Una situación singular se dio en nuestro sistema penal la semana pasada, cuando la víctima de un delito levantó la denuncia por un robo de bicicleta al recibir un pedido de disculpas del joven ladrón. El hecho se inscribe dentro de lo que se llama “justicia restaurativa”, que se aplica en la provincia desde que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Los argumentos de la víctima para perdonar –“una caricia, después de haber recibido tantos golpes, puede generar un cambio”- da que hablar en un medio habituado a la violencia.

Ciertamente, el caso es menor en el registro de los daños a las personas y a la propiedad en una provincia azotada por la inseguridad desde hace tiempo, pero no por ello carece de importancia para quien padeció el hurto. Se trataba de un objeto conseguido con mucho esfuerzo por el hijo de la víctima, la cual ya había sufrido en otra ocasión otro ataque que bien podría haber sido justificativo para una reacción extremadamente sensibilizada ante el robo. Sin embargo, la mujer, que trabaja en asistencia social, al escuchar en la audiencia para imputar cargos que la situación del menor y de su familia era extremadamente vulnerable, y que él mismo y su madre habían estado tratando infructuosamente de gestionar su internación para tratar su adicción, razonó que acaso era posible dar otra oportunidad al muchacho arrepentido.

El nuevo código permite que la víctima y el victimario estén cara a cara (en este caso, vía virtual) y por ello es que no sólo se pudieron escuchar en la audiencia las explicaciones de los técnicos que hicieron las pericias, sino las razones de todos. “Acepto tus disculpas, pero quiero que respetes mis derechos y los de mis vecinos. Por eso te pido que no te acerques al barrio”, le dijo la víctima. “También quiero decirles a vos y a tu mamá que estás a tiempo de hacer un montón de cosas para cambiar tu realidad. A la cabeza sólo me viene una sola palabra: oportunidad. Esto puede revertirse, pueden marcar la diferencia haciendo las cosas bien”. En conversación con LA GACETA, la víctima lamentó que la sociedad está enojada y triste. “En estos tiempos se está viviendo una situación bastante difícil. Está la gente laburante y los vulnerables. Las diferencias son muy grandes y eso está generando un resentimiento tristísimo”, dijo, y señaló la importancia de que se pueda ayudar a quien expresa arrepentimiento. “Ojo, no es un inocente, no justifico lo que hizo, pero hay que apostar por un cambio para que tengamos una sociedad mejor”.
La actitud de la víctima requiere, por cierto, acompañamiento de las entidades responsables para que los programas que importan la “justicia restaurativa” funcionen adecuadamente. El juez del caso dictó una medida de prohibición de acercamiento a la víctima y a su barrio durante seis meses y ordenó que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) constate cuáles son los derechos vulnerados del joven (educación, salud y vivienda) para restituírselos, darle asistencia psicológica y que sea rehabilitado de sus adicciones. Destacó que casos como este permiten “que la comunidad cambie su mirada frente al ofensor y lo conciba como parte integrante de ella, facilitando el proceso de construcción de comunidades más pacíficas y evitando el incremento de litigiosidad y sobre todo los efectos negativos que pudieran resultar del encierro”. Se trata de un enfoque de mucho interés, una vía más de resolución del conflicto penal.