Tuvieron que transcurrir 15 años para que un ministro tucumano volviera a ser interpelado por la legislatura provincial.
La falsa mirada optimista, más próxima a la facción que lidera el vicegobernador Osvaldo Jaldo, plantea este hecho como un “despertar republicano”, como un regreso a la normalidad democrática, con efectiva división de poderes mediante.
La falsa mirada pesimista, más próxima a la facción que lidera el gobernador Juan Manzur, presenta este acontecimiento como “una traición”, como una maniobra desestabilizante, cuyo objetivo es horadar la gestión del gobierno.
Es la popular metáfora excluyente que plantea que unos ven el vaso medio lleno (optimistas), mientras que otros lo ven medio vacío (pesimistas).
Existe incluso una tercera interpretación, que reflexiona que aún un vaso que está totalmente vacío, está a la vez, según cómo se observe, lleno de aire, de oxígeno, de partículas de vida. Este sería el caso de los hiperoptimistas.
Las diferentes interpretaciones son posibles gracias a lo que llamamos subjetividad, que es el componente del pensamiento relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto que realiza la observación.
Es lo opuesto a la objetividad. Sabemos que los pensamientos objetivos puros no existen, ya que los objetos no piensan.
La hipótesis del vaso medio lleno y medio vacío fue formulada por el doctor Alexander Sebastian Mastropiero, y por eso se le llama “principio de incertidumbre de Mastropiero” o “principio de indeterminación de Mastropiero”.
El doctor Mastropiero (distinto de Johann Sebastian Mastropiero, el personaje ficticio de Les Luthiers) explicó que la incertidumbre subjetiva ocurre porque “el proceso de pensar está inexorablemente ligado a la memoria, recuerdos, experiencias y conocimientos de las personas involucradas, que -como entes individuales- normalmente discurren por experiencias distintas”.
El cuadrilátero
Existe una tercera interpretación, de la que nos hacemos cargo, acerca de esta sorpresiva e histórica interpelación (le cabe el adjetivo “histórica”, ya que no ocurría desde hace 15 años) y es que no se trató de un despertar republicano o de un regreso a la normalidad democrática, ni tampoco de una traición o de una maniobra desestabilizante. Es decir, que las dos facciones mienten.
Esta puesta en escena mediática, de más de 11 horas de duración efectiva, además de varias semanas previas de discusión, especulaciones y chicanas, más las que proseguirán de ahora en más, no fue más que una interna partidaria que utiliza a las instituciones republicanas como un cuadrilátero de boxeo.
La democracia -y su indispensable división de poderes fiscalizantes- no funciona en Tucumán desde hace más de dos décadas.
No se trata de una interpretación subjetiva, propia del principio de indeterminación de Mastropiero, sino de un dato concluyente: de no haber una puja ególatra entre el gobernador y el vice no habría existido interpelación alguna.
De hecho, podrían haber pasado otros 15 años más sin que este hecho -normal en todo el mundo democrático- se hubiera producido.
Más aún, esta interpelación confirma, una vez más, que la política partidaria -muy distinta de las políticas públicas- ha tomado por asalto al Estado tucumano.
Sin pretender hacer leña del árbol caído, resulta alarmante, angustiante y hasta vergonzante, que en una provincia en ruinas, con tantas urgencias gravísimas, nuestras autoridades consuman sus energías y sus escasas competencias en dirimir ambiciones personalísimas.
Una interpelación a un ministro del Poder Ejecutivo, como herramienta de fiscalización democrática, es un mecanismo muy valioso, ya que le permite a la opinión pública, y a los otros poderes, conocer en profundidad y en detalle las acciones de una cartera de gobierno.
Sin embargo, su objetivo se invalida per se, en tanto surge de una lucha intestina de poder, y no en un contexto de debate político en torno del progreso social o de una sincera búsqueda de soluciones a los graves problemas que asfixian a la gente.
