Tucumán tiene un problema económico estructural relacionado con la competitividad, que impide liberar la potencialidad de desarrollo del sector privado. De esta manera, un grupo de profesionales y académicos, convocados por el Arzobispado de Tucumán a través de la Mesa del Diálogo, planteó una situación que posterga a la provincia respecto de otros distritos del país y que se evidencia en preocupantes indicadores socioeconómicos. La productividad es el principal factor que conduce al crecimiento y aumenta los niveles de ingresos. Y los niveles de ingresos están relacionados estrechamente con el bienestar humano. Básicamente, el aumento de la competitividad significa aumento de la prosperidad, definieron los autores del trabajo “En busca de competitividad fiscal para una mayor producción, inversión y empleo” que promueve, entre otras medidas, una modificación del sistema impositivo tucumano, con el fin de mejorar aquellos índices, captando además más inversiones que redunden en una reactivación del mercado laboral.

El Ministerio de Economía de Tucumán, a través de un informe técnico elaborado por la Dirección General de Rentas, no sólo ha negado que la provincia sea la jurisdicción con mayor presión impositiva de la Argentina, sino también que rechazó las propuestas y sugerencias elevadas por los referentes del sector privado. Asimismo, cerró la posibilidad de que el esquema tributario vigente sea modificado. En las cámaras empresariales cayó pesadamente la contestación del organismo recaudador respecto de la visión integral que los expertos han expuesto en el documento. “Muestran un es escaso conocimiento de la estructura primaria del principal impuesto (Ingresos Brutos) y, en particular, de la dinámica del régimen del Convenio Multilateral y su fuerte incidencia en la recaudación provincial”, indica la resolución de Rentas.

Más allá de las cuestiones técnicas, el Gobierno debería abrir las conversaciones con aquellos que representan a distintos sectores de la economía, con el fin de analizar las sugerencias y establecer, con esa mecánica, si son viables para ser aplicadas en el tiempo. La presión tributaria suele el correlato del nivel de gasto público de un país. Un tamaño del Estado creciente debe ser financiado por alguna vía, y una de las principales es la presión tributaria. Pero ese mismo Estado debe tomar en cuenta el contexto económico en el que se mueven los contribuyentes. La Argentina lleva una década sin crecimiento, con una inflación galopante que carcome aceleradamente el bolsillo de los argentinos. En gran parte de los países del planeta, uno de los fundamentos para establecer si un determinado nivel de carga tributaria es razonable o no tiene que ver con la calidad y la cantidad de los bienes y servicios públicos que brinda el Estado a lo largo del tiempo. La clave pasa por la valoración que tenga la sociedad acerca de estos bienes y servicios provistos por el Estado, y si se condicen con el nivel de presión tributaria en un momento dado y a lo largo del tiempo.

La Argentina en general y Tucumán en particular necesitan encarrilar su actividad económica para captar más inversiones que impliquen una reactivación del nivel de empleo y, de ese modo, bajar la pobreza a cuatro de cada 10 habitantes. Una parte de la solución está relacionada con la carga impositiva que se aplica al sector privado y otra en la conducta que un Estado debe tener a la hora de gastar, con responsabilidad fiscal. A partir de esos conceptos podrá establecerse si los impuestos son justos, más allá de las necesidades recaudatorias de un Gobierno.