El presidente Alberto Fernández acaba de retornar de Estados Unidos, donde expuso que su palabra, en materia de política internacional, vale menos que un peso argentino.
A mediados de enero de 2022, el entonces canciller Santiago Cafiero se reunió en Washington con su par de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para buscar respaldo en las negociaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. La Casa Blanca brindó su aval y pocos días después, el 28 de ese mes, el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que se había llegado a un entendimiento con el organismo de crédito. “Este acuerdo con el FMI abre un camino transitable”, decía el entonces funcionario.
Pero menos de una semana después, el 3 de febrero de 2022, Alberto Fernández fue recibido en Moscú por el presidente ruso, Vladimir Putin. “Argentina debe dejar la dependencia tan grande que tiene con Estados Unidos y el Fondo”, dijo el mandatario argentino en el Kremlin, dejando pasmado al Departamento de Estado de EEUU.
Esta semana, durante la cual se despide marzo, también dice “adiós” la coherencia de la diplomacia argentina. El mismo Alberto Fernández hace 13 meses le ofreció a Putin que nuestro país se convirtiese en la “puerta de entrada a América Latina” para Rusia, manifiesta ahora el alineamiento incondicional de su Gobierno con los Estados Unidos. “Argentina es un aliado clave de EEUU”, dijo mesuradamente Joe Biden, anfitrión del encuentro bilateral con su par argentino. El mandatario austral decidió que la definición se había quedado corta y la mejoró. La Argentina, sentenció, es un “aliado absoluto” de la potencia del Norte.
En un año, la inflación fue del 100% en nuestro país. Prácticamente nada comparado con la devaluación de la palabra oficial de nuestro Gobierno en el contexto mundial.
El relato desafina. El Presidente de la Nación, hombre afecto a la guitarra, no logra acertar un solo acorde porque el cuarto gobierno “K” no armoniza con el contexto de las democracias liberales. Por el contrario, las banderas favoritas del kirchnerismo son las de Irán, país con el que se llegó a firmar un acuerdo secreto nada menos que en torno al impune atentado contra nuestro país mediante la voladura de la AMIA; la de Rusia, que lleva 400 días de invasión criminal y genocida contra Ucrania; y la de China, que propone un modelo de gobierno rotundamente contrario al que postula la Constitución de la Nación Argentina.
En el plano de nuestra región no nos va mejor. Ahora, el mandatario nacional hace profesión de fe democrática y republicana cerca del monumento a Abraham Lincoln. En contraste, hace unos días Ecuador rompió relaciones diplomáticas porque la Argentina, luego de refugiar en su embajada en Quito a María de los Ángeles Duarte, ex ministra de aquel país condenada por corrupción en el marco de los escándalos de las coimas de Odebrecht, permitió su fuga: ella se presentó en otra embajada argentina, pero esta vez en Caracas, Venezuela.
Triángulo
La inmersión del Gobierno argentino en ese “Triángulo de las Bermudas” latinoamericano donde se pierden las democracias, constituido por Venezuela, Nicaragua y Cuba, ha puesto al país penosamente cerca de las “malandrocracias”. Como agravante, en junio de 2022, Alberto Fernández era nombrado por Nicolás Maduro como “la voz” de esas tres dictaduras para la Cumbre de las Américas organizada por Biden en su país. El argentino llegó a criticar que Estados Unidos no invitara a representantes de esas tres autocracias. Evidentemente, no advertía que buena parte de los miembros de esas comitivas serían detenidos si llegaran a pisar suelo estadounidense, por los incontables delitos en los que están denunciados: van desde la violación de derechos humanos hasta el narcotráfico, pasando por la corrupción.
Lo cual, por cierto, nos coloca frente otra estridencia kirchnerista. Mientras los demócratas le regalaban a Alberto Fernández su tan anhelada foto en el Salón Oval, los republicanos le recordaban que su socia política está condenada -en primera instancia- nada menos que por administración fraudulenta.
Acordes y desacuerdos
Mientras el jefe de Estado argentino se acicalaba en su habitación del exclusivo Park Hyat para ir al encuentro de Biden, el senador Ted Cruz, un conservador aliado del ex presidente Donald Trump, presentaba un proyecto de ley en la Cámara Alta de EEUU para que se le ordene a la Casa Blanca investigar por presunta corrupción a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al diputado nacional Máximo Kirchner, al senador nacional Oscar Parrilli, al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y al procurador general del Tesoro, Carlos Zannini.
El fundamento del proyecto de ley es nada menos que la condena a seis años de prisión que la presidenta del Senado recibió hace cuatro meses en la causa “Vialidad”. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Comodoro Py, por unanimidad, sentenció que fue probado el direccionamiento de la obra vial que la Nación financió para Santa Cruz entre 2003 y 2015, con la finalidad de beneficiar al empresario Lázaro Báez y al matrimonio gobernante: Cristina y Néstor Kirchner.
“En diciembre de 2022, Fernández de Kirchner fue condenada por un tribunal federal argentino por haber supervisado, con la ayuda de su hijo, su hija y asociados, un elaborado plan de sobornos y comisiones ilícitas que defraudó al pueblo argentino en miles de millones de pesos”, sostuvo el senador Cruz en los fundamentos de su iniciativa. Las cosas que dicen algunas autoridades del “aliado absoluto” de Alberto Fernández...
Frente al aprieto, el mandatario argentino sólo atinó a contestar con improperios. “Delirante” y “mercenario” fueron algunas de las descalificaciones. Pero donde hay un insulto lo que falta es un argumento. Y eso es, sustancialmente, lo que deficita el cuarto gobierno “K”.
Milongas
“Tal cual lo dije: ¡Proscripción!”, escribió la Vicepresidenta de la Nación en su cuenta oficial de Twitter. “Y para que nadie tenga dudas, del norte le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Py”, continuó. “¿En serio lo van a seguir negando? Dale…”, finaliza el posteo.
La milonga del “lawfare”, sin embargo, también desafina. Y mucho. La idea de que se libra una “guerra judicial” contra los “líderes nacionales y populares” del continente, porque las derechas buscan de esta manera terminar con los proyectos políticos a los que no consiguen vencer en las urnas, es un “ritmo” importado, que no suena bien al oído de la historia reciente de nuestro país. El kirchnerismo en general, y particularmente Cristina, conocen (y de manera reiterada) la derrota en las urnas. Las vivieron en 2009, en 2013, en 2015, en 2017 y en 2021.
Pero ese ni siquiera es por estas horas el problema más complejo de la partitura oficialista. Este mismo año, el Gobierno de los Estados Unidos penalizó, y en duros términos, al ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes, y al actual vicepresidente del país, Hugo Velázquez. Los dos son del Partido Colorado. Es decir, de la derecha del vecino país.
“Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Horacio Manuel Cartes Jara, ex presidente de Paraguay, y a Hugo Adalberto Velázquez Moreno, el actual vicepresidente, por su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay”, dice el comunicado oficial, disponible en la web del Departamento de Estado: “state.gov”.
El Departamento del Tesoro, entre sus sanciones, dispuso el congelamiento de los activos que Cartes y Velázquez posean en los Estados Unidos. En particular, se dirigió contra cuatro empresas controladas por Cartes: Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA, y Frigorifico Chajha SAE. Además, determinó que ambos ciudadanos de Paraguay son “inelegibles” para ingresar a EEUU. Es decir, les prohibió el ingreso a ese territorio.
El 23 de enero se conoció la noticia. No hubo, entonces, ninguna manifestación de solidaridad de parte del kirchnerismo a favor del ex presidente y del vicepresidente de Paraguay. Ningún colectivo ni agrupación ni foro intelectuales afín al oficialismo argentino repudió esas sanciones. Tampoco las consideraron maniobras de proscripción. Ni siquiera llegaron a insinuar, como quien no quiere la cosa, que se trataba de un caso de “lawfare”. Ni hablar de “refuerzos del norte” para algún “Partido Judicial”.
“El Departamento del Tesoro está comprometido a abordar la corrupción sistémica en todo el mundo, incluso en sus formas más arraigadas y en los niveles más altos de los cargos públicos”, dice el documento oficial del Gobierno estadounidense, citando al subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “La acción de hoy expone la corrupción endémica que socava las instituciones democráticas paraguayas y destaca la necesidad apremiante de que el Gobierno de Paraguay actúe en el mejor interés de sus ciudadanos, y no en llenar los bolsillos de sus élites políticas”, completa el funcionario.
Cartes y Velázquez, huelga aclararlo, nunca fueron “nac&pop”. Esa circunstancia expone el doble estándar de las “composiciones” del relato oficialista. Cuando gobernantes ideológicamente opuestos al kirchnerismo son sancionados por corrupción, el Gobierno no se acuerda ni de una sola clave para ensayar un pronunciamiento. Pero cuando se pide investigar a gobernantes argentinos, luego de una condena de los Tribunales de la Nación, ahí aparecen las estrofas del himno nacional y popular que cantan sobre abnegados redistribuidores de la riqueza argentina perseguidos por malvados concentradores de poder económico foráneo.
El relato desentona porque los versos de la inexistente “proscripción” son forzados en clave de “sí”. Pero entre los acordes, las condenas por corrupción al funcionariado “K” siempre se cuelan en “mi” mayor…