27 Julio 2023
imagen ilustrativa.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) anunció a fines de abril la prohibición de la venta de medallones veganos congelados de la marca Fast Good. Según el organismo, los productos estaban "falsamente rotulados" y no se conocían las condiciones bajo las cuales fueron elaborados, por lo que fueron considerados "ilegales". Además, la empresa utilizó de manera irregular la leyenda “sin TACC”, es decir "libre de gluten", en sus envases.
La medida se tomó después de una auditoría realizada por la Coordinación Provincial de Salud Ambiental de la provincia de Río Negro. Esta acción comunicó a la Anmat que intervino el lote de productos investigados y los rótulos, y requirió a la empresa que informara las cantidades comercializadas y el detalle de distribución, así como retirarlos de la venta y destruirlos.
Los medallones prohibidos incluyen variantes como arroz yamaní, arvejas y espinaca, quinoa y cebolla, garbanzos, porotos y remolacha, y lentejas, calabaza y cebollas. Estos productos fueron comercializados en Bariloche y General Roca (Río Negro) y en un local de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires).
Sin embargo, Fast Good respondió duramente a la resolución y acusó a las autoridades provinciales de “persecución política”. La empresa afirmó que la resolución puso en peligro su supervivencia y que sus productos contaban con todas las autorizaciones correspondientes. Aseguraron haber presentado las declaraciones juradas y los rótulos indicando la aptitud para celíacos, obteniendo la aprobación del responsable de Fiscalización Alimentaria de la provincia.
El socio gerente de la empresa, Gabriel Trujillo, comunicó que el Ministerio de Salud avisó “en menos de 24 horas” de la prohibición, que su compañía había regularizado “su situación”.
Aseguró que un mes antes de la medida de la Anmat ya habían cargado los resultados que demostraban la ausencia de gluten en sus productos en el Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA), según los análisis del Laboratorio Regional de Salud Ambiental de Cinco Saltos.
Tras esgrimir esta serie de argumentos, la empresa aseveró: “Todo lo mencionado ha sido ampliamente denunciado por nosotros en los medios de comunicación como persecución por parte del estado y el ejercicio de acciones coercitivas infundadas”.
¿Los motivos? La empresa cree que es una “represalia por la actividad política ‘no partidaria’ llevada a cabo por el titular de la empresa, en favor del sector productivo y que cuenta con el apoyo del 80% de todo el sector de la provincia”.
En concreto, Trujillo recordó su cuestionamiento a la presión de las tarifas sobre la industria y la promoción para el desarrollo de un proyecto de ley que busca modificar la tarifa eléctrica para las pymes en Río Negro.
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