Un filicidio siempre conmueve a cualquier sociedad porque es un hecho que va en contra de la naturaleza: una madre debe proteger a su hijo, no matarlo. Pero cuando la protagonista es una policía que utilizó el arma reglamentaria, la impresión es mucho mayor porque la supuesta autora del hecho fue una mujer que debería cuidar a los tucumanos.

Mariela Medina intentó quitarse la vida después de cometer el crimen. Se transformó en la tercera persona de la Policía que se suicidó en poco más de un año. Desde 2008 en la fuerza existe un protocolo. Los efectivos deben ser tratados psicológicamente por al menos en cuatro situaciones:

- Los denunciados por violencia de género o doméstica.

- Los efectivos que resultaron heridos o lesionados cumpliendo con su deber.

- Los integrantes de la fuerza que hirieron o mataron a una persona en un procedimiento.

- Los policías que deben reintegrarse al servicio luego de una licencia.

- Los miembros de la fuerza que están atravesando por una crisis, llámese un proceso de divorcio o la pérdida de un hijo o de otro ser querido.

Hasta ahí podría decirse que la Policía respeta los cánones internacionales sobre cuestiones que tienen que ver con la salud mental de los uniformados. Pero eso es tan sólo una fachada. La realidad es otra: la fuerza cuenta con sólo cinco psicólogos y sólo dos de ellos están destinados a atender los efectivos que, con la última incorporación son más de 11.000.

Un golpe

El protocolo establece que los profesionales de la fuerza deben indicarles tratamiento psicológico a los efectivos que están afectados por cualquiera de estos cinco ítems, pero deben buscar a un particular para que los atiendan. Según denunció el ex presidente del Colegio de Psicólogos Roberto Marchetti, el Subsidio de Salud no cubre los tratamientos psicológicos y un uniformado debe destinar entre un 20% y un 30% de su sueldo para pagar las sesiones que deben realizar. “Pero además no hay que olvidarse que, como pasa en diferentes actividades, todos tienen un psicólogo amigo que les puede firmar el alta”, explicó un funcionario policial.

Mientras dura ese proceso, el efectivo puede ser licenciado o enviado a realizar tareas administrativas hasta que le devuelvan el arma que le quitaron por prevención. Con el alta bajo el brazo, se realiza una junta médica para que se resuelva su situación. El fiscal Ignacio López Bustos sugirió que se investigue por qué le quitaron y le devolvieron a Medina el arma con la que, supuestamente mató, a su hijo. Sospecha que hubo irregularidades en el control que le hicieron, no en el dictamen que realizó el grupo de profesionales.

La junta que evalúa cada expediente utiliza una escala técnica que va del 1 al 100 para calificar la situación de cada efectivo. Una persona que recibe un puntaje de 66 no puede continuar en la fuerza, pero nada asegura que los que están por debajo de ese punto estén en condiciones de volver al servicio y, mucho menos, portar un arma. Lo más grave: los médicos no tienen poder para definir la baja de un uniformado, sino que elaboran un informe para que los superiores lo analicen. Estas son normas que se rigen de la Carta Orgánica de la Policía, que tiene más de 50 años y que no se ajusta en lo más mínimo a la realidad de hoy.

Más problemas

Los dos psicólogos de la fuerza también son los responsables de analizar la conducta de los ingresantes. La última tanda fue de 600, por lo que es poco probable que se haya hecho un estudio serio. Pero además hay otra cuestión: están los “acomodados” que son incorporados por recomendación de algún dirigente político. En la fuerza es conocido cómo un intendente del este de la provincia pagaba un ómnibus para trasladar a los cadetes de la zona para que reciban el entrenamiento, por lo que es muy poco probable que no hayan sido incorporados después de semejante esfuerzo. En los últimos años se presentaron numerosos proyectos para tratar de solucionar el problema. Especialistas en la materia de recursos humanos y profesionales de la salud elaboraron su propuesta, pero hasta aquí ninguna fue puesta en práctica. Es más, algunos dicen que los miembros de la fuerza que plantearon esta situación fueron “freezados”, cambiándolos de funciones o, directamente, dados de baja. “El problema es que no estamos hablando únicamente de salud mental, sino del bienestar de los efectivos”, explicó un ex comisario. “Hay que ser realista: la sociedad no tiene una buena imagen de los uniformados, tampoco los quieren en sus barrios y, en muchos casos, ni sus propias familias”, añadió.

¿Cuántos psicólogos necesita incorporar la Policía? No se sabe ni hay una fórmula exacta. En Córdoba, en el 2008, contaban con 100 profesionales que asistían a los efectivos. Los especialistas sostienen que tampoco puede ser cualquier especialista. Tiene que entender la “cultura policial” y conocer su realidad para interpretarla. Lo que sí está claro que este no es un tema menor. Atenta contra la sociedad. Se estima que el 10% del total de la fuerza realiza tareas administrativas porque le retiraron las armas. Son más de 1.000 efectivos que deberían estar realizando tareas de prevención.