La decisión del vocal Daniel Leiva de hacer caso omiso a las recomendaciones de que tome licencia hasta el esclarecimiento de la acusación que enfrenta ha colocado a su alto tribunal en una cubetera. Los jueces supremos Claudia Sbdar, Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos lucen petrificados como las estatuas de cera de Madame Tussaud. La presencia de Leiva en el despacho, lejos de dar una señal de “normalidad” y de que aquí no ha pasado nada, ha densificado el ambiente. La respiración contenida de los vocales y de sus cortesanos se corresponde con una estampida de intrigas. Todos están atentos a las muecas de los demás y, en el medio de la paranoia, florece la especulación. Dice mucho el detalle de que nadie haya salido a defender a Leiva, quien jura que jamás se ha reunido con un magistrado para presionarlo, como denunció el juez Enrique Pedicone, quien sí pidió permiso para ausentarse. Los vocales se abstuvieron de contrariarlo o de esbozar la mínima duda, así como de brindarle apoyo público. Es significativo que la Junta Federal de Cortes (Jufejus) también aparezca desentendida de la suerte del colega tucumano: sólo Pedicone se acordó de esa institución cuando le cantó las 40 a Marcela Ruiz, presidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán y vice de la Federación Argentina de la Magistratura, y la acusó de intentar quedar bien con el oficialismo para asegurarse avales en el hipotético plan de aterrizar en el máximo tribunal local.

Con su modo disruptivo e imprevisible, y tan incorrecto para “las formas” escurridizas que caracterizan a la magistratura, Pedicone verbalizó lo que muchos piensan: sobran los postulantes para reemplazar a Leiva. La dificultad de esos aspirantes es que no saben con quién posicionarse: si con el vicegobernador Osvaldo Jaldo, que actúa como si fuese el alter ego del vocal denunciado y acumula el desgaste del escándalo, o con el gobernador Juan Manzur, que parece haber decidido que la suerte de su ex fiscal del Estado no es de su incumbencia y al que algunos le asignan cierto goce en este affaire que coincide con la interna de su sucesión. La postura enigmática del gobernador, más allá de que la semana pasada autorizó una ofensiva con la denominación del Partido Justicialista, tiene en ascuas a los que tratan de adivinar su voluntad. Hasta un funcionario top se preguntaba ayer por qué Carolina Vargas Aignasse o el propio Claudio Maley se mantienen al margen del caso “Leiva” y de la reacción de un sector de la mayoría legislativa que, al compás del vocal impugnado, pretende responsabilizar a Pedicone por la inseguridad de la provincia. Los ministros silban distraídamente: mientras ella se dedica a la pandemia, él sigue haciendo méritos para que lo saquen del cargo, como acredita el paso en falso que dio al agredir a la familia de la víctima Ana Dominé.

Manzur hace la suya. Se muestra, por ejemplo, cerca de las embajadas europeas a las que Pedicone, en su carácter de ciudadano italiano, les remitió una carta incendiaria sobre la institucionalidad tucumana: tras ilustrarlas sobre el “Leivagate”, les anticipó que podría pedirles asilo. El 17 de septiembre, Manzur se entrevistó por videoconferencia con 20 embajadores, y, después en Twitter, anunció que “seguía planificando” convenios comerciales y educativos para “posicionar a Tucumán en el mundo”. Estos contactos contrastan con el modelo de califato que sugieren las grabaciones atinentes “al manejo de las intensidades” de la causa contra el legislador opositor Ricardo Bussi. Si a Manzur le importa la imagen de la provincia en las democracias más avanzadas del globo, no debería pasarle inadvertido el dictamen sobre la denuncia de Pedicone que pronunció Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en la medida en que esta cordobesa se codea con los jefes de los diplomáticos que intervinieron en el Zoom del jueves.

Estos movimientos desorientan en la Corte, donde más de un príncipe del foro considera que el traspié de Leiva aceleró el apogeo de Rodríguez Campos, la sobrina del ministro público fiscal Edmundo Jiménez que, por su juventud, está “condenada” a adueñarse de los Tribunales. Verbigracia hay quienes ya la imaginan como la próxima presidenta, en especial porque ese rol trae asociada la titularidad de la Junta Electoral para los comicios de 2023 y porque su tío tuvo que excusarse de integrar aquel organismo en las últimas dos elecciones por los planteos de que carece de imparcialidad. No debe ser fácil estar en los pies de la vocal que, junto a Estofán y a Leiva, colocó las bases para “esterilizar” la intención de Pedicone de controlar un operativo anti-covid-19 practicado por el fiscal Carlos Picón en el Bar y Billares Punto y Banca. Como se sabe, Leiva esgrime que fue denunciado por esa acción y, luego, por la imposición de un apercibimiento a su denunciante, siempre con el acompañamiento de sus aliados, y la disidencia de Posse y de Sbdar.

Ese estrado dividido y dominado por la mayoría que componen los ex fiscales de Estado materializa la parálisis existente respecto de los planteos ligados al mayor conflicto institucional que ha conocido este período democrático, al decir del periodista Álvaro Aurane. Bloqueada como está, la Corte ha postergado definiciones respecto del recurso contra la sanción aplicada al juez denunciante, y de las solicitudes de sumario administrativo contra Leiva y el secretario Fernando Valladares, que en una peculiar “presentación espontánea” ante la fiscala Mariana Rivadeneira se autoincriminó al desmentir la verdad del acta que presentó Pedicone. Sí resolvió, en cambio, el rechazo de un recurso contra la Acordada 730 que mandó a la tronera a la audiencia de la causa de los billares. Hubo un nuevo 3 a 2 electrizado por el hecho de que Leiva, en la praxis, votó en contra de su acusador. ¿Habrá empezado el deshielo? Asaltan los escalofríos cuando se intenta entender cuánto calor hace falta para que esta Corte helada se derrita.