Confirmaron irregularidades en la carga de combustible de la Policía

El uso de la tecnología terminó siendo el fin de una irregularidad en la Policía: la carga de combustibles de los móviles. Una investigación del Tribunal de Cuentas evitó que se pagaran más de $5 millones por nafta y gasoil que nunca fueron cargados en los móviles. El organismo, además de aplicar una millonaria multa a seis funcionarios policiales, le envió una copia de la resolución al Ministerio de Seguridad para que actuara la oficina de Asuntos Internos y otra a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana para que iniciara una pesquisa en contra de los señalados y cualquier otra persona que pudiera surgir.

El sistema que utilizaba la fuerza era bastante particular. Depende de la Sección Combustible del Departamento Logística, conocido como D4. Cada una de las cinco regionales (Capital, Norte, Este, Oeste y Sur) tenían un representante de esa oficina que entregaba los vales provistos por las estaciones de servicios para que los móviles, ya sean motos, autos, camionetas y camiones, cargaran nafta o gasoil. Luego, los establecimientos presentaban el total de lo adeudado que, después de un control, se factura y luego, después que el jefe de Policía y el TC lo aprobaban, se libra la orden de pago.

Según el mecanismo, en la fuerza se autorizaba a que diariamente las motos carguen entre cinco y siete litros; los autos entre 10 y 15; las camionetas entre 15 y 20 litros. También estaban contempladas situaciones particulares: hay un cupo especial para los móviles que debían realizar un viaje al interior (ya sea por una investigación o el traslado de detenidos) o porque debían realizar una tarea extra. En el caso de los Bomberos, por ejemplo, se les permitía una mayor carga de combustible para evitar que en una emergencia se quedaran sin combustible.

Cuando el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, estaba al frente del PE, aprobó e impulsó la idea del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, de que se instalaran GPS en todos los móviles no sólo para vigilar el recorrido de los móviles, sino también con el propósito de realizar un control más efectivo de los recursos de la fuerza. Pero el sistema terminó dejando al descubierto una millonaria maniobra en contra del Estado. Al descubrirse estas irregularidades, el proceso de cambio se aceleró y hoy es totalmente diferente.

Los especialistas del TC constataron que las estaciones de servicio pretendieron cobrar la carga de vehículos que nunca habían pasado por sus surtidores. Descubrieron esta irregularidad al comparar la fecha de los remitos con el movimiento que marcaban los GPS de los móviles. En total fueron más de 1.100 los pedidos de pago rechazados por el ente de control. Por esta razón, se abrieron cinco expedientes para analizar la situación. Entre enero y marzo, los proveedores reclamaron que se les abonara un total de $ 15 millones, pero al realizar este trabajo los investigadores descubrieron que no correspondía pagar al menos $ 5 millones (la tercera parte) porque no habían cargado combustible.

Resultados

Por esa razón, en una resolución firmada en abril por Miguel Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, el TC decidió unificar todos los expedientes y designar a un abogado y dos contadores para comenzar con una investigación. Tres meses después el trabajo dio sus frutos. “Esto es tan solo la punta del iceberg. Hay mucho más por analizar porque se sabe que esta es una práctica de años”, argumentó un integrante de la fuerza.

Además de analizar la documentación, los funcionarios del ente de control indagaron a los responsables de la Sección Combustible de cada regional. El comisario Dante Alfredo Rodríguez (Capital), subcomisario Juan Ernesto Ávila (Norte), oficial principal Jorge Hidalgo (Este), subcomisario Mariano Exequiel Molina (Sur) y el sargento ayudante Jorge Olea (Oeste). También fue interrogado el titular del D4, el comisario Ernesto Marcelo Ocampo.

Del análisis que realizaron los especialistas, surgieron los siguientes puntos:

- Los proveedores le entregan “vales” a la fuerza para que los efectivos pudieran cargar combustibles. Pero varios de ellos, cuando pedían que se les abones, no los presentaban como documentación para corroborar que efectivamente habían provisto de nafta y gasoil.

- Los vales eran entregados a los responsables o a las personas que enviaban los jefes de cada una de las dependencias policiales. Sólo uno de los responsables llevaba un registro de quiénes retiraban esos papeles, pero solo constaba una firma que no revelaba la identidad de la persona que lo hacía.

