En Tucumán, los escándalos se suceden con una velocidad que espeluzna. El 8 de noviembre LA GACETA publicó una entrevista al pensador español Daniel Innerarity, quien advirtió que el sistema político no está en condiciones de gestionar los problemas sociales que se viven en los tiempos de la pandemia. Se refería a su España, pero podría haberse referido a nuestra provincia y no nos hubiéramos dado cuenta.

Aquí el problema va mucho más allá de esa carencia que se señala como global. Nuestro sistema político está permanentemente en la picota. Pero todo se guarda bajo la alfombra.

El escandaloso episodio Pedicone-Leiva demostró de qué manera el sistema de acoples genera representantes legislativos que carecen de autonomía respecto del Poder Ejecutivo, al que debieran fiscalizar, tomando distancia de sus excesos y desbordes. Repasemos un poco: un sistema que permite alcanzar una banca con 7.000 sufragios, sin otro compromiso más que con quien lo “ayudó” dotándolo de los recursos necesarios para “caminar el territorio” y conseguir los votos, eufemismo que esconde un desembozado clientelismo que sólo desde el Gobierno se puede financiar. Y que permite al Ejecutivo, desde el control de la Legislatura, poner jueces... y también destituirlos.

En tiempos de elección, un grupo de amigos o de familiares conforma un partido (tarea en la que hay expertos que venden sus servicios para conseguir firmas, sellos y otros requisitos), desde el poder se compromete una gran cantidad de dinero porque de alguna manera ellos serán candidatos de esos partidos pero apoyarán a una persona para el Ejecutivo provincial o municipal y, a partir de allí, se establece una relación en base al dinero y no a ideales o valores determinados.

Se entiende entonces por qué hasta ahora en el Poder Legislativo, por ejemplo, no se discuten razones, pruebas o procederes en el escándalo judicial. Para Enrique Pedicone, que osó denunciar la incapacidad como funcionario del vocal Leiva, nada. Para Daniel Leiva, que confesó que está en la Justicia pero aún no puede abandonar su rol político identificado con el poder político, todo. El pelotón de fusilamiento político que espera a Pedicone cuando los tiempos del jury lo indiquen, es una clara prueba.

Giambattista Vico fue un filósofo que propuso que la historia no es un desarrollo lineal, sino el resultado de una sucesión de ciclos que se repiten con progresos y retrocesos. Su teoría habla de los “corsi” y “ricorsi” de la historia y bien podría adecuarse a este Tucumán que cada tanto muestra su vuelta atrás en materia de escándalos. Un nuevo capítulo del desprestigio de nuestras instituciones se está viviendo con la detención de empleados del Siprosa ingresando drogas a la provincia para su comercialización. Y, detrás de ellos aparecen representantes del pueblo que llegaron y fueron elegidos por aquel sistema. Paralelamente, no resulta ocioso agregar que fueron descubiertos por la Policía de Santiago del Estero.

La investigación en la Provincia no encontró ningún tipo de gravedad en la denuncia ni en la investigación que se hizo. Y, finalmente, el expediente que anduvo por los despachos de la Justicia Federal terminó en la nada.

Aquella denuncia archivada alertó que la droga se almacenaba en una dependencia del Siprosa donde es habitual la entrada y la salida de vehículos. En ambos hechos los investigados parecen vinculados políticamente al acople que conformaron el titular del gremio sanitario René Ramírez junto con el ex director del taller de mantenimiento en cuestión. Punteros y empleados compartieron la campaña electoral del acople.

Demasiadas coincidencias que tornan verosímiles las sospechas. Todos conocen la decisiva influencia que el gremio tiene en la repartición sanitaria, hasta el punto de que el ingreso de cualquier agente al sistema de salud debe estar avalado por la estructura sindical.

Han sido reiteradas en los últimos años las situaciones en que política y drogas aparecían asociadas, aunque más vinculadas al consumo. Sin embargo, desde el poder (Ejecutivo y Legislativo) la preocupación fue cuidar y proteger a esos legisladores, a quienes se vio en el peor estado, en lugar de abrir investigaciones para saber quiénes proveían drogas o cuáles eran los eslabones que los ataban. La composición de la Legislatura anterior (con oficialistas y opositores) encubrió esta situación.

Este nuevo “Corsi y ricorsi” a la tucumana, diría Vico, es un caso de tonalidades perturbadoras, en tanto se trataría de una red de tráfico que podría estar enquistada en un organismo del Estado tan importante, incluso desde lo simbólico, dado que es un área que el gobernador Juan Manzur conoce sobradamente.

En esta red aparecerían las cabezas de acoples (apodo que reciben los partidos políticos para recibir dinero para hacer campañas). Los acoples permiten que sea más importante la plata que manejan los candidatos para “llegar” que los poquísimos votos que les permiten convertirse en hombres públicos. Hasta el extremo de que, a partir del momento en que son electos, tienen más fidelidad con quien les dio dinero que con los propios ciudadanos a los que representan.

Finalmente, los acoples generan sus propias leyes y su “racionalidad” nada tiene que ver con lo que -se supone- es la de un partido político, ya que es suficiente con que los jefes de esos espacios tengan buena llegada a quien ejerce el poder, para obtener así los recursos necesarios para perpetuarse.  

A un sistema electoral y político que funciona en torno de criterios tan pragmáticos no se le puede exigir el control de calidad de los candidatos. Muchos de los legisladores más destacados que tuvo la provincia desde el retorno de la democracia hoy no hubieran podido acceder a un escaño, compelidos a armar estos acoples traccionados a puro clientelismo y dinero que muchas veces sale del erario, aunque sea injustificable. El sistema de acoples está en la médula de nuestros males institucionales: destruye la identidad ideológica de los partidos para reemplazarlos por meras maquinarias electorales. Su lógica perversa conduce al clientelismo y al financiamiento ilegal de la política y atenta contra el derecho de elegir de la sociedad.

De eso se habla

Esta semana que se fue para no retornar nunca más dejó sus aportes para confirmar las presunciones del español Innerarity. Se instalaron las acusaciones de Washington Navarro Dávila contra la titular de la Corte, Claudia Sbdar. A ellas les continuaron las especulaciones de que el ministro de la Defensa no hace nada sin consultar a Edmundo Jiménez. Muchos consideran que el ministro Fiscal está preocupado por el destino del juez Juan Francisco Pisa, que tiene demasiados buenos tratos con el poder que supo designarlo. Los “corsi y ricorsi” de la Justicia siempre terminan en una drástica solución: la intervención. De eso se habló y eso se analiza. Tucumán ya tuvo experiencias con este remedio federal ante la incapacidad de los tucumanos de poner orden en su casa. Y no les fue bien. Sólo retrasó los tiempos políticos y en Tribunales se puso a “otros” amigos. No hubo un florecimiento institucional.

Las idas y vueltas de los personajes alterados por la causa de la droga derivó en movimientos en el Siprosa. En el famoso galpón conviven los que hacen los operativos móviles con la Dirección de Mantenimiento Técnico y el Departamento de Electromedicina. Está todo mezclado. Por eso en los últimos días, presionados por el alerta de la causa de la droga, estuvieron funcionarios de Recursos Humanos del Siprosa haciendo un prolijo relevamiento de personal y sacando fotos. Las imágenes no tenían rostros, sino autos, para separar la paja del trigo en esta suerte de guerra de acoples peronistas que se vislumbra entre el legislador Ramírez y el edil José Luis Coronel. En síntesis, separar desfibriladores, respiradores y equipos de rayos X del caso de la droga descubierta por la Policía vecina, porque todos quedaron en el mismo lodo manoseados, sugeriría Discépolo.

La vacuna, el acuerdo

La solución que sale desde los intestinos del poder, para reparar la crisis que desatan los acoples que supo inventar la convención constituyente alperovichista, consiste en realizar una nueva reforma constitucional. Más de uno se frota las manos porque -como siempre- se piensa en lo electoral y no en la sociedad; y entonces se ilusionan con reelecciones indefinidas antes que en corregir algo. La comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que “sin duda, dos de los elementos que definen la calidad de una competencia electoral democrática son la equidad y la transparencia en el uso de los recursos económicos. Los partidos políticos, en este sentido, constituyen uno de los ejes básicos sobre los que gira cualquier sistema democrático actual. Para el cumplimiento de sus fines, los partidos políticos necesitan de unos medios materiales y organizativos cada vez mayores y más costosos”.

En Tucumán no haría falta una reforma constitucional. Bastaría con que los principales actores quisieran cambiar en serio, para que la Justicia se fortalezca; para que la Legislatura no sea un apéndice del Ejecutivo; o simplemente para lo que dice su presidente y para que cuando haya valores en juego, estos prevalezcan antes que los intereses amigueros, parentelares o clientelares.

El artículo 43 de la Constitución provincial en su inciso 12 establece al sistema de acoples como una preferencia que no es obligatoria. La norma establece que “los partidos políticos, frente o alianzas electorales podrán celebrar acuerdos…” para la fórmula de gobernador. Es decir que esa facultad acordada a los partidos es perfectamente reglamentable. En síntesis, el interés por el bien común podría sacar a los acoples sin dar lugar a la mezquindad política de los candidatos de exigir una reforma constitucional.