El vicepresidente del Colegio de Abogados de la Capital, Carlos Casal, manifestó a título personal que el procedimiento que culminó con la destitución del juez Enrique Pedicone le había dejado una impresión general de falta de imparcialidad. “No me sorprendió el fallo del Jurado de Enjuiciamiento: según mi criterio estamos ante la crónica de una expulsión anunciada. La forma en la que fueron tramitadas las denuncias, en especial en la antesala del Jurado de Enjuiciamiento, la comisión de Juicio Político de la Legislatura, fue muy parcial”, opinó el dirigente profesional.

Casal vaticinó que el final aún no había llegado. “Sin dudas esta destitución será judicializada, y con el tiempo obtendrá un resultado parecido al que lograron la magistrada Alicia Freidenberg (aún en funciones) y la fiscala fallecida Joaquina de los Ángeles Vermal, quienes consiguieron ser repuestas en sus cargos”, dijo. Pero advirtió que esto no sería inocuo ni gratuito: “Pedicone será reincorporado e indemnizado con el dinero de todos, no de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento que lo echaron”.

El despido, que acarrea la pérdida del derecho a la jubilación con el beneficio del 82% móvil, prosperó con los votos de los legisladores oficialistas Javier Morof, Dante Loza y Alberto Herrera; de la legisladora de Hacemos Tucumán, Sara Alperovich; del abogado Javier Critto y del fiscal de Estado, Federico Nazur. Los jurados Daniel Posse, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y el legislador alfarista Walter Berarducci se inclinaron por desechar los siete cargos endilgados a Pedicone. Zacarías Khoder, el legislador oficialista que lideró la acusación, solicitó asimismo al Jurado que prive a Pedicone de la posibilidad de ocupar otros cargos públicos.

Casal advirtió que todavía faltaba conocer los fundamentos y antecedentes de las posiciones de los jurados que consideraron que Pedicone debía ser excluido de la Justicia por “actuar sin competencia” en las causas de los billares y “Bravo”, y por “violar sistemáticamente los derechos de las víctimas”. “Pero no nos hagamos los distraídos: queda la sensación de que no se analizaron ni se admitieron pruebas totalmente pertinentes para la defensa”, anticipó. Y en ese punto mencionó una prueba en particular: las grabaciones que aportó el juez destituido para incriminar a Daniel Leiva, vocal de la Corte. “Se trata de los audios que tomaron estado público por el periodismo”, precisó.

Aunque uno de los cargos achacados a Pedicone consistía precisamente en la “admisión de haber realizado grabaciones clandestinas” a Leiva, el Jurado se opuso a la admisión del material objetado por considerarlo “impertinente” (la misma actitud tomó en la causa penal el juez Juan Francisco Pisa por pedido de la fiscala Mariana Rivadeneira). Ello no fue óbice para que, en una de las audiencias, parte de audios fueran reproducidos por descuido. “Hubo omisiones, y negativas recurrentes y antojadizas a admitir pruebas claves que fueron demonizadas como ilegales”, evaluó Casal. Y agregó que en cualquier otro proceso regía el principio de libertad y amplitud probatorias.

“Era necesario y saludable que haya una acreditación contundente de los hechos para que después pudiese existir un fallo objetivo y justo”, afirmó el vicepresidente. Y agregó que la “afectación” al derecho fundamental a la defensa puede viciar un pronunciamiento. “En la etapa política vimos un epílogo que seguramente será revisado en la Justicia, donde debería prevalecer la vapuleada independencia de los poderes”, anheló Casal.