Juan Manzur terminó la semana como la había previsto: gestionando. La llegada de vacunas le abrió otra vez la posibilidad de bajar el tono de las críticas sociales contra su administración y también reforzar algo que le prometió al presidente Alberto Fernández, en el zoom previo al confinamiento de nueve días que hoy llega a su fin: pagar los costos políticos que, hasta ahora, sólo eran asumidos por la Casa Rosada. Es verdad, fue el mensaje fue general, para todos los gobernadores, pero mucho más para el sanitarista.

Manzur trató de mostrarse inflexible con las medidas para contener la segunda ola de contagios en Tucumán. Miró hacia el oeste y encontró la airada reacción de comerciantes y de un concejal del PRO (Álvaro Apud) en contra de las medidas nacionales. Automáticamente potenció sus quejas contra el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, dispuesto a flexibilizar públicamente, como hicieron otros distritos, la atención de los comercios no esenciales. El jefe municipal sintió el impacto de la furia del mandatario y salió a rechazar los escraches en la residencia del titular del Poder Ejecutivo, ubicada en el municipio que gobierna. Manzur inscribió esa reacción en el marco de los cuestionamientos que el núcleo duro del macrismo realiza contra el oficialista Frente de Todos.

Campero, vía Concejo Deliberante, avanzó con la aprobación de determinados beneficios fiscales, en línea con el Municipio capitalino y con los anunciados por la Casa de Gobierno. Pero el radical no adoptó el mismo criterio con la intención de los concejales de flexibilizar el horario de atención comercial en Yerba Buena. Se elevó al cierre de la semana administrativa, por lo que la decisión tomada por el cuerpo en mayoría devino en innecesaria y tardía.

El hombre miró hacia el este provincial. Los operativos en Banda del Río Salí desempolvaron la puja entre Manzur y las huestes del vicegobernador Osvaldo Jaldo. El fiscal Marcelo Leguizamón inició una causa por violación del decreto presidencial de confinamiento y citó para mañana a seis ediles que deberán presentarse en sede judicial con DNI en mano. Casi en paralelo, habrá presencia en la Legislatura con un probable pedido de juicio político contra Leguizamón que impulsarían, entre otros, los ediles bandeños citados en Tribunales.

“El fiscal Leguizamón incurrió en un gravísimo exceso de atribuciones”, embistió el vicegobernador Osvaldo Jaldo, en una defensa a uno de sus alfiles políticos, el intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros y a los concejales citados por la Justicia que, según el jaldismo, no llegaron a sesionar para tratar el proyecto de ordenanza. “Negar la autoridad al Presidente de la Nación y las normas constitucionalmente emitidas merece el mayor de los repudios”, contestó el legislador manzurista Gerónimo Vargas Aignasse, que defendió el procedimiento del fiscal Leguizamón.

El jaldismo desconfía. Independientemente de cumplir con el confinamiento, sus referentes señalan que no hubo el mismo celo en el accionar político y judicial contra otros distritos que también flexibilizaron el comercio no esencial. Mencionaron el caso de Monteros o de Lules y también el de Yerba Buena. La reacción de la Casa de Gobierno contra los dichos del vicegobernador no encontraron eco en la bancada Justicialista para Todos. El silencio de esos jaldistas no fue casual. Cualquier declaración pública hubiera sido motivo de pedidos de excusaciones, porque algunos de ellos integran la comisión de Juicio Político de la Cámara.

La interna, otra vez, está al rojo vivo, como la ola de contagios de Covid-19.