El negocio
La política partidaria -curiosamente, en una provincia donde los partidos políticos, la base primaria de una democracia, agonizan- ha secuestrado al Estado y a sus instituciones.
La mayoría de los 49 legisladores que el jueves interpelaron al ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, llegaron a ocupar sus bancas a fuerza de acoples (PyMEs políticas); costosa logística; reparto de planes sociales, bolsones de comida y otras ayudas; cooperativas de trabajo, que en algunos casos son sólo un sello; y un masivo dispendio de empleos públicos, en gran parte de bajísima o nula productividad.
Todos estos ítems que se conjugan en carísimas campañas electorales se financian, en gran parte, con fondos públicos desviados del presupuesto provincial, y en menor medida, con aportes del sector privado, a modo de “préstamo” para futuros beneficios o negocios con el Estado.
Así llegamos a que el Estado funciona como un gran partido político, sin ideologías ni proyectos colectivos, cuyo principal objetivo es seguir subvencionando a estas PyMEs de la política para que la rueda de la fortuna siga y siga girando.
Y las campañas son cada vez más onerosas (la de 2019 fue la más cara de la historia, triplicando los costos de 2015) porque el proselitismo ya es un negocio en sí mismo, dentro del gran negocio de la política.
Puede parecer una paradoja que las campañas electorales sean cada vez más costosas en una sociedad que está cada día más empobrecida, pero no es paradojal, es consecuencia una de la otra.
En 2019 cada acople gastó entre 80.000 dólares ($12 millones), los más chicos, los menos conocidos, y 200.000 dólares ($30 millones), los más grandes, que en general son los que consiguen bancas (LA GACETA, 23 de abril de 2019).
Con una dieta de $131.000 mensuales, un legislador reembolsará en sus cuatro años de mandato $6,2 millones. Aún no teniendo ni para comer, vestirse, curarse, educarse y sostener a su familia, si destinara el 100% de su sueldo no llegaría a pagar la mitad de lo que gastó en la campaña, siendo un acople “chico”, y ni la quinta parte de lo que invirtió, si es un acople “grande”.
La decadencia
Por este motivo en Tucumán no existen leyes de transparencia ni de acceso a la información pública y los tres poderes se niegan sistemáticamente a mostrar sus gastos reales.
Hasta la Corte Suprema le da la razón a la Legislatura, siempre que este poder se niega a revelar su presupuesto, cuántos empleados tiene y cómo usa el dinero de la gente.
Por esto, también, es que desde hace 15 años que no se interpelaba a un ministro. Cuanto menos se sepa, mejor. El oscurantismo es una parte imprescindible en el secuestro del Estado y de sus instituciones. No existen dictaduras ni totalitarismos transparentes; sería un oxímoron.
Al margen de que la exposición de Lichtmajer el jueves fue buena y enriquecedora, no fue una interpelación con el fin de mejorar la gestión educativa, fue sólo parte de la lucha por la riqueza entre Manzur y Jaldo.
¿En serio vamos a creer que después de más de 20 años del régimen Alperovich-Manzur-Jaldo a nuestra Legislatura de golpe le interesa la educación?
Ojalá los ciudadanos fuéramos testigos de varias interpelaciones cada año, como ocurre en las democracias que funcionan, donde el electorado realmente premia o castiga con su voto a una administración.
Con este sistema electoral y político que privatizó y secuestró al Estado esto no ocurrirá.
Las interpelaciones volverán al subsuelo de la política el mismo día en que se defina la interna en el peronismo.
Y al gobierno nacional, que está enviando a sus ministros para respaldar a Manzur, tampoco le interesa la suerte de los tucumanos. Sólo importa cuidar a un aliado en ese entramado que es la corporación política, esa organización que viene fundiendo a la Argentina desde hace décadas, sobre todo en un momento de gran debilidad del Presidente.
Ya no quedan espacios para subjetividades ni para interpretaciones facciosas. El vaso no está ni medio lleno ni medio vacío, el vaso está roto.