Todo cambio genera resistencia, sobre todo cuando modifica costumbres muy arraigadas en la sociedad. También puede desatar polémicas, enojos, temores, incertidumbre. Esto ocurre con el Estacionamiento Medido que implementó hace pocos días la Municipalidad capitalina.

“Desalentar el uso innecesario de vehículos particulares y su ingreso al área céntrica, evitar congestionamientos y disminuir la contaminación motivaron esta medida, que apunta a priorizar al peatón”, sintetizó el municipio en su página web oficial. El cobro y la fiscalización del sistema está a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), con experiencia en diferentes provincias y ciudades del país, entre estas Rosario, donde funciona desde hace dos décadas. La UTE que ganó el proceso licitatorio para la concesión del servicio está integrada por las empresas Teknoware SA y Tecnoagro Vial. Otro objetivo es promover un mayor uso del servicio de transporte público.

Esta nueva medida forma parte del plan de acciones tendientes a disminuir la circulación de vehículos que utilizan combustibles fósiles, son ruidosos y ocupan demasiado espacio, mientras se promueven medios alternativos más saludables y menos contaminantes, en un sector que ha sido colapsado con el tiempo. El proyecto se inició con la creación de semipeatonales en el área neurálgica de la capital, proceso que está pronto a finalizar en calle Laprida y pronto a comenzar en Maipú.

El “Estacionamiento Medido” abarca unas 300 cuadras del micro y macrocentro, tiene un precio equivalente a medio litro de nafta súper por hora ($61,50 a precio de hoy) y la mitad para las motos. Según la ordenanza 4758/154, el municipio percibirá el 15%de lo recaudado.

Uno de los principales reclamos que surgieron entre automovilistas y motociclistas fue precisamente el costo que tiene esta medida para la gente. Justamente, si resultara muy económico no cumpliría con el propósito de que algunos vehículos ingresaran al centro sin necesidad y los conductores los dejaran estacionados por horas en la calle.

La capital tucumana es una de las pocas ciudades importantes donde ocupar un espacio en la vía pública era prácticamente gratuito. Como consecuencia, de manera anárquica y desregulada el cobro del estacionamiento callejero era controlado por personas informales, denominadas “trapitos”. Varios detractores de la medida argumentaron que se estaba “privatizando” el estacionamiento callejero, planteo que es discutible, puesto que era notorio hasta ahora individuos en situación informal y sin control estaban lucrando con el espacio público.

Poco o mucho -monto que deberá debatirse con los estudios de costos de cara a la sociedad- ahora el Estado recaudará lo que le corresponde, mientras una concesionaria, con probada reputación en ciudades importantes, se encargará de ordenar el estacionamiento, clarificar las cuentas y, de paso, ordenar el tránsito, hasta ahora en manos de grupos desconocidos.

Sin dudas, y más en momentos de tamaña crisis económica, las autoridades deberán buscar una solución y alternativas laborales -formales y transparentes- para los llamados “cuidacoches”.

Quedan no pocos grises, como qué se hará con los frentistas que tienen vehículos pero no garaje y deben dejar sus autos en la calle, o como ciertos sectores de trabajadores que se ven directamente afectados porque sus bolsillos no están a la altura de la nueva medida. Sin dudas restan varios puntos por resolver o mejorar, pero consideramos que se trata de un buen comienzo para empezar a ordenar un problema serio que afecta a la capital.