¿Cuáles serán los desafíos en materia de seguridad en 2026?

Llegó el momento de hacer balances. En materia de seguridad, la administración de Osvaldo Jaldo puede afirmar que en 2025 bajaron los índices que tanto preocupan a la sociedad: los homicidios y los robos. Sin embargo, detrás de esos números aparecen otros datos que movilizan a las autoridades. Saben que ya no alcanza con la persecución penal y que se necesita de la colaboración de otros organismos del Estado.

Hasta el cierre de esta columna, en Tucumán la baja de muertes violentas alcanzó el 30% con respecto al año pasado. Es el registro más bajo desde 2012. Un número que, según las primeras estimaciones, será más importante que la media nacional, que podría ubicarse entre el 10% y el 25%. En lo que respecta a los delitos contra la propiedad (robos y hurtos), la disminución también rondaría el 30 %. Claro está que este guarismo no contempla las cifras en negro, es decir, los casos que no se denuncian.

Dentro de las estadísticas de homicidios surgen datos relevantes. Los crímenes vinculados a la inseguridad se redujeron en un 50% con respecto al año pasado. Con ese mismo porcentaje también descendieron los homicidios intravecinales y los relacionados con el tráfico de drogas. Para los especialistas, estas bajas tienen un origen claro: una mayor presencia policial en las calles y una rápida intervención judicial para frenar conflictos que antes terminaban en muertes.

Al descubierto

Pero estas estadísticas dejaron al descubierto un dato revelador. Si bien se incrementaron los casos que tienen un origen común, estos se contabilizan por separado, lo que suele invisibilizar su impacto real. En 2025 crecieron los crímenes intrafamiliares (un 20%) y los femicidios (un 10%). Sin embargo, al sumar ambos tipos de hechos, se convirtieron en la principal causa de los homicidios durante ese año. Ese número es considerado histórico por los analistas de seguridad, quienes no recuerdan un período en el que esta causal haya generado más muertes que la inseguridad o la violencia intravecinal.

Estos guarismos reflejan con claridad que todas las medidas de protección que se pueden dictar resultan insuficientes para frenar la violencia machista. Lo mismo ocurre con los conflictos familiares, ya que las leyes impiden, por ejemplo, que un hijo o un hermano reciba un tratamiento obligatorio por las adicciones que padece. A lo sumo, y solo si un juez adopta una postura contemplativa, podría acceder a un plan de desintoxicación, y nada más.

En cada femicidio parece repetirse el mismo patrón. Una vez conocida la muerte de una mujer, las autoridades buscan de manera casi automática la misma información: en primer lugar, si existieron denuncias previas por violencia de género; luego, si se había dictado alguna medida de protección a favor de la víctima; y, por último, qué acciones se llevaron adelante para garantizar el cumplimiento de esa orden. De este modo, el debate parece centrarse en deslindar responsabilidades, en lugar de avanzar en la adopción de medidas efectivas para evitar estas muertes. En este contexto, más del 50% de las mujeres asesinadas en 2025 contaban con algún tipo de protección.

En la Legislatura se debatió con dureza la prórroga de la emergencia por violencia contra la mujer que, finalmente, se extendió hasta 2027. Hubo cuestionamientos al Ministerio Público Fiscal, encargado de dictar las medidas de protección para las víctimas, y también a la Nación, por haber desarticulado los programas de ayuda.

Al parecer, los legisladores siguen considerando que la persecución penal es la única manera de frenar los ataques. Nadie, por ejemplo, propuso que el Ministerio de Educación incorpore contenidos específicos en la currícula para erradicar la cultura del machismo. Tampoco se le exigió al Ministerio de Salud que realice las gestiones necesarias para garantizar espacios donde víctimas y victimarios puedan recibir atención psicológica seria, y no una sesión mensual. Mucho menos se habló de la construcción de más refugios. Además, no se analizó que hay unos 2.000 policías afectados al cuidado de mujeres que sufrieron violencia de género, lo que complica las tareas de prevención del delito.

Una amenaza

El año que termina también dejó otra cuestión preocupante: el narcotráfico. En Tucumán se secuestraron 1.127 kilos de cocaína, casi un 400% más que el año pasado. El decomiso de marihuana también fue récord: 890 kilos, un 1.600% más que en 2024. Los especialistas valuaron esa carga en más de US$10 millones, una cifra lo suficientemente elevada como para comprar voluntades entre quienes deben controlar las rutas.

En este problema hay tres cuestiones que deben tenerse en cuenta:

1- La permeabilidad de las fronteras y la falta de controles en las rutas permitieron que en Tucumán y en Santiago del Estero se decomisara más droga que en Jujuy, provincia que limita con Bolivia.

2- Si las autoridades secuestraron cerca de dos toneladas de droga, cabe preguntarse cuánta logró pasar sin ser detectada. Los especialistas sostienen que lo incautado representa apenas el 30 % del total.

3- Se incrementaron los casos de corrupción en Gendarmería Nacional, la fuerza encargada de controlar las rutas.

Planteado este cuadro de situación, cabe preguntarse qué ocurrirá si el narcotráfico avanza en el NOA y en la provincia. Los tucumanos comenzarán a conocer de cerca la narcocriminalidad, es decir, los delitos vinculados al tráfico de drogas. En 2025 hubo tres casos que deberían encender las alarmas en las autoridades.

- Javier “Chuky” Casanova, procesado por drogas, fue acusado de enfrentarse a balazos con Facundo Ale, hijo de Ángel “El Mono” Ale, en la entrada de una fiesta electrónica.

- El fiscal federal Agustín Chit descubrió que tucumanos realizaban maniobras para vender pistolas a un grupo de Chile. Se trató de una investigación histórica, ya que nunca antes un habitante de esta provincia había quedado involucrado en el tráfico internacional de armas.

- Walter “Petiso David” Lobos y varios integrantes del clan Los Gardelitos están siendo investigados por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Lobos, que desde hace años ostenta sus bienes en redes sociales, era investigado desde hace más de una década, pero recién ahora se le abrió un proceso por delitos vinculados a las drogas.

Por estas razones, 2026 aparece como el año de los desafíos. No solo habrá que sostener las cifras positivas alcanzadas en 2025, sino que, además, todos los poderes del Estado deberán trabajar de manera conjunta para neutralizar las amenazas que ya se avizoran en un futuro no muy lejano.