Cuando las tomas de tierra de Guernica y del campo Nueva Casa de Entre Ríos terminaron en el desalojo por parte de la Justicia, la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) se pronunció, diciendo que lo realizado se hizo conforme a las leyes vigentes y, sobre todo, a la Constitución nacional, en respeto de la propiedad privada.
Sin embargo, la entidad manifestó su preocupación por el tiempo que las instituciones del Estado demoraron para realizar dichos procedimientos y, además, porque los que fomentaron dichas acciones no hayan sido, todavía, llamados a declarar por la Justicia.
Así lo manifestó el presidente de la entidad ruralista tucumana, Sebastián Murga, en referencia a Juan Grabois y a los demás funcionarios y dirigentes que participaron en las acciones de tomas ilegales de terrenos que se dieron en las últimas semanas.
Murga aprovechó la ocasión para anunciar que el jueves de la próxima semana se tratará en la Legislatura de Tucumán un proyecto “antitomas”, presentado por el legislador Raúl Albarracín (bloque Partido por la Justicia Social), que ya obtuvo dictamen de comisión.
Según explicó el dirigente ruralista, esta iniciativa tiene como objetivo la formación de un equipo interdisciplinario “antitomas”, que tenga la potestad para realizar una intervención prematura, inmediata y permanente ante los delitos de usurpación de propiedades, a fin de evitar que dichas situaciones se tornen complejas y de proteger a los afectados de mayores daños que puedan ocasionarse.