Daniel Garbellini presentó un descargo de 30 páginas ante la Justicia. Rechazó ser parte de una organización criminal y descargó responsabilidades sobre Diego Spagnuolo.
La hija de Miguel Ángel Calvete es investigada por supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. La Justicia analiza conversaciones, movimientos de dinero y el rol de otros exdirectivos…
El caso gira en torno a los tratamientos para una niña con anomalías motoras y neurológicas.
La exfuncionaria, hija de Miguel Ángel Calvete, deberá declarar el 19 de diciembre en Comodoro Py.
La polémica se centra en la legalidad de las grabaciones, que describen el modus operandi.
La defensa del ex funcionario presentó una pericia técnica que detectó 18 cortes de edición y rastros de voz sintética.
El operativo, ordenado por el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, tuvo como objetivo secuestrar documentación para reconstruir la ruta de los fondos.
El subsecretario de Gestión Productiva dejó su cargo tras quedar mencionado en escuchas judiciales. Es pareja de Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía e hija de Miguel Ángel Calvete,…
El ex funcionario se presentó ante el fiscal Franco Picardi, pero optó por no responder las preguntas. Sólo escuchó la acusación que se le atribuye en el marco de la causa.
En plena investigación por la causa judicial Andis, el mandatario libertario denunció maniobras políticas.
Miguel Ángel Calvete era el primero en la lista de los citados. Hoy será el turno de Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia y señalado como la cabeza de la organización.
La Justicia puso foco en las compulsas "reducidas" y en los sobreprecios de los medicamentos, que llegaron hasta un 2.000%. Spagnuolo cada vez más complicado.
El Ejecutivo deberá restablecer 119.033 pensiones no contributivas por invalidez laboral y no podrá aplicar nuevas bajas hasta que haya una sentencia definitiva.
Aproximadamente 200 manifestantes se congregaron frente a la sede de la Andis en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.
Los funcionarios habían sido citados para tratar diversos temas, que incluyen pedidos de información sobre la gestión económica.
Los procedimientos se llevaron a cabo en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.
La Justicia Federal resolvió un amparo promovido por el Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos.
Un análisis sobre la marcha de la gestión.
El Ejecutivo argumentó que la implementación total demandaría más de 3 billones de pesos.
