Días después de que el país se escandalizara por la amenaza que había sufrido la familia de Lionel Messi en Rosario, el jefe de los fiscales federales volvió a denunciar que las organizaciones delictivas operan sin ningún tipo de problemas desde las cárceles federales. La noticia pasó desapercibida en la provincia. Pero Tucumán es Tucumán. Antes de que se cumpliera un mes de ese anuncio, un hombre fue acusado de dirigir una red de trata con fines de explotación sexual desde el penal de Villa Urquiza. Este caso dejó al descubierto los problemas que hay con los detenidos de la justicia federal.
Walter Ayala ingresó a la cárcel en 2017. En agosto de 2019 fue condenado a 12 años de prisión por el mismo delito. En marzo de 2020 estalló la pandemia y los presos recibieron la autorización de tener celulares para comunicarse con sus familiares, ya que por una cuestión sanitaria, fueron prohibidas las visitas. Las autoridades crearon protocolos para su uso. Los aparatos debían estar legalmente registrados y los reos tenían horarios establecidos para poder utilizarlos.
“Comenzaron a presentarse situaciones especiales. Por ejemplo, los internos que estudian toman clases virtuales y reciben el material en sus teléfonos. También están los detenidos que cuentan con una muy buena conducta y que necesitan sus celulares para realizar alguna actividad”, explicó el titular del Servicio Penitenciario Miguel Gomez.
Ayala era uno de ellos. Varias fuentes consultadas por LA GACETA confirmaron que era el alma mater de la radio comunitaria del penal de Villa Urquiza. Por esa razón, el acusado tenía un celular en su poder durante gran parte del día.
Una investigación realizada por el fiscal federal Agustín Chit reveló que con ese aparato, el sospechoso dirigía una red de prostitución en edificios de la capital. Según la teoría del acusador, utilizaba ese elemento para pactar los servicios que requerían sus clientes y le enviaba instrucciones a su pareja Alejandra Galván, también condenada en 2019 por el mismo delito.
En un operativo coordinado por Chit, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, simulando una visita protocolar al penal, le informaron a Ayala la acusación en su contra y secuestraron el celular, que será clave en la investigación. Afuera del penal, en uno de los tantos allanamientos donde rescataron a siete víctimas, también detuvieron a Galván y a otra mujer cuya identidad no trascendió.
Recomendaciones
“Análisis institucional sobre el fenómeno de la Narco-criminalidad cometida desde el interior de establecimientos penitenciarios”, es el largo y tedioso nombre del informe que fue realizado por fiscales federales de todo el país en el que denunciaban las actividades ilícitas que se desarrollaron en los últimos tiempos en las cárceles federales. En octubre de 2021, el procurador general de la Nación interino Eduardo Casal y el procurador de Narcocriminalida Diego Iglesias, no sólo presentaron el trabajo a las autoridades nacionales, sino que recomendaron tomar una serie de medidas para acabar con el problema. Nunca los escucharon. En marzo, después del caso Messi, insistieron nuevamente con el planteo.
El informe en cuestión tiene numerosos tips para implementar. De esas recomendaciones, son dos las que adquieren una importancia extrema. Por el momento, ninguna de las dos se pueden aplicar en nuestra provincia.
El primer pedido que hicieron los funcionarios judiciales es evitar los contactos entre los líderes de las organizaciones criminales. En Tucumán no se puede aplicar por la crisis carcelaria y porque es la única provincia del NOA que no tiene una cárcel federal.
En nuestro sistema carcelario, habría unos 160 detenidos por delitos federales en Villa Urquiza, la cárcel de Concepción y en la cárcel de Mujeres donde, según la información a la que accedió LA GACETA, son mayoría. En ninguna de las tres unidades penitenciarias hay un pabellón destinado a albergar a los procesados y condenados por la justicia federal.
Sólo en la prisión de la capital se construyó la Unidad 10, que supuestamente debía cumplir con ese fin. Sin embargo, por cuestiones de conducta o de prevención a conflictos, los internos son llevados de un pabellón a otro.
La segunda recomendación que hicieron las autoridades del Poder Judicial de la Nación es que el personal del servicio penitenciario sea investigado o vigilado para evitar hechos de corrupción como proveer de celulares o permitir que los líderes mantengan contactos y continúen con la actividad en el interior de las unidades penitenciarias.
En Tucumán, el enfermero Miguel Ángel Herrera fue condenado en junio de 2018 a cinco años de prisión por haber ingresado drogas. También en junio, pero de 2020, el guardiacárcel Antonio Vallejo fue penado a 11 años por tenencia de estupefacientes para su comercialización dentro del penal.
Además, en las últimas semanas se reactivó la causa donde se investiga el tráfico de drogas en Villa Urquiza. Están acusados un juez, ex autoridades y agentes, muchos de ellos, al no haberse definido su situación procesal, siguen prestando servicios.