La inseguridad rural puede transformarse en el punto de partida para generar todo un cambio en la provincia. En una semana sucedió lo que parecía imposible: que las partes involucradas se sentaran en varias mesas para tratar de revertir la situación. Pero también se abrieron otras puertas para que los encuentros continúen.

En un sondeo de opiniones realizado por LA GACETA entre 30 productores, 25 dijeron haber sufrido algún tipo de delito. De ese número, 15 dijeron que habían sufrido hurto en sus campos. Pero la cifra más impactante de ese trabajo fue otra: 27 señalaron que no creían que la situación mejoraría en un corto plazo.

Los números generaron toda una serie de movimientos en el sector productivo. Los dirigentes ruralistas entendieron que habían hecho muy poco para revertir la situación y, después de realizar una autocrítica, decidieron plantear otra iniciativa. Crearon una mesa de trabajo en la que intervengan los tres poderes del Estado y representantes del campo. En el primer encuentro todos los participantes dejaron en claro que no hacía falta más diagnósticos, sino acciones concretas.

Como no ocurría desde hace mucho tiempo los ministros de Seguridad y de Desarrollo Productivo convocaron a los referentes de la Sociedad Rural de Tucumán a un encuentro. Hubo un reconocimiento del problema -que es todo un avance- y enumeraron una seria de medidas que se podrían tomar para disminuir los índices de seguridad en las zonas rurales. También hubo una propuesta superadora. No sólo hablaron de dotar de más personal y recursos logísticos a la dirección de Delitos Rurales, de la falta de conectividad, sino también de avanzar a nivel regional con operativos de prevención, ya que cada vez son más los productores de esta provincia que realizan sus actividades en Salta y en Santiago del Estero. Por ese mismo motivo fue un acierto convocar a las fuerzas federales, que atraviesan los límites de jurisdicciones.

También fueron alentadoras las propuestas del Ministerio Público Fiscal de ofrecer varias de las herramientas que tiene para colaborar con la persecución penal de las organizaciones que están atacando las zonas rurales. Asimismo, los legisladores oficialistas y los opositores también coincidieron en que están dispuestos a sancionar las normas que sean necesarias para combatir contra la inseguridad en el campo.

Es sumamente auspicioso observar la unión entre el sector público y el privado para tratar de buscar solucionar un grave problema. El año pasado hubo una señal. Después del homicidio de un productor en La Ramada, los ruralistas aportaron para que la zona contara con un destacamento policial. Fue el comienzo de una tarea pragmática, mancomunada, que implicaba advertir que no se podía buscar resultados diferentes si se continuaba repitiendo las mismas recetas. Los encuentros de estos últimos días hacen abrigar expectativas de que se podría encontrar un camino hacia la seguridad rural.