- La fuerza cargaba combustible en solo 12 estaciones de servicios de la provincia. No había ningún tipo de contrato formal con los proveedores. Esta situación generaba un sinfín de complicaciones y desgaste de recursos. Por ejemplo, los móviles de la Regional Norte sólo podían cargar en el establecimiento ubicado en Camino del Perú al 600. Por ejemplo, el móvil destinado en Trancas debía recorrer 72 kilómetros para abastecerse. La Regional Este también tenía un solo proveedor que era el establecimiento ubicado al frente del Parque 9 de Julio. Los patrulleros de Banda del Río Salí y Alderetes debían dejar su ciudad para abastecerse. El de Burruyacu, trasladarse más de 60 kilómetros.

- Ninguno de los entrevistados pudo responder fehacientemente desde cuándo se utilizaba este sistema. Sólo afirmaron que “era de vieja data”.

- No existen archivos donde están guardados los cuestionados “vales”, lo que hace imposible un control de que efectivamente los móviles se hayan provisto de combustible.

El final

En sus declaraciones, los funcionarios mencionados hicieron una serie de llamativos descargos. La mayoría de ellos señalaron que esta situación se podría haber producido por el mal funcionamiento de los GPS. “No tienen el nivel de exactitud, ya que presenta diversas inconsistencias en el sistema, lo cual sería de difícil aplicación para tomar un parámetro de control exacto”, sostuvo el comisario Rodríguez. El sargento Olea fue mucho más allá: “Hay móviles que tienen el GPS funcionando mal. Personalmente he chequeado que el sistema daba errores”.

Otros apuntaron directamente a sus superiores. “Las motos que no tienen la autonomía suficiente para trasladarse, los jefes se encargan de trasladar el combustible. Los cargan en bidones y se los llevan a sus dependencias”, indicó el responsable de la Norte.

Según se establece en la resolución, el TC destacó que “el oportuno ejercicio del control preventivo de estos actos administrativos, evitó que se configure el daño patrimonial al erario, observando el pago de servicios facturados, pero no brindados”. “Surge indudablemente que las numerosas falencias detectadas manifiestan una actuación repetitiva que conforma una situación sistemática que no puede explicarse como simple indolencia, descuido o desatenciones administrativas. Por tratarse de un accionar consciente y sistemático en las conductas seguidas por los funcionarios del Departamento Logística del Departamento General de Policía, constituyen graves irregularidades”, se pudo leer.

Tal como establecen las normas vigentes, tomó las siguientes medidas:

- Aplicó la máxima multa que es el equivalente a 10 sueldos básicos del personal mencionado. Estos son los montos que deberán devolver los investigados: Ocampo $ 1,8 millón, Rodríguez $ 1, 2 millón, Molina $1,1 millón, Ávila $ 1,1 millón, Olea $ 1 millón e Hidalgo $ 924.718.

- El TC remitió una copia del Acuerdo al Ministerio de Seguridad para que instruya a la oficina de Asuntos Internos a realizar un sumario administrativo en contra del personal implicado y de otros efectivos que pudieran surgir. Hasta el cierre de esta edición, los mencionados en el expediente seguían en sus cargos y LA GACETA no pudo constatar si fueron trasladados.

- El ente de control también presentó una copia en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana para que investigara el caso. En principio, con las pruebas que remitió, los mencionados podrían ser acusados sólo de tentativa de estafa, ya que por el control preventivo, no se concretó el daño al erario. Pero su situación procesal se agravaría si profundizan la investigación.

El problema desató un crisis en la fuerza

Los últimos días de junio se registró una crisis por la provisión de Los últimos días de junio se registró una crisis por la provisión de combustible. Los propietarios de las estaciones de servicio, ante la falta de pago por parte del Estado, decidieron dejar de vender a la Policía nafta y gasoil. La razón del incumplimiento fue que el Tribunal de Cuentas, que ya había detectado las irregularidades, decidió rechazar las liquidaciones de los remitos cuestionados en los expedientes. El PE tuvo que realizar una serie de gestiones especiales para no resentir las tareas de prevención. “En esos días hasta llegamos a cargar de camiones que se instalaban en la Jefatura”, recordó el comisario. La situación se normalizó cuando el TC ordenó los pagos de remitos confirmados. “Habían avisado que los responsables al menos serían investigados, pero nunca pasó nada”, agregó la fuente.