¿Para qué sí tiene plata el Gobierno?

¿Para qué sí tiene dinero el Gobierno de Tucumán? Esa pregunta ha dominado la escena comarcana desde el comienzo de este mes. Así como la naturaleza estalla en septiembre, y el precio a cambio de esa vitalidad son las alergias de estación, el gasto público también parece haber explotado en el comienzo del último cuatrimestre. Y genera toda clase de escozores.

Uno de los hechos paradigmáticos respecto de esta cuestión es, también, el más contundente en el cierre de la semana. Hoy comienza un paro por tiempo indeterminado del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas). La medida de fuerza no es en reclamo de reapertura de paritarias, sino en demanda de un hecho mucho más simple: quieren que el oficialismo cumpla con una ley. Una ley que, como agravante, es autoría del oficialismo.

En julio se aprobó la Ley de Carrera Sanitaria, que actualiza los coeficientes para la liquidación de sueldos por categorías. Fue un proyecto del Poder Ejecutivo, consensuado con los sindicatos, que se aprobó por unanimidad y que el Gobierno se encargó de publicitar como el egregio paradigma del reconocimiento a la meritocracia y del cumplimiento de las promesas de campaña. Dos meses después, Sitas denuncia que el Gobierno va a pagar sólo el 10% de los valores que están establecidos en la norma. Consecuentemente, desde hoy seguirá habiendo atención en las guardias para contener las urgencias, pero cerrarán los consultorios externos.

¿Por qué no tiene dinero el Gobierno para gastar en lo que él mismo planificó gastar, como la Ley de Carrera Sanitaria? Y, de nuevo, ¿para qué si tiene recursos?

Ley sin ley

Lo de Sitas no es ni remotamente un hecho aislado. Esta semana se cumplieron los plazos de las dos conciliaciones obligatorias consecutivas que la Casa de Gobierno dispuso en el marco del conflicto salarial con el gremio mayoritario de Tucumán: ATEP. Y no hubo entendimiento.

A fines del año pasado, el Presupuesto Nacional 2023 se aprobó con una proyección de sólo 60% de inflación. Las provincias copiaron la pauta. Así que a comienzos de año la Casa Rosada comenzó a insinuar, con insistencia, que aunque las paritarias son libres no debían superar aquel porcentaje. En Tucumán ATEP firmó por un aumento del 33,5% hasta julio, inclusive. Con ello, le ponía “la vara” a los otros sindicatos estatales y se ajustaba al soñado 60% anual. En mayo, la inflación ya se había devorado esa recomposición salarial. Los gremialistas pidieron, entonces, que en julio se reabrieran las conversaciones, pero la Provincia dispuso unilateralmente un bono de $ 20.000 y pateó la discusión para agosto. Durante ese mes, la Casa de Gobierno ofreció subas que no satisfacen a los docentes en el porcentaje, pero tampoco en la modalidad: ellos reclaman que la suba vaya al “básico” y se torna permanente. El miércoles, ATEP emitió un comunicado dando a conocer que no había acuerdo y que con el correr de los días anunciarán qué medidas van a adoptar.

También durante esta semana estalló otro conflicto salarial: el de las empresas del transporte público de pasajeros con sus trabajadores nucleados en UTA. Los empresarios plantean que aunque la actividad es privada, está regulada en sus costos por el Estado. A cambio, hay subsidios públicos. Pero la Nación, una vez más, demora su envío, por lo que ellos no pueden afrontar el pago de la planilla salarial. Entre sueldos y cargas patronales, suma unos $ 1.500 millones mensuales. El miércoles debían pagarse esos salarios, no ocurrió y hoy iba a comenzar una huelga. Pero como mañana se realiza el mentado acto de “relanzamiento” de la campaña de Sergio Massa, había que conjurar ese paro. ¿El resultado? La Casa de Gobierno anticipará subsidios para que las firmas cancelen sus obligaciones. UTA levantó el paro.

Léase, para que el proselitismo no pare sí hay plata del Estado.

Prioridades invertidas

La situación comienza a dibujar una suerte de “mundo al revés” en Tucumán. Desde que comenzó septiembre, los trabajadores y los estudiantes padecen la restricción del servicio de colectivos. Circulan ahora un 25% menos que en agosto porque los empresarios argumentan que, con la actual tarifa, no dan los costos para un funcionamiento pleno. Pero mañana no padecerán demoras los que, desde distintos pueblos, sean movilizados para participar del acto de Unión por la Patria.

El contraste es tan violento que, desde ayer, algunos intendentes fatigan logísticas para que el transporte de los militantes al Hipódromo se realizara en “Trafics” y en autos, en lugar de colectivos. Temen que el reproche ciudadano por el descaro de que no haya colectivos para ir a trabajar o a la escuela, pero sí para ir a un acto político, se traduzca en más votos “cachetada” en las urnas.

A esta situación de prioridades invertidas que exhibe el oficialismo se suma otra situación, que fue titular de LA GACETA esta semana. La Dirección Provincial de Vialidad admitió que no cuenta con recursos suficientes para reparar las rutas provinciales.

Hay plata para que un acto proselitista no se quede sin transporte, pero no para los caminos sobre los que deben circular los movilizados. Casi una esquizofrenia estatal.

Ahorran en papel…

Las sinrazones en torno del gasto público se acumulan porque faltan explicaciones del Gobierno sobre el uso de los recursos de los tucumanos. Respecto de ello se avisó aquí el lunes pasado.

El 29 de agosto, la Casa Rosada dispuso, mediante un DNU, la ampliación del Presupuesto Nacional 2023 en 7,7 billones de pesos (un billón es una cifra que contiene 12 ceros). El expediente contiene, además de las 12 páginas del decreto, otras 677 con las planillas en las que se detalla, ministerio por ministerio, partida por partida, cuál es el destino de esos fondos.

El viernes pasado, la Casa de Gobierno ingresó en la Legislatura el proyecto de ley para ampliar el Presupuesto Provincial 2023 en $ 305.000 millones de pesos. Con ello, el total de gastos del Estado tucumano trepa a 1,1 billón de pesos. Todo el expediente contiene dos hojas. Con dos párrafos por todo detalle sobre el destino de los fondos. Y con dos artículos por toda norma.

Léase, no se puede saber para qué tiene dinero el Gobierno provincial porque la documentación que incrementa los gastos no da ninguna explicación. Por el contrario, sólo alimenta los interrogantes.

La situación configurada es la siguiente: a los $ 788.000 millones de pesos del Presupuesto 2023 les van a agregar 305.000 millones de pesos. Si no hay para la salud pública, honrando la propia Ley de Carrera Sanitaria; ni para la educación pública, atendiendo las demandas salariales de los docentes; ni para el transporte público, salvo cuando hay actos proselitistas que tornen urgente una solución; ni para las rutas provincias, ¿para qué sí tiene plata el Gobierno de Tucumán?

Los unos y los otros

La respuesta no solamente no llega, sino que también se multiplica. Por estas horas, otra pregunta se suma de manera concomitante: ¿para quién sí tiene plata el Gobierno tucumano?

Exactamente eso interrogan los intendentes radicales, luego de un relevamiento de LA GACETA publicado ayer. En lo que va del año, el Boletín Oficial publicó 53 decretos por los que el Ejecutivo envió casi 12.000 millones de pesos en Aportes Financieros No Reintegrables a 14 municipalidades del interior. Todas las administraciones que resultaron beneficiadas por estos dineros que no deben devolverse tienen algo en común: son administradas por el oficialismo provincial.

Dos abordajes admite esta situación de extrema discrecionalidad. La primera ha sido dada por los propios jefes municipales de la oposición. Mariano Campero, de Yerba Buena, reparó en que hay Aportes Financieros No Reintegrables que fueron remitidos con un objeto específico: reparar caminos del interior. “Una de las provincias con los caminos más destruidos es la nuestra. ¿Dónde están esos recursos? Queremos transparencia”, reclamó.

Los opositores no ven caminos arreglados. Los productores tucumanos nucleados en Apronor documentan que, por el contrario, hay rutas completamente desarregladas. Vialidad de la Provincia admite que no tiene recursos para, precisamente, reparar caminos. ¿Entonces?

El segundo abordaje no es desde la política, sino desde la ciudadanía. ¿Los tucumanos merecen que el Gobierno provincial les “regale” a sus municipios miles de millones para obras públicas en sus ciudades según el color político de la intendencia? Los Aportes Financieros No Reintegrables no pueden ser una herramienta de premios y castigos en contra de ninguna población.

Sobre todo porque los municipios perjudicados por un reparto discriminatorio de los recursos están habitados por tucumanos que, hace menos de una década, le dieron su apoyo al proyecto político que hoy continúa el Gobierno tucumano. Tanto Yerba Buena como Concepción y Bella Vista, e incluso San Miguel de Tucumán, fueron distritos que estuvieron administrados por intendentes del alperovichismo durante buena parte del ciclo 2003-2015.

Sin embargo, los dineros que administra el Estado, provenientes de las contribuciones de todos los tucumanos, ¿después regresan en refuerzos presupuestarios sólo para aquellos que votan como a la Casa de Gobierno le gusta?

Para qué tiene plata el Gobierno, y para quién, son dos preguntas que ameritan ser respondidas no sólo en nombre de la democracia, la república y la calidad institucional. Merecen ser contestadas, fundamentalmente, porque de ello depende la naturaleza del actual Gobierno. El filósofo Emanuel Kant, contemporáneo con la Revolución Francesa, fijó un principio de claridad para los tiempos por venir. Puntualizó que el instrumento para distinguir lo bueno de lo malo en la política era la publicidad de los actos del gobernante. Su principio de la esfera pública postula que la política valiosa es la que se necesita hacer pública para ser realizada. Por el contrario, una política que no soporta la exposición se vuelve repudiable. La explicación sobre el gasto público, sobre el objeto de las erogaciones del Estado, es un requisito para saber si transitamos la Modernidad. O no…