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Un fiscal acudió a la Corte Suprema para intentar impedir que se le pague la pensión a Cristina Kirchner
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El fiscal Juan Carlos Paulucci presentó una queja ante la Corte Suprema para impedir que Cristina Kirchner cobre su pensión, tras un fallo de la Cámara de la Seguridad Social.
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Surge tras el fallo que ordenó a la Anses restituir el beneficio de 12,5 millones de pesos. La exmandataria perdió sus haberes tras ser condenada por corrupción en la causa Vialidad.
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La decisión de la Corte definirá si exfuncionarios condenados pueden percibir pensiones graciables, sentando un precedente clave sobre la ética y legalidad en cargos públicos.
CON TOBILLERA. Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. ARCHIVO
Un fiscal recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar impedir que se le vuelva a pagar una pensión a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La presentación se realizó luego de que dos jueces del fuero previsional rechazaran un recurso extraordinario contra una medida cautelar que ordenó reponer, de manera provisoria, el cobro de una prestación varias veces millonaria.
Juan Carlos Paulucci, en su rol de fiscal general subrogante de la Fiscalía General N° 1 ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, presentó un recurso de queja para que el máximo tribunal intervenga en el expediente. El objetivo es que se declare “la inadmisibilidad de la medida cautelar” que obligó a la Anses a restituir el pago de la pensión que la ex mandataria percibía hasta noviembre de 2024, junto con otro beneficio también de alto monto. Kirchner fue condenada por corrupción en la causa Vialidad y actualmente cumple prisión domiciliaria.
El 29 de abril, por dos votos contra uno, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó elevar el caso a la Corte. En consecuencia, quedó firme la decisión que obliga a la Anses a abonar la prestación. En noviembre de 2024, último mes en que se pagó, el ingreso fue de casi $12,5 millones tras descuentos. Tanto el organismo como el fiscal habían solicitado llevar el tema al máximo tribunal, consignó La Nación.
La cautelar que motivó la controversia había sido concedida en febrero por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini, quienes hicieron lugar al pedido de la exfuncionaria para volver a percibir la pensión como viuda del ex presidente Néstor Kirchner, de manera provisoria mientras se resuelve el juicio principal. En ese proceso, también reclama la restitución permanente de ese beneficio y de la asignación vitalicia como expresidenta.
La baja de los beneficios y el eje del conflicto
Ambas prestaciones habían sido dadas de baja en noviembre de 2024 por una resolución de la Anses, luego de la condena dictada por la Cámara de Casación Penal Federal, que consideró a Cristina Kirchner autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esa condena fue confirmada por la Corte Suprema.
En su presentación, Paulucci sostuvo que la situación judicial de la ex mandataria es determinante para resolver el cobro provisorio, ya que la condena implica, mientras esté vigente, “la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar”. Este planteo se vincula con la discusión de fondo sobre la validez de la resolución 1092/2024 de la Anses.
Tras la quita de los beneficios, firmada por el entonces director ejecutivo Mariano de los Heros, la ex funcionaria inició una demanda para recuperar ambas prestaciones, previstas en la ley 24.018. Aunque la norma no las define como “de privilegio”, son conocidas de ese modo porque no requieren edad mínima ni años de aportes. En ese marco, solicitó una medida cautelar para cobrar al menos uno de los ingresos mientras avanza el proceso.
Ese pedido había sido rechazado en noviembre de 2025 por la jueza Karina Alonso Candis, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1. Sin embargo, tras la apelación, la Cámara lo concedió con el argumento del “carácter alimentario” del beneficio.
Sin efecto suspensivo y con montos en discusión
El recurso de queja presentado ante la Corte no tiene, en principio, efecto suspensivo. Esto significa que la orden de pago debería cumplirse mientras el máximo tribunal decide si toma o no el caso. El Código Procesal Civil y Comercial establece que el proceso no se detiene, salvo en situaciones excepcionales.
Hasta noviembre de 2024, el total de las dos asignaciones incluía unos $6 millones adicionales por zona austral, debido a que el domicilio declarado era en Santa Cruz, aunque la exmandataria no residía allí. Ese punto derivó en una denuncia penal. Se descuenta que, al cumplir prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires, ese adicional no será restituido.
Sin ese plus, el monto de la prestación que los jueces ordenaron reponer había sido, 17 meses atrás, de $9.658.606,27. Fuentes del caso estiman que la cifra actual sería similar, aunque estos beneficios se actualizan mediante mecanismos no públicos.
En la resolución de la Cámara que concedió la cautelar se sostuvo que debía prevalecer el carácter alimentario del derecho en juego y la situación de desprotección generada por la baja dispuesta por la Anses.
El antecedente del doble beneficio
Cristina Kirchner había percibido en simultáneo dos beneficios tras finalizar su mandato: la asignación como ex presidenta y la pensión como viuda. Durante el gobierno de Mauricio Macri, se suspendió uno de ellos por incompatibilidades previstas en la ley 24.018.
Sin embargo, en marzo de 2021, la entonces titular de la Anses, Fernanda Raverta, restituyó el pago del beneficio suspendido en medio de un litigio judicial.
La normativa establece que la asignación de expresidente es incompatible con cualquier otra jubilación o pensión. Aunque no lo menciona de manera explícita, la propia ley define como pensión la asignación por viudez de un exmandatario, lo que abre la discusión sobre el cobro simultáneo.
Más allá de ese debate, la resolución que dio de baja los beneficios en 2024 argumentó que no corresponde percibirlos en caso de haber cometido un delito en ejercicio de la función pública que da origen a esas prestaciones.
La cuestión del doble cobro continúa en otra causa judicial aún abierta, impulsada por la ex diputada nacional Graciela Ocaña, quien presentó un recurso de queja ante la Corte para evitar el archivo del expediente tras la decisión administrativa que había habilitado el pago simultáneo de ambos beneficios.
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