En la audiencia pública realizada en julio pasado en Tafí Viejo a propósito de la obra del nuevo acueducto Vipos-San Miguel de Tucumán, los vecinos y productores de la zona plantearon sus inquietudes con respecto a que con el nuevo conducto de agua no vayan a tener líquido para sus producciones. La respuesta fue ambigua: se les dijo que el acueducto, prioritario para el consumo humano, ya crítico en la zona de Tafí Viejo-Yerba Buena-Norte de la capital- no forma parte de un sistema de riego.
Les prometieron que se iba a considerar el tema en un futuro inmediato y que apenas se contemplaba la construcción de un pozo para Vipos. Dos circunstancias actualizan esa preocupación de los pobladores y permiten extenderla al resto de la provincia: el informe de los problemas para los cultivos por la falta de lluvias y las consecuencias de la sequía del año pasado, y los inconvenientes que se pueden presumir para la provisión de agua al campo a causa de las obras para reparar la dañada presa 3 del dique El Cadillal.
En efecto, el informe de la sección Agrometeorología de la Eeaoc detalló –según se publicó en nuestro suplemento Rural- plantea que a causa de la irregularidad de las lluvias entre diciembre y enero los valores marcados en el sector norte y este de la llanura fueron marcadamente inferiores a los valores de referencia, con lo cual se afectaron los cultivos de granos. Y si bien hubo valores más altos de lluvias en zona central y sur del piedemente, las elevadas temperaturas atentaron contra un normal desarrollo de los cultivos. Se añade que aunque las últimas lluvias (fines de enero y principios de febrero) trajeron alivio, no fueron suficientes y se sucedieron con nuevos períodos marcados por la sequedad y las extremas temperaturas. Añade que el almacenaje de agua registra valores muy reducidos.
A esto se añade la incertidumbre con respecto a la provisión de agua durante el tiempo en que se van a desarrollar las obras de arreglo en la presa 3 de El Cadillal, que tiene filtraciones y asentamiento de terreno. Se ha establecido, por un lado, que durante los arreglos el nivel del agua no debe superar la cota 601, lo cual, según se sabe, permitiría que se abastezca de agua potable a la población pero restringiría fuertemente el líquido para riego y para industria. El embalse dispone agua para regar unas 30.000 ha de las 132.000 ha empadronadas para riego y esas se verían afectadas. La superficie cultivada de la provincia es de alrededor de 650.000 ha. Por otra parte, para evitar que supere esa cota a causa del exceso de agua durante el exceso que puedan generar las lluvias de fin de verano-comienzo de otoño, se dispondría enviar el remanente por el río Salí, por lo que no quedaría líquido para cuando comience la seca, a partir de fines de abril.
Esto ocurre en una provincia en la que hay una crisis de infraestructura del sistema de provisión de agua para riego y para industria. El riego se hace mayormente abastecido por redes públicas que captan, conducen y distribuyen agua extraída de la red fluvial. Del total de canales de conducción y distribución de las redes públicas (alrededor de 1.742 km) solo tienen revestimiento de impermeabilización aproximadamente un 15%. La red de riego a partir del dique El Cadillal, la más extensa de la provincia, tiene 147 km de canales, pero solo cuentan con revestimiento 12 km. Señala el ingeniero Franklin Adler en su estudio “Prioridades en las obras hídricas de la provincia de Tucumán” que salvo los escasos casos de sistemas de riego tecnificado, la mayor parte se realiza mediante métodos tradicionales de muy baja eficiencia (por inundación o a manto), con lo que el consumo de agua es excesivo y el aprovechamiento del recurso hídrico muy lejos de lo deseable. Advierte que en nuestra provincia se carece de una adecuada cultura del riego, como es característica en otras regiones áridas o semiáridas (como Cuyo, Jujuy y Comahue).
En consecuencia, la combinación de sequía, altas temperaturas, ocurrencia irregular de lluvias, problemas en la presa 3 del embalse y deficiencia en la infraestructura de canales, obliga a la consideración de una emergencia, que incluya no sólo el análisis de salidas urgentes para los sectores que entren en crisis, sino el estudio con mirada amplia de futuro de las inversiones para recuperación de la infraestructura deteriorada y/o destruida producto de hechos de la naturaleza o por falta de mantenimiento, así como reducir las pérdidas y controlar el consumo.