Carlos Casal, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Capital, invitó a las autoridades a reflexionar por segunda vez desde que comenzaron las revelaciones sobre nepotismo en el Poder Judicial de Tucumán. “Tiene que haber gestos de quienes, con sus nombramientos discrecionales, dañaron la credibilidad de la Justicia”, opinó el dirigente profesional en un mensaje que envió a este diario.
El número dos de la entidad intermedia manifestó que, en el ámbito de los Tribunales, las prácticas nepotistas afectaban directamente a los abogados. “Estos actos de inequidad o de individualismo de parte de los máximos responsables del Poder Judicial son desalentadores en general y van en contra de la esencia de nuestra profesión”, dijo. Y añadió que el reclamo de justicia era cada vez más intenso, pero, lamentablemente, la respuesta estatal resultaba deficitaria. “El descreimiento y la desconfianza hacia el sistema judicial aumenta con las designaciones y ascensos de parientes”, reprochó.
La forma de curar y de detener este deterioro pasa por dar marcha e implementar medidas anti-nepotismo, según el vicepresidente. “Necesitamos esos gestos para recuperar la confianza y la fe en la autoridad de la administración de justicia. Estos gestos deben estar en línea con la igualdad de oportunidades, la promoción de las reglas éticas y la responsabilidad en la administración del patrimonio público”, precisó. Y agregó que el mantenimiento de privilegios era incompatible con la función de impartir justicia.
Casos y reacciones
El debate sobre el nepotismo comenzó a finales del mes pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia de Tucumán publicó la acordada de designación interina de la funcionaria Lucila Bercovich, hija de la presidenta Claudia Sbdar, como relatora del vocal Daniel Posse. Esta incorporación implica que la mayoría de los integrantes de la Corte tiene hijos que trabajan en esa esfera en virtud de decisiones discrecionales. A finales de 2017, Posse había designado a su hijo, el licenciado Facundo Posse, como secretario privado. En septiembre, el vocal decano Antonio Estofán nombró a su hija, la abogada litigante María Marta Estofán, como su relatora. Antes, el ingeniero Juan Pablo Estofán se había integrado a la Dirección de Sistemas de los Tribunales. Estos nombramientos prosperaron sin la firma del progenitor. En el de Bercovich, que había accedido a su primer empleo judicial por concurso, intervinieron los vocales Estofán, Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos.
Una semana después de la incorporación de Bercovich, el ministro público de la Defensa, Washington Navarro Dávila, formalizó el segundo ascenso interino en menos de ocho meses para su hija, la funcionaria Magdalena Navarro Vitar, quien alcanzó el rango de auxiliar de defensor. Por medio de la misma resolución, el jefe de los defensores promovió también a Anabella Maza Villalba, hija de Silvio Maza Villalba, titular de una Defensoría de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida. Al igual que Navarro Vitar, Anabella Maza Villalba había recibido un ascenso previo en diciembre de 2019. Ambas ingresaron por concurso, según las fuentes judiciales.
Antes de la filtración y la divulgación de los actos de Navarro Dávila -no publica sus resoluciones-, el Colegio de Abogados de la Capital que preside Marcelo Billone había pedido a la Corte y a los ministerios públicos que den el ejemplo en materia de ética pública, y se autolimiten mediante la celebración de concursos sin excepciones. A este pedido se sumó la solicitud de acceso detallado a la planta de personal del organismo de Navarro Dávila que presentó el legislador opositor José María Canelada. Por separado, ese parlamentario y los otros miembros de la alianza electoral Vamos Tucumán (José Ascárate, Federico Masso, Walter Berarducci, Raúl Albarracín y Raúl ) formularon un proyecto de ley para quitar la facultad discrecional de nombrar auxiliares al superior de la Defensa y a su par de los fiscales, Edmundo Jiménez.