Se informó que el presidente de la Nación, aquejado de un malestar fue internado en un establecimiento medico particular, a pedido, lógicamente, del jefe del servicio médico de la Casa Rosada, en la misma clínica donde fue atendida a su pedido en otro momento la señora vicepresidenta, como también la intendenta del partido de La Matanza. A nuestro juicio, las autoridades mencionadas debieran por ética y el imperativo de conciencia ser derivadas a un centro asistencial del Ministerio de Salud de la Nación, precisamente por ser funcionarios del Sector Público. Las referidas autoridades, de acuerdo a su función, debieran velar por que sus administrados, es decir, el pueblo que les otorgó el voto disponga de los servicios médicos de alta calidad, al fin y al cabo, son dirigidos por un ministro formado en una Universidad Nacional de orden fiscal. La acción del jefe del servicio médico presidencial de muestra que no tiene confianza ni en los médicos ni en el personal que atienden los centros asistenciales públicos. El problema es que la atención que reciben las autoridades tiene costos pagados por el erario nacional que devienen de los impuestos. Es decir, que, presidente, vicepresidente e intendenta disfrutan del esfuerzo y trabajo de los asalariados y a cambio les endilgan más impuestos, inflación y desajuste constante de los precios de los productos requeridos para su mantenimiento, lo que es contraproducente. Este panorama trae a la memoria la figura del médico Arturo Umberto Illia, (1900-Pergamino-1983, Córdoba) que murió en un hospital a los 83 años, quien renunció a su jubilación presidencial y que fue un acérrimo defensor de la salud y educación públicas y que vivió en casa alquilada en la ciudad Cruz del Eje hasta que 4 mil pobladores se la entregaron en propiedad en reciprocidad a los servicios médicos prestados gratuitamente desde donde partió su féretro (hoy es un museo). Fue derrocado por una junta militar que encumbró al general Juan Carlos Onganía. Estos actos muestran una marcada discriminación que contraría el Art. 8 de la Constitución que sostiene que todos los ciudadanos gozan de derechos y privilegios. Es este caso los funcionarios disponen de ventaja con dinero del propio pueblo. En función de la Carta Magna todos los funcionarios públicos deben ser derivados obligatoriamente a centros asistenciales del Ministerio de Salud de la Nación, como dije, como un imperativo de conciencia y ética.
Fernando Sotomayor
Alberdi 139-3 - S. M. de Tucumán