Una tela colgada en la medianera del Canal 5 de Rosario (Santa Fe) acongojó a la prensa y elevó la preocupación acerca de la seguridad de los periodistas expuestos a las fauces del narcotráfico. El cartel avisa que habrá muertes si “no dejan de condenar y ensuciar a los pibes con la lengua”. Si bien el mensaje que advierte que “con la mafia no se jode” apareció en las instalaciones de Telefé Rosario, el amedrentamiento está dirigido “a todos los medios” de comunicación de la ciudad.

No es la primera amenaza que recibe el periodismo local por cubrir los hechos de violencia que involucran al crimen organizado. Periódicamente, las voces del narcotráfico lanzan advertencias dirigidas a aterrorizar a la prensa y, por añadidura, a incrementar el clima de degradación imperante en Rosario, donde los clanes dedicados al tráfico de droga avanzaron de un modo inédito en las últimas décadas, y luchan por imponer su ley de balas y de fuego ante la pasividad e impotencia llamativas de las autoridades públicas. Las señales emitidas por parte de quienes se valen de sicarios y han concretado numerosas venganzas letales no consiguieron hasta el presente conmover a quienes asumieron la responsabilidad de cuidar a la población y de proteger el Estado de derecho. El crecimiento de las bandas armadas criminales presagia una reducción de las libertades en general, con las de expresión y de prensa a la cabeza, porque el imperio de la regla del más fuerte es incompatible con la existencia de un periodismo decidido a contar lo que pasa y por qué pasa lo que pasa. Cuando el Gobierno, la Legislatura y el Poder Judicial han sido arrasados, lo que queda por delante es destruir a quienes exponen la labor de los mafiosos y de sus cómplices.

El periodismo profesional cruje en Rosario y en otras localidades del país. Muchas son las restricciones y grandes los temores que enfrentan los medios y sus redacciones, según los pronunciamientos de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), del Foro de Periodismo Argentino (Fope) y de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia). Ayer y al exigir el esclarecimiento urgente de la amenaza dejada en Telefé Rosario, el Sindicato de Prensa de Rosario recordó que el Ministerio Público de la Acusación, por medio de uno de sus fiscales, había desestimado hace poco una denuncia contra un abogado, Leopoldo Monteil, quien había tuiteado “el mundo será un lugar vivible cuando todos los días se ejecute un periodista: son el cáncer de la humanidad”.

La debilidad del Estado frente a los violentos deja cada vez más indefensa a la ciudadanía, que es la destinataria del servicio periodístico. Es hora de detener este ataque frontal e inadmisible a los derechos y a las garantías fundamentales de los particulares, y al contrato social. De ninguna manera puede considerarse que esto sea un problema de los rosarinos: existen ejemplos lamentables en América Latina y otros lugares del mundo que prueban que las olas criminales no conocen de fronteras y que, una vez que se enquistan, se extienden. Tampoco es un drama exclusivo de la prensa porque el objetivo consiste en plasmar el silencio: que nadie se atreva a cuestionar a las mafias y a quienes tendrían que controlarlas y castigarlas, y que imperen la represalia y la impunidad.

Callar ahora o subestimar la capacidad de acción del “narco” equivale a desaprovechar una de las últimas oportunidades antes de que se desate una guerra callejera como la que sumió a Italia en el infierno o como la que mantiene a México en un estado de coma institucional, donde, según la organización Artículo 19, entre enero y agosto de 2022 han sido asesinados 16 periodistas. Que este estado de alerta máxima sirva para torcer el rumbo de un destino doloroso y cruel, que mata la fe en la democracia como instrumento para lograr la paz y la justicia.