Los crímenes perpetrados contra los niños son el límite de todo discurso. Nada significan “progreso”, “moral”, “cultura”, “ética” ni “evolución” ante una pequeña vida truncada por el maltrato, por la desnutrición, por el abuso sexual, por el abandono, por el asesinato. Someter a cualquier persona, pero especialmente a los chicos a semejantes escarnios nos interpela como “humanidad”.

De la misma manera, el horror al que se ve sometido un menor interpela al Estado. A sus poderes. A sus organismos. Y a todo discurso oficial.

El reciente femicidio de Rocío Rojas es, por desgracia, tan sólo un caso que expone que no importa las justificaciones que pretendan brindar las autoridades, nada podrá reparar las consecuencias de que no se obró como era debido. La madre de la pequeña sostiene que cuando ella se encontraba convaleciente tras ser sometida a una operación, la madrina de la niña presentó una denuncia falsa en su contra por maltratos y le quitaron la tenencia de la niña. Fue a parar a un asentamiento de emergencia en Lules. La mataron, presuntamente, para tapar las huellas de la violencia física y del abuso a que era sometida. La Justicia explica que pidió informes a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) de la provincia, la cual sólo respondió el viernes pasado, cuando ya la investigación había determinado que Rocío había tenido el peor de los fines posibles. La mamá de la niña también dijo que peleó por recuperar a su hija, pero que no fue escuchada en Tribunales.

El trabajo de la Dinayf ya fue cuestionado el año pasado con el caso de la pequeña Erika, entregada de manera irregular al cuidado de sus abuelos. La niña falleció como consecuencia de los castigos físicos descomunales que recibía. La abuelastra de la niña fue imputada por el homicidio, pero la Fiscalía que estuvo a cargo del caso pidió que se investigara a los responsables del organismo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, dado que vecinos del asentamiento donde tenían a Erika habían denunciado los malos tratos que le prodigaban, pero de nada sirvió. La causa se encuentra en el fuero Conclusional y sólo se sabe que “está en trámite”.

A estas dos tragedias se suma el caso de L.B., que pasó tiempo internada como consecuencia de maltrato y abusos sexuales a que la sometían. Su situación se conoció cuando dos tíos que tenían la guarda legal la llevaron a un centro asistencial de Alberdi. Hay nueve imputados, todos detenidos. Pero el caso salió a la luz en enero de 2020, no hay condena aún, y muchos de los acusados ya gozan de la prisión domiciliaria. Otra vez, las presuntas irregularidades de la Dinayf quedaron en el centro de la escena. Una funcionaria municipal declaró que, en vano, dos veces elevó informes requiriendo la intervención del organismo. La coordinadora del área sur, fue imputada por presunto incumplimiento de los deberes a su cargo. Pero la causa no llegó a juicio aún.

Cuando estalló el caso de Érika, la Legislatura convocó a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social para que brindaran explicaciones. Después, nada ocurrió. Esta semana convocaron a funcionarias de la Dinayf. Y se presentaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo, a la Corte y al Ministerio Público Fiscal.

El cuadro de situación es la laxitud de las autoridades estatales frente al agravamiento de verdaderos escarnios sociales que sólo tienden a recrudecer en un contexto de pobreza creciente, pandemia incesantes, cuarentena económica, desempleo sin reversión y marginalidad en escalada. La Justicia es lenta. No se sabe si la Dinayf en particular o el Ministerio de Desarrollo Social en general están desbordados porque no hacen público un diagnóstico acerca de su situación. Y la Legislatura va detrás de los hechos, con procedimientos burocráticos y declaraciones políticamente correctas.

Mientras tanto, el Estado tucumano paga unos 120.000 sueldos. Es decir, hay un empleado público cada 12 habitantes. Queda claro, entonces, que recursos humanos no faltan.

Urge conformar una mesa de trabajo entre los tres poderes para atender esta situación. Ya alertó ayer el Equipo de Adopción que las condiciones están dadas para que estos horrores se reiteren.