Los actos de violencia prácticamente se han naturalizado en las calles de Tucumán, y se observan a diario, en especial, en el microcentro y sus alrededores, donde miles de ciudadanos confluyen para hacer un sinfín de trámites inherentes a su vida cotidiana: gestiones bancarias, papeleos relacionados a la administración pública, llevar y traer a sus hijos de la escuela, compras, consultas por salud y un largo etcétera. Estas actividades, tan necesarias como sencillas, pueden sin embargo terminar convirtiéndose en una pesadilla.

Esta semana estalló la polémica por el caso del agente de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que fue filmado cuando, en medio de una discusión con un taxista, le asestó un golpe que lo dejó literalmente noqueado sobre el pavimento, en Barrio Norte.

El video se hizo viral y rápidamente se supo que, además de empleado municipal, el autor del puñetazo tenía conocimientos de boxeo. Si bien el agente pidió disculpas por su reacción, aseguró que el chofer había tirado su motocicleta y se le había abalanzado hasta ponerse “muy encima”. “Me sentí desbordado por la situación”, alegó. De todos modos, el estatal será suspendido provisoriamente “y hasta podría perder el trabajo”, indicó el subsecretario de Tránsito, Enrique Romero.

El abogado del taxista agredido, en tanto, confirmó que su cliente sufrió la rotura del tabique nasal, y negó la versión de que el inspector había sido amedrentado. Los colegas del chofer, en tanto, exigieron a través de sus representantes gremiales que se concreten renuncias en esa repartición municipal. Además de que el video viralizado sólo se extiende durante unos segundos, parece no haber consenso respecto de lo sucedido. En una encuesta realizada por LA GACETA, de la que participaron más de 600 usuarios, el 45% opinó que “tanto el taxista como el municipal actuaron de manera violenta”; el 37% opinó que el agente de tránsito “actuó en legítima defensa”; y el 18% que el inspector “se excedió y actuó de manera incorrecta”.

Pero el caso registrado en Barrio Norte no debe ser tomado como un hecho aislado. A partir de diciembre de 2007, LA GACETA ya había dado una extensa cobertura a un preocupante incidente de tránsito protagonizado por dos jóvenes automovilistas, uno de los cuales golpeó con un palo de aproximadamente un metro de largo en la cabeza al otro, produciéndole graves heridas. Si bien en ese momento se abrió un extenso debate a través de las páginas de este diario, no se llevaron adelante acciones sostenidas en el tiempo en el ámbito público para tratar de mejorar el clima de violencia social que se vive en las calles. Una muestra de ello es que, en febrero de 2022, dos agentes de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán fueron condenados a un año y dos meses de prisión condicional por haber agredido a un motociclista durante un control que se llevaba a cabo en la zona de Córdoba y Virgen de la Merced, a pocas cuadras del episodio entre el taxista y el inspector que lo noqueó de un golpe.

Está a las claras que se trata de un problema en el que confluyen diferentes variables, todas complejas, y por ello no será suficiente con posibles medidas ejemplificadoras contra los eventuales responsables de los distintos casos. La violencia social es un fenómeno que amerita un trabajo conjunto y coordinado entre diferentes ámbitos, en todos los niveles del Estado y con la participación de expertos de la sociedad civil en la materia. No sólo para prevenir nuevos incidentes con finales dramáticos, sino también para que transitar por las calles de Tucumán no represente una situación de riesgo constante para la ciudadanía.