El Gobierno nacional, a través de la secretaría de Derechos Humanos, presentó un habeas corpus preventivo y colectivo para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) orde retirar a la policía de la puerta de las escuelas tomadas.

El organismo, que encabeza Horacio Pietragalla, señaló que los jóvenes "no pueden ser imputados de ninguna contravención y se encuentran ejerciendo sus derechos".

Toma de escuelas porteñas: "Los padres son responsables y van a tener que hacerse cargo", afirmó Larreta

"Lo que se denuncia es la amenaza a la libertad personal que implica la presencia policial en la puerta de los establecimientos educativos cuyos estudiantes se encuentran en jornadas de protestas por diferentes reclamos no respondidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", señalaron en la nota judicial.

Además, agregaron que, de acuerdo con fotos, videos y una nota periodística, "los policías -además de verificar quién ingresa y sale de los colegios- sacan fotos de los/as estudiantes, graban videos y les requieren información".

El hábeas corpus preventivo y colectivo fue presentado por Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, que encabeza Mariano Przybylski.

El Gobierno porteño denunció a los padres de los alumnos que tomaron las escuelas

Las autoridades consideraron que los estudiantesson "mayoritariamente menores de edad, que no pueden ser detenidos/as ni imputados por supuestos contravenciones". Es por eso que, desde la Secretaria de Derechos Humanos, calificaron de "intimidatorio" y amenazante" el efecto de la presencia policial, que buscaría -afirmaron- que los estudiantes "cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades".

Causas contra los padres

También la Secretaría de Derechos Humanos informó que le envió una nota formal a la fiscal María Laura Presedo para frenar las causas que la Justicia de CABA les está abriendo a los padres de los alumnos que toman escuelas tras una denuncia del Ministerio de Educación y de la Procuración General.

Como parte del procedimiento, la Policía porteña se presentó en los domicilios de los padres de los estudiantes para notificarlos del inicio del expediente por violación al Código Contravencional y reclamarles resarcimientos económicos.

Ahora, el Gobierno nacional cruzó a la Justicia de la Ciudad. "El más elemental principio de legalidad impide sancionar o tan solo imputar a padres ‘que no retiran a sus hijos’, como se pretende hacer en la causa a su cargo".

Asimismo, subrayó que "respecto a la conducta desplegada por los/as estudiantes, las mismas tampoco resultan punibles por ser éstos/as menores de 18 años y estar actuando en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo (cfr. Art. 11 del Código Contravencional)".

"Nos encontramos frente al inicio de una causa contravencional carente de sustento jurídico, que pareciera tener como único objetivo causar miedo y disciplinar a padres y alumnos/as, al ser visitados temerariamente por personal policial en sus propios domicilios", señaló la nota.