El Pozo de Vargas tiene más secretos para contar. Ya alumbró las identidades de 116 personas que habían sido arrojadas allí entre 1975 y 1977, durante el último gobierno militar. Pero aún falta saber más. ¿Funcionó allí también un centro de tortura de detenidos desaparecidos?, como sospecha el perito arqueólogo Luciano Molina? Imposible determinarlo.
Primero habrá que terminar los trabajos de arqueología forense que comenzaron hace 20 años. La labor es lenta. Sólo han quedado dos peritos, del equipo de un principio, el resto fue abandonando el proyecto por falta de pago. El Estado nacional les debe dos años de honorarios. Las obras dentro del pozo se paralizaron en 2016 por falta de presupuesto.
Desde abril de 2002, cuando comenzaron las tareas en el Pozo de Vargas, ubicado en un predio de Tafí Viejo, se identificaron los restos de 116 personas. Pero el trabajo tiene una gran complejidad.
Si bien los familiares de desaparecidos siempre denunciaron que víctimas del terrorismo habían sido arrojadas al Pozo, la denuncia formal fue efectuada por el dirigente Enrique Romero ese año.
“Dentro del total de víctimas hay un par de gemelos y dos pares de hermanos”, cuenta Josefina Molina. “A mi papá (Dardo Francisco Molina, ex vicegobernador de Tucumán) lo identificaron en 2014 por dos piezas dentarias y un fragmento de cúbito izquierdo. No se puede hablar de cuerpos, son todos fragmentos óseos. El Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) ha enviado 36.500 fragmentos óseos de diferentes esqueletos al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en Buenos Aires para el estudio de los datos genéticos. El EAAF trabaja con un laboratorio de Estados Unidos y otro de Córdoba para los diferentes análisis”, explica.
Se estima que en total fueron arrojados al pozo, según el EAAF (que fue el primer equipo que trabajó en el lugar), 148 cuerpos de hombres y mujeres. Es la fosa común clandestina más grande encontrada en el país.
“Llegamos a una napa”
“A finales de 2016 estábamos ya a 34 metros de profundidad (sobre un total de 40) cuando nos dimos con una napa de agua que imposibilitó continuar con las excavaciones en el interior del pozo. Había que poner una bomba para extraer el agua. Pero no había presupuesto. De todos modos habíamos sacado centenas de fragmentos que nos servían para seguir trabajando fuera del pozo. Por eso los trabajo no se detuvieron hasta entrado el 2018”, relata el perito Molina.
“Cuando terminamos el estudio de los fragmentos, en 2018, la napa seguía ahí y el Estado no había invertido nada en la bomba. (Los fondos los libera el Consejo de la Magistratura y llegan desde el Juzgado Federal n° 2 por tratarse de causas de crímenes de lesa humanidad). Entonces propusimos hacer unas pericias arqueológicas en las inmediaciones del pozo, ya que había una serie de evidencias materiales que nos llevaban a pensar que no sólo había allí un pozo de inhumación clandestina, sino que también podría haber sido un lugar de exterminio donde se torturaba y mataba a la gente y después se la arrojaba adentro del pozo”, explica Molina.
“Elevamos un informe pero del Juzgado nos contestaron que esa no era nuestra tarea, que nos centremos en el pozo. Pero como no había fondos para solucionar reducir la napa nos dedicamos al mantenimiento de las instalaciones, a medir la napa y a recibir visitantes”, cuenta Molina.
Hace unos días, el periodista David Correa visibilizó en eldiarioar.com el atrasoen los pagos de dos años (2020 y 2021) a los peritos. “Siempre nos pagaron con un año de mora. En febrero de 2021 habilitaron dos peritos, a Ruy Zurita y a mí para que hacer mantenimiento y recibir gente pero no nos pagaron los honorarios”, se lamenta Molina, que sigue trabajando sin siquiera cobrar viáticos. Su trabajo es parte de su tesis de doctorado. LA GACETA lo entrevistó por teléfono. El estaba en la puna jujeña haciendo un trabajo para poder sobrevivir y volver rápidamente a Tucumán a seguir esperando que el Estado haga honor a las palabras “memoria” y “justicia”.
Última identificación
Ana María Rodríguez Belmonte, una joven de 19 años que desapareció junto a su novio
Aunque las tareas en el Pozo de Vargas se paralizaron hace más de cinco años, los peritos habían logrado extraer bastante material para seguir estudiando. Ello posibilitó en 2021 identificar los restos de Ana María Rodríguez Belmonte. Era una chica de 19 años desaparecida en enero de 1976, según el legajo SDH2504. La secuestraron en la provincia de Salta, junto con su novio, Otto Stranka, y llevados al centro de Arsenales Miguel de Azcuénaga. Ambos militaban en Montoneros.