Hay 22.400 millones de razones para que el gobernador electo Osvaldo Jaldo esté preocupado. Esa cifra, traducida en pesos, es la deuda que deberá abonarse íntegramente durante su primer año de mandato, lo que le resta margen de maniobra financiera en un contexto de mayores restricciones presupuestarias. El monto no es más que el compromiso que el Gobierno tucumano asumió con la Nación a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) y representa poco más del 64% de la deuda pública provincial consolidada que, a julio pasado, ascendía a $ 34.783 millones, de acuerdo con los datos publicados por la Contaduría General de la Provincia.
El mandatario electo, que asumirá el 29 de este mes, no preveía tal compromiso que, usualmente, tenía cierta flexibilidad en el plazo de cancelación (hasta 24 meses). ¿Qué pasó para que esa obligación sea exigible a un año? Según se explicó oficialmente desde el Ministerio de Economía, el Fondo Fiduciario llegará a su fin en diciembre de 2024. La incertidumbre sobre el futuro de este esquema crece en virtud de que no hay certezas de qué sector político en pugna tomará las riendas institucionales de la Argentina, en un período signado por la crisis y la necesidad de reducción del gasto público. El tema fue abordado la noche del viernes por el actual vicegobernador y el ministro de Economía, Eduardo Garvich, en una cumbre en el edificio de Muñecas al 900. En la oportunidad, el funcionario le comunicó al mandatario electo que se retirará de los cargos públicos de exposición, aunque se puso a disposición para seguir colaborando con el área de Economía.
Una de las alternativas analizadas en esa cumbre fue solicitarle a los diputados nacionales por la provincia que, antes de tratarse en el recinto el proyecto de Presupuesto Nacional 2024, peleen para poner una cláusula en la iniciativa que tienda a reprogramar los vencimientos bajo otra denominación u otro programa de financiamiento Nación-Provincias, mientras Manzur toca las puertas del quinto piso del Palacio de Hacienda para solicitarle al propio ministro y candidato presidencial, Sergio Massa, la extensión de los plazos.
Jaldo está obsesionado por establecer la herencia que recibirá del actual gobernador, Juan Manzur, en materia financiera. En los últimos meses se registraron ciertas restricciones respecto del manejo de fondos. A tal punto que la Provincia le pide recursos a la Nación y al Banco Macro, agente financiero de la Provincia, para arrancar el pago de sueldos, con créditos que se pagan en el mismo mes.
Cuestiones centrales
Uno de los temas que deberá resolver el futuro conductor del Poder Ejecutivo es la sucesión en Economía, un área vital para el funcionamiento armónico del Estado provincial. En la actualidad, el equipo económico del jaldismo está conformado por el ex presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, Vicente Nicastro, y por el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del NOA (Cesnoa), Daniel Abad. Todo parece indicar que éste último sería el nuevo conductor de Economía, apelando a su rol más político. El resto de la línea de conducción técnica del Ministerio seguirá prácticamente intacta con Fernando Solórzano como secretario de Hacienda, su actual función. También se mencionó a Pedro Sandilli, actual subsecretario general de la Gobernación, como funcionario del área financiera. Con el correr de los días, su nominación fue diluyéndose, aunque no su rol dentro de la nueva estructura del Ejecutivo. Hay quienes sostienen que puede quedarse en la Secretaría General. Hasta ahora, además, se insiste con la posibilidad de que Desarrollo Productivo se fusione con Economía y de Ministerio pase a ser una Secretaría.
La otra cuestión que debe resolverse antes del recambio institucional del 29 de este mes es el proyecto de Presupuesto 2024 de Tucumán. La primera idea es que ese cálculo de gastos totales de la provincia se incremente en torno de un 60% respecto de las erogaciones pautadas para este ejercicio que, con la ampliación sancionada por la Legislatura, puede llegar a $ 1,1 billón. De ser así, el presupuesto del año que viene no será inferior a $ 1,7 billón. Al gobernador electo le hace ruido la cifra porque, según consideran sus allegados, es elevada si se toma en cuenta el nivel de ingresos que requerirá para financiarlo. De allí que ordenó la reducción de áreas del Poder Ejecutivo, como primera medida, y -además- sugerirle a los otros poderes que restrinjan lo más que puedan sus gastos hasta tanto haya cierta estabilidad financiera en el país.
Según el inciso 7 del artículo 101 de la Constitución de Tucumán, el gobernador deberá presentar a la Legislatura el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Provincia hasta el 31 de octubre de cada año. En ese sentido, Jaldo quiere que sea Manzur el que lo eleve antes de dejar la gobernación, de tal manera de que se sancione este mismo mes. El gobernador actual, en tanto, no ha dicho nada al respecto y se tomará tiempo para definir si él lo envío o si deja que Jaldo arranque su gestión presentado el Presupuesto para 2024.
Tres ejes
Las premisas del nuevo mandatario
En el estado de situación actual, el futuro gobierno trazó tres ideas fuerzas para arrancar los cuatro años de administración. El primero de ellos es asegurar el pago de los sueldos, en tiempo y en forma, a los casi 110.000 empleados públicos. En principio, habría liquidez para cumplir ese compromiso. El segundo eje está relacionado con el sostenimiento del equilibrio fiscal. De allí la idea de restringir al máximo las erogaciones en el Estado. El tercer factor es el más complicado: incrementar el ritmo de la obra pública, para dinamizar la economía y el empleo. Aquí dependerá mucho del financiamiento del Gobierno nacional.