El Gobierno anunció que a partir del 1 de noviembre comenzará a aplicarse la Ley de Narcomenudeo en Tucumán, con lo que los tribunales provinciales también comenzarán a atender las causas sobre venta de drogas a menor escala. Y en la Legislatura siguen con atención todo el proceso de implementación de la normativa.
"Desde Fuerza Republicana (FR) hemos venido bregando desde hace ya muchos años sobre la necesidad de declarar la guerra a la delincuencia que hoy azota a la provincia. En éste entendimiento, desde la Legislatura hemos venido acompañando y apoyando los pasos necesarios para llegar a esta instancia de entrada en vigencia de esta ley", expresó el legislador Ricardo Bussi, jefe del bloque republicano.
A su criterio, no hay dudas de que "la Justicia federal no cuenta con los medios necesarios para encarar esta problemática". "La escases de juzgados federales, desde hace años cubiertos y subrogados por un solo juez, y la amplia competencia que los mismos tienen sobre otras cuestiones, les ha impedido hasta la fecha hacer llegar el brazo de la ley a los dealers que envenenan la vida de nuestros jóvenes", analizó.
Por eso, Bussi expresó su expectativa de que "el gobernador (Osvaldo Jaldo) tome la decisión política de erradicar de las calles a estos delincuentes". "Para ello, no solo se necesita la ley vigente (de Narcomenudeo); hace falta fundamentalmente coraje y compromiso, apoyo y capacitación a las fuerzas policiales, y jueces que estén a la altura de las circunstancias", indicó.
Agregó que en su espacio van a realizar "un férreo control del cumplimiento de la ley y de su ejecución". "Si bien por los antecedentes de los últimos años de gobierno peronista en la provincia no debería albergar grandes esperanzas de que esa decisión política del Poder Ejecutivo de combatir en serio a las mafias esté presente, ya que al Gobierno provincial nunca le interesó realmente declarar la guerra a la delincuencia; prefiero pensar que esa decisión debe estar presente en este caso, ya que la gravedad del momento impide a los responsables de la seguridad de todos los tucumanos seguir mirando para otro lado", advirtió el republicano.
"Es un avance importante"
Daniel Deiana, presidente de la comisión de Lucha contra las Adicciones de la Legislatura, destacó el anuncio de que "a partir del 1 de noviembre empieza a regir la nueva Ley de Narcomenudeo, que permite a la Justicia provincial y a las fuerzas de seguridad de la provincia la lucha contra el micro tráfico y la venta minorista de sustancias prohibidas". "Hasta aquí, esto era facultad exclusiva de la Justicia federal", indicó el legislador del Frente de Todos.
Deiana consideró que "la implementación de esta ley va a permitir seguir de acuerdo a una política pública, una política de estado en cuanto al consumo problemático", y "que la Justicia tenga elementos y disposiciones legales para que se pueda combatir tremendo flagelo que afecta (a la sociedad), y que lamentablemente avanza en todas las zonas de nuestra provincia".
"Está ley toma una comisión de interpoderes para que esta implementación sea cada vez más efectiva, y trabaja en cuestiones que van a evitar una mayor propagación del micro tráfico, como así también la prevención de quienes padecen está enfermedad", agregó.
En esa línea, sostuvo que "es un avance importante que fue impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo". "Y desde mi lugar como presidente de la Comisión de Adicciones significa un gran logro para toda la sociedad en esta temática", añadió.
Regino Amado (vicepresidente primero de la Legislatura, FdT)
“Nadie antes como lo está haciendo Osvaldo Jaldo, tanto en su gestión como vicegobernador como en la Gobernación, le ha dado tanta importancia a este tema, con distintas medidas concretas, y mediante el diálogo con los tres poderes del Estado, para que esto funcione de la mejor manera posible. Ya se observan a diario operativos de secuestros de drogas. Y esto va a tomar más impulso todavía, en la medida en que tengamos magistrados provinciales dedicados exclusivamente a este delito. Estamos en condiciones de empezar (a aplicar la Ley de Narcomenudeo), y todos tenemos que transitar este camino; no debe haber distinciones, porque desarticular estas bandas va a ser muy importante para nuestra provincia. Vamos a dar la lucha que el gobernador pretendía y que todos acompañamos”.
Raúl Albarracín (PJS-Juntos por el Cambio)
“El narcotráfico es el principal riesgo estratégico que tiene Tucumán de cara al presente y los próximos años. Necesitamos que esta ley tenga una aplicación seria y planificada al detalle, sin improvisar. El narcotráfico evolucionó de tal manera en los últimos años que ya no somos solo lugar de tránsito, sino que los cuatro estadios del tráfico de drogas están afincados en Tucumán. Somos lugar de consumo (con un crecimiento exponencial del mismo en los últimos 10 años); de tránsito (por ser atravesados como provincia por las rutas de los cargamentos que bajan de Bolivia a los puertos de Rosario y Buenos Aires); de producción (sin cultivos a gran escala, pero sí con cocinas de cocaína y de ahí el paco); de lavado de activos del narcotráfico (así lo demostraron numerosas causas judiciales en la última década). Debemos ver que hicieron mal las provincias que adhirieron a la ley 26.052 de ‘desfederalización’, para no repetir los mismos errores. El tema aquí será ver no a cuántos, sino a quiénes se arresta, juzga y condena”.
José María Canelada (UCR-Juntos por el Cambio)
“Las dilaciones que el gobierno tuvo con la implementación de la ley de narcomenudeo son incomprensibles. Por un lado hay un discurso de querer enfrentar a los vendedores de droga, pero en los hechos llevamos muchísimos meses sin que nada se haga efectivo. La realidad es que sigue habiendo vendedores de droga en la puerta de los clubes, de las escuelas, en las esquinas. Por eso no se puede posponer más esta herramienta. Con la aprobación de pliegos de los jueces subrogantes que deberán entender en estas causas esperamos que ya no haya más excusas. Y vamos a seguir exigiendo coherencia y que sea sincera la vocación de lo que dice el oficialismo en la lucha contra el narcomenudeo. Por eso le exigimos al gobernador que le ponga número a la ley que sancionó la Legislatura para sacar del Estado a aquellas personas que son descubiertas con vinculación en la venta de drogas. Es una deuda que nos genera dudas y que nos parece, cuanto menos, incoherente. ¿A quién protegen, que no ponen en vigencia una ley que saca del Estado a los sospechosos de narcotráfico?”