvo que no existió violación alguna a la privacidad de las testigos cuando se analizaron los mensajes enviados desde sus celulares, ni vulneración del secreto profesional. Luego de un cuarto intermedio, y según lo informado por fuentes tribunalicias, Paz Almonacid resolvió dictar el sobreseimiento de los cuatro acusados. Entre otros fundamentos, consideró que existían elementos suficientes para concluir que se trató de una relación consentida y no de un abuso sexual. Para ello, tuvo en cuenta los resultados de la pericia telefónica cuestionada por la querella y el informe psicológico practicado a la víctima. La querella impugnó la resolución antes de que iniciara la feria judicial y aún están a la espera de que se defina la fecha para tratar el recurso en una nueva audiencia.

El fiscal Vehils Ruiz sostiene que, a partir de las declaraciones incorporadas en ese legajo y de otros elementos recolectados durante la investigación, surgieron indicios que motivaron la apertura de una causa paralela en la justicia federal para analizar si existieron conductas que pudieran encuadrarse en delitos vinculados con la explotación o captación de personas en un contexto de vulnerabilidad.

En ese marco, el dictamen describe el rol que habrían tenido distintos actores que intervinieron luego de que se produjera la denuncia. Según la hipótesis fiscal, algunas de las actuaciones realizadas tras el hecho podrían haber tenido como finalidad influir sobre la situación de la denunciante o intervenir en circunstancias que ameritan ser investigadas bajo la normativa federal de trata de personas.

Por esa razón, el fiscal solicitó que se convoque a declaración indagatoria al diputado nacional Carlos Cisneros, a la abogada Neme, quien aparece mencionada en el expediente como letrada vinculada con una de las personas que tomó contacto con la denunciante, y al empleado de la Caja Popular Federico Petraglia, a quien el Ministerio Público identifica como otra de las personas que habría participado en las circunstancias bajo análisis.

Además del pedido de indagatoria, el fiscal requirió al juez federal medidas de coerción personal para asegurar el normal desarrollo del proceso. Entre ellas solicitó que se disponga la prohibición de salida del país de los imputados, al considerar que existe riesgo de que puedan eludir la acción de la justicia si no se adoptan medidas preventivas.

En el mismo dictamen, Vehils Ruiz también pidió que se ordenen diversas medidas probatorias destinadas a profundizar la investigación, entre ellas la recopilación de comunicaciones, el análisis de testimonios ya incorporados en el expediente provincial y la obtención de nuevos elementos que permitan esclarecer la eventual participación de cada uno de los involucrados.

La causa federal se encuentra ahora a la espera de la decisión del juzgado interviniente, que deberá resolver si hace lugar al requerimiento de instrucción del fiscal y convoca a los tres imputados a prestar declaración indagatoria. De concretarse ese paso procesal, la investigación dará un salto clave para determinar si los hechos derivados de la denominada “causa Vélez” tuvieron ramificaciones que puedan ser encuadradas en delitos federales vinculados con la trata de personas.

La respuesta del abogado de Cisneros

Consultado al respecto por LA GACETA, Juan Andrés Robles, defensor del diputado Cisneros, envió un comunicado que a continuación se reproduce:

Ante las falsas versiones que circulan en diversos medios de comunicación, la defensa técnica del Diputado Nacional Carlos Aníbal Cisneros, representada por el Dr. Juan Andrés Robles, considera necesario informar con precisión y solemnidad sobre el estado de las actuaciones en el Expediente N° 23/2026, que tramita ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán.

En relación con el reciente dictamen emitido por el Ministerio Público Fiscal, se aclara:

Alcance del Requerimiento Fiscal: El Fiscal Federal ha cumplido con la formalidad de presentar un requerimiento de instrucción, solicitando que se inicien las medidas de prueba pertinentes y se convoque a brindar declaración en sede judicial a las personas mencionadas en la investigación. Este paso constituye una etapa preliminar y necesaria en cualquier proceso penal para que se pueda ejercer el derecho a defensa y se proceda al esclarecimiento de los hechos.

Sobre la Situación Parlamentaria: Es fundamental precisar que, a la fecha, no existe ninguna resolución jurisdiccional que ordene o tramite el desafuero del legislador. El proceso penal se encuentra en su fase inicial de recolección de elementos, y las inmunidades parlamentarias vigentes no impiden en absoluto la prosecución de la investigación ni la actividad de la justicia.

Disposición Permanente ante la Justicia: El Diputado Carlos Aníbal Cisneros se encuentra, como ha sido su conducta histórica, a entera disposición de la Justicia Federal. Existe un compromiso inquebrantable con la verdad y la transparencia institucional, por lo que se aportarán todas las pruebas que demuestren la absoluta ajenidad del legislador respecto a los hechos que se investigan.

Finalmente, reafirmamos que la prioridad de esta defensa es la resolución técnica y jurídica del caso en los tribunales, donde los hechos y las evidencias se imponen sobre las interpretaciones interesadas.