08 Agosto 2023
En Uruguay se han expresado preocupaciones acerca de la contratación de ciudadanos argentinos para trabajar en el sector citrícola, alegando que están siendo remunerados considerablemente menos que los trabajadores locales.
Representantes sindicales han afirmado que los empleadores en la industria citrícola están recurriendo a ciudadanos argentinos como una forma de mano de obra de bajo costo, pagándoles salarios por debajo de las regulaciones y sin respetar las leyes laborales vigentes.
La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) ha presentado una denuncia ante las autoridades uruguayas, alegando que varios productores rurales en Salto están contratando a ciudadanos argentinos, principalmente de Concordia (Entre Ríos), para trabajar en las fincas a salarios considerablemente más bajos que los trabajadores locales, aprovechando la diferencia en el tipo de cambio entre ambos países.
El presidente de la Unión, Juan Carlos Albano, ha informado a diversos medios sobre esta cuestión. Según Albano, los ciudadanos argentinos cruzan la frontera a través del paso de Salto Grande y son transportados a las fincas por empresarios del sector citrícola. Estos empresarios, según el sindicalista, están pagando salarios por debajo de los estándares y no están cumpliendo con las regulaciones laborales.
Germán González, secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (UTRAU), ha indicado que se han observado llegadas regulares de trabajadores argentinos en ómnibus que cruzan la frontera para trabajar en condiciones que no se ajustan a las normativas laborales locales. Esta situación está afectando a áreas como Constitución, Belén y Quebracho.
Ante estas preocupaciones, se ha instado a una reunión entre representantes sindicales y autoridades, incluyendo al Ministro de Relaciones Exteriores y el embajador argentino en Uruguay, para abordar este problema y buscar soluciones.
El Ministerio de Trabajo uruguayo ha confirmado la recepción de la denuncia y está llevando a cabo inspecciones para verificar la situación. El Ministro Pablo Mieres ha asegurado que, de encontrarse evidencia de estas prácticas, se tomarán medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones laborales y la justa remuneración de los trabajadores.
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