El Jurado de Enjuiciamiento pisó el acelerador y dio solamente dos días hábiles a las partes para preparar los alegatos que presentarán en el procedimiento de destitución del juez Enrique Pedicone (foto). Tanto la defensa del magistrado como quienes lo acusan, la mayoría oficialista de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, deberán presentarse mañana a las 9.30 en el palacio legislativo para cumplir el último trámite previo a la emisión de la decisión. A partir de ese momento, los ocho jurados quedarán en condiciones de resolver si echan o no a Pedicone, veredicto que podría ser comunicado esta misma semana.

A diferencia de las celebradas para la prueba, las últimas dos audiencias serán orales y públicas. La Ley 8.734 otorgaba hasta cinco días hábiles -desde el domingo, cuando venció el plazo de la etapa anterior- para fijar el acto de recepción de los alegatos, pero el Jurado optó por reducir el tiempo a la mitad. Por la defensa deberán expedirse los abogados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig mientras que, en principio, por la acusación se explayará el titular de la comisión de Juicio Político, Zacarías Khoder (PJ). La última palabra antes del veredicto quedan reservadas para el denunciado.

Por disposición constitucional, el Jurado ha de reunir dos tercios de los votos para expulsar al magistrado. En las únicas dos experiencias anteriores, el órgano se inclinó por la destitución por unanimidad. La regla de las dos terceras partes en un conjunto de ocho da como resultado 5,33 voluntades, de modo que, en el caso de que hubiere disidencias, el cuerpo tendrá que sentar una posición acerca de la cantidad de votos necesaria para sacar al magistrado. Integran el Jurado el vocal de la Corte Suprema, Daniel Posse (presidente); los legisladores oficialistas Javier Morof, Dante Loza y Alberto Herrera; la legisladora Sara Alperovich (Hacemos Tucumán); el legislador alfarista Walter Berarducci; el abogado Javier Critto y el fiscal de Estado, Federico Nazur.

Según Khoder, la objeción central contra Pedicone radica en su actuación sin competencia durante la miniferia de agosto, cuando el juez liberó a un preso con preventiva con el consentimiento del fiscal Alejandro Noguera, e intentó infructuosamente controlar a instancias de su hoy abogado Ahumada un procedimiento anti-covid-19 practicado por el fiscal Carlos Picón en el bar y billares Punto y Banca. La acusación incluye otros reparos, como la violación del Código Iberoamericano de Ética Judicial por haber ventilado en la prensa una denuncia contra Daniel Leiva, vocal de la Corte, y la supuesta coacción del secretario Fernando Valladares, quien firmó de su puño y letra un acta que incrimina al juez supremo, y, tras la exposición de los hechos, se desmintió a sí mismo.

Pedicone, por su parte, sostiene que lo quieren destituir por haber denunciado que Leiva le había solicitado que “manejara las intensidades” de una causa por supuestos abuso sexual y actos de corrupción endilgados al legislador Ricardo Bussi (FR). Pedicone presentó grabaciones donde la voz atribuida al vocal hace el pedido con la invocación de los nombres del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, pero Leiva negó todo. Con la participación decisiva del oficialismo, la comisión de Juicio Político, optó por desechar el cúmulo de denuncias contra Leiva y dar curso a las de Pedicone.