Como ciudadana y consecuentemente, integrante del Estado argentino, me dirijo a las autoridades políticas y/o judiciales que correspondan, solicitando explicaciones debidamente fundamentadas respecto de la decisión judicial de decretar la quiebra de Correo Argentino, por “indicación” del Procurador del Tesoro Nacional, el Sr Zannini (el mismo que se vacunó indebidamente, camuflado como personal de salud). Se dice que la mayoría de los acreedores aceptó el pago de la deuda ofrecido por la empresa, pero fue rechazado por el Estado, acreedor mayoritario, aduciendo que ese ofrecimiento no se correspondía con el verdadero monto de la misma. Todos los ciudadanos somos el Estado, o sea, acreedores de Correo Argentino y, además, al estar involucrado un expresidente, se torna inexcusable la publicación clara y detallada de la decisión judicial, adjuntando pericias, auditorías e historial, desde la concesión de la empresa hasta nuestros días. Si bien, se supone que son los funcionarios y jueces los encargados de dictaminar en representación del Estado, la situación es lo suficientemente confusa como para que la ciudadanía solicite una exposición pública a fin de poder determinar el beneficio o perjuicio que la decisión judicial representa para todos nosotros. Hagamos valer nuestros derechos como ciudadanos.
Ana Lía Toledo